El gobierno nacional ha adoptado varias medidas, no es que no haya hecho nada. Al cierre de esta edición, según la página de Presidencia de la República, se habían tomado 73 medidas desde el viernes 13 de marzo, en que se declaró la emergencia sanitaria. Anoche se anunció otra medida: el Fondo Coronavirus.
La mayoría bien orientadas, y en general, han sido respaldadas por el sistema político y por la población, otras decididamente no. Pero la orientación general tiene un doble problema, de forma y de contenido, y dentro de este, por algunas medidas que mantiene, por otras que faltan y por la dimensión, por la escala.
En cuanto a la forma, es claro que el gobierno ha elegido ser auto referencial, dialogar solo con si mismo, encerrado en esa lógica compleja de la coalición de derecha que ha conformado para poder ganar las elecciones.
Está más preocupado por mantener sus equilibrios internos, frágiles y complejos, contemplar sus respaldos políticos y sociales, que por escuchar a todo el país, a todas y todos los protagonistas de la realidad nacional.
No dialoga, comunica decisiones. Lo hizo de nuevo ayer: decidió un Fondo Coronavirus que se nutrirá de “las arcas públicas”, de aportes de las Empresas Públicas y de rebajas en salarios de ministros, legisladores, jerarcas del Estado y de sueldos de funcionarios públicos de más de 80 mil pesos nominales, excluyendo a las y los trabajadores de la salud, bueno sería. Y dijo que había llamado a COFE, porque le gusta “comunicarles”. Ese es el problema, más allá del contenido, que analizaremos luego.
Nadie cuestiona la legitimidad del gobierno, ni su potestad para gobernar, tampoco que le toca enfrentar una realidad difícil.
Ahora si lo va a hacer solo con quienes lo apoyan, con su base social y política, entones no se puede hablar sinceramente de unidad nacional y de salir “entre todas y todos”.
El Frente Amplio propuso, desde el Secretariado, desde su Bancada Parlamentaria, la más grande del país, un acuerdo nacional, de todos los partidos y las organizaciones sociales.
El PIT-CNT propuso también un gran acuerdo nacional y reclamó que se activen y utilicen todos los mecanismos de negociación colectiva para enfrentar el impacto de la crisis y sus costos, entre todas y todos, y atender a las y los más vulnerables. La negociación colectiva ha demostrado ser muy buena en tiempos de normalidad, para la distribución del ingreso y la riqueza, y también en tiempos como los actuales, lo demuestran el acuerdo con la FUS y la FFSP para un protocolo de actuación de las y los trabajadores de la salud y acordar mecanismos de cobertura; y también el acuerdo tripartito en la construcción que permitió una paralización ordenada de esa industria, amparando a 45 mil familias obreras.
Pero el gobierno prefiere seguir solo. Al PIT-CNT nunca le contestó, nada. Y claro, hubo propuestas y hubo caceroleo para respaldarlas. Y entonces el gobierno, los medios oficialistas del poder, es decir la gran mayoría, y ejércitos de trolls y net center en las redes salieron a atacar y demonizar la protesta. Hablaron de desestabilización y de grieta y, por supuesto, de falta de patriotismo, hasta convocaron a responder cantando el himno. Olvidaron que el 15 de enero de 2015 se llamó “espontáneamente” a un caceroleo contra el “tarifazo” del gobierno del Frente Amplio. Se cuestionaba un ajuste de la tarifa de UTE por debajo de la inflación y también una rebaja del combustible, sí, una rebaja, por considerarla insuficiente. El País y el Observador fueron casi convocantes. Además olvidaron que el 1º de marzo de 2017, también anónimamente, se convocó a un caceroleo contra el mensaje presidencial de Tabaré Vázquez que rindió cuentas públicamente de su gestión.
¿Por qué eso era democrático y esto es desestabilizador? Por favor.
Se puede gobernar solo, lo que no se puede es pretender que eso construya unidad nacional para enfrentar una crisis y escandalizarse si quienes no son escuchados protestan.
En cuanto al contenido de las medidas. La Intersocial, el PIT-CNT, ONAJPU, FUCVAM, la FEUU, Ovejas Negras, la Intersocial Feminista y Redes propusieron 11 medidas. El Frente Amplio hizo lo propio. También se conocieron múltiples propuestas desde ámbitos políticos y académicos, una de las de más impacto fue la que elaboraron cuatro investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR.
