Por María José Pedraja
“La LUC (Ley de Urgente Consideración) no implica otro proyecto que el de concretar una visión neoliberal, mediante la cual organiza la apropiación de la riqueza generada en el país, privatiza y mercantiliza el acceso a los Derechos Humanos básicos, así como fortalece el carácter represivo y autoritario del Estado para repeler cualquier intento de rechazo a dichas iniciativas cercenado o limitando por ello, derechos individuales y colectivos”, afirmó el dirigente.
“Se le solicitó a la ciudadanía el voto a favor de un cheque en blanco”, dijo Olivera. “El verdadero programa se ocultó en la campaña electoral y se transformó en ley por la sola voluntad del Poder Ejecutivo, en medio de una emergencia sanitaria que limita, entro otras aspectos, la tan temida manifestación popular”, agregó.
Los voceros del gobierno sostuvieron que se han recogido los aportes de organizaciones sindicales, sin embargo Olivera afirmó que “las organizaciones sociales entre ellas los sindicatos, no tuvieron ninguna instancia para estudiar la LUC, ni opinar sobre la misma”.
“Como punto de partida, leímos la exposición de motivos que encabeza cualquier proyecto de ley. Para nuestra sorpresa nos encontramos con un resumen ejecutivo donde no existen fundamentos, solo una visión resumida de lo que se pretende hacer”, explicó Olivera.
Según Olivera no hay “ninguna referencia a contextos históricos en los cuales surgieron los procedimientos por las cuales fueron aprobadas las leyes de la educación existentes, así como tampoco se hace ninguna mención al contenido de estas. Todo el análisis se reduce a un número, como si fuera una suerte de verdad incuestionable”.
Para finalizar Olivera se basa en tres consideraciones: “La primera, es que ninguna de las normas precedentes fueron aprobadas por un mecanismo de urgente consideración. La segunda, y más allá del contenido, implicó la participación y la movilización de los diferentes actores de la Educación. Una fue a la salida de la dictadura y la otra luego del debate educativo convocado en el primero gobierno del Frente Amplio. Todo esto difiere mucho de las actuales circunstancias y mecanismos para el tratamiento de la LUC. La tercera y sustantiva, es el contenido que se promueve en el proyecto a estudio del Parlamento. Allí se plantea definir la gobernanza del sistema educativo, la cuestión política del poder aparece como la prioridad número uno. El funcionamiento de los Centros Educativos, basado en un consenso técnico internacional que no se identifica; así como el fortalecimiento de la profesión docente pero negando el carácter universitario de la misma. Parte el funcionamiento del sistema educativo sin autonomía; y por último plantean modernizar la institucionalidad y ajustarla a las mejores prácticas vigentes a nivel internacional, una vez más, sin referencia alguna”.
Como conclusión “el gobierno nacional promueve una nueva Ley de Educación, que debe ser considerada como urgente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 168 de la Constitución de la República”, agregó el dirigente de la FENAPES.
Foto. Fenapes