Son diferentes, claro está, pero todas coinciden en la necesidad de una atención integral a los efectos sanitarios, económicos y sociales de esta crisis. La crisis ya dejó de ser solo sanitaria, dimensión inocultable y central, ya es económica y social. El gobierno sigue insistiendo que no toma medidas más radicales para asegurar el aislamiento social -única manera comprobada hasta ahora para disminuir la curva de contagios, mitigar el impacto en la población y en el sistema de salud- porque dice que la paralización de la economía empeorará las cosas.
Pero ocurre que no logra ni una cosa, ni la otra. Los contagios siguen creciendo y la economía se está parando igual y ni siquiera se está ordenando cómo, tampoco se está protegiendo a los sectores más vulnerables que son los primeros que sufren. Ya están sufriendo.
La Intersocial dentro de sus 11 medidas propone una renta transitoria, que alcance al medio millón de uruguayas y uruguayos que o no tienen cobertura de seguro de paro o están desocupados. Sugiere que para ello se utilicen las herramientas de transferencias directas del MIDES y las Asignaciones Familiares, entre otros instrumentos. También que los beneficios a las empresas tengan como contrapartida que no se tomen medidas unilaterales y que no se despida. Proponen que se deje sin efecto el aumento de tarifas, del IVA y las restricciones presupuestarias.
La renta transitoria es una propuesta que ha sido adoptada en más de 30 países, con gobiernos del más diverso signo ideológico.
El Frente Amplio va por un camino similar, aunque agrega otros instrumentos.
Beneficios fiscales para las empresas que no envíen al seguro de paro, derechos mutuales para quienes pierdan el trabajo formal y aumento de la inversión pública son algunas de las propuestas. Coinciden en que el aumento de tarifas y del IVA deben quedar sin efecto. El FA propone un “plan de contención económica social” y pone como objetivo “no aumentar la pobreza y la desigualdad”.
Los investigadores del Instituto de Economía de la UDELAR plantean cosas similares y desaconsejan la suba de impuestos y de tarifas públicas.
El gobierno ha tomado, sin decirlo, algunas de estas propuestas pero está a años luz de la concepción general.
Y tenemos un problema más: la escala. En el documento del Instituto de Economía de la UDELAR se informa: “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el golpe de la pandemia sobre la economía mundial puede ser peor que el que se originó con la crisis financiera de 2008. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó fuertemente a la baja sus proyecciones de crecimiento para la región. Actualmente, prevé una contracción de 1,8% de la actividad económica en el escenario más optimista y un incremento del desempleo de diez puntos porcentuales. Además, la incidencia de la pobreza aumentaría de 185 a 225 millones de personas”. 40 millones de pobres más en el continente, eso es de lo que hablamos. Al cierre de esta edición las empresas habían enviado más de 60 mil solicitudes de seguros de desempleo en menos de diez días.
¿Y el gobierno cree que puede enfrentar esto con una rebaja de salarios públicos?
En ese mismo documento se señala que posiblemente “se requiera de un mayor endeudamiento y un incremento de los impuestos a la renta y a la riqueza de manera de lograr que la contribución sea más elevada para quienes disponen de más recursos”.
En síntesis: tenemos un gobierno sin una estrategia clara, ni sanitaria ni económica, prisionero de su dogma ideológico neoliberal, de su rechazo visceral a la negociación colectiva, a lo público y que se resiste a dialogar.
Toma medidas tarde, en general se quedan cortas, y por su convicción ideológica y composición social no quiere tocar al capital o a la riqueza. Ni una sola medida contempla que aporten los sectores agroexportadores, el capital financiero, los que tienen miles de millones de dólares en el exterior.
El impacto sanitario, económico y social de esta crisis ya es grande y lo será mucho más. La sociedad se organiza para responder, hay cientos, miles de iniciativas solidarias. Ya hay decenas de ollas populares y comedores barriales activándose.
Eso es muy importante, pero no alcanza. Se necesita un gran acuerdo nacional para enfrentar todas las dimensiones de la crisis. Pero para eso, el gobierno tiene que ver y oír.
