El verdadero objetivo del herrerismo y del loby empresarial vinculado a las trasnacionales de las telecomunicaciones cercano al gobierno es tener libre acceso a la red de fibra óptica de ANTEL, la mejor de la región y una de las mejores del mundo. Como siempre quieren aprovechar la inversión pública, pagada por todas y todos los uruguayos, en beneficio privado.
Desde el inicio del gobierno de coalición de derecha, liderado por el sector más conservador del Partido Nacional, el herrerismo, en cada uno de los proyectos de ley que configuraron su avanzada se pretendió meterle la mano a nuestra empresa pública de telecomunicaciones. Así fue a través de los artículos 266 y 267 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que obligaban a ANTEL a entregar sus infraestructuras a las empresas de telefonía móvil (y que terminaron siendo retirados ante la falta de las mayorías necesarias); la LUC igual mantuvo la portabilidad numérica; si será importante haber frenado el proyecto de Ley de Medios, que querían aprobar en 2020 a marchas forzadas, que obligaba también a ANTEL, a través de su artículo 48, a abrir la fibra a las empresas de televisión por abonados; ahora la herramienta para hacer lo mismo la habían puesto en la Rendición de Cuentas que en sus artículos 161 y 162 creaba el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), sin otra intención que birlarle al pueblo uruguayo las inversiones realizadas por la empresa de telecomunicaciones que es propiedad de todas y todos. Esos artículos, luego de la denuncia de SUTEL, del director de ANTEL por el Frente Amplio, Daniel Larrosa; del director de la URSEC por el Frente Amplio, Pablos Siris, y de las bancadas de Diputados y Senadores frenteamplistas, no fueron votados en la Comisión del Senado que analizó la Rendición de Cuentas, tuvieron cero votos. Hay que esperar que pasa en el Pleno de la Cámara Alta.
Como señalábamos en ediciones anteriores de EL POPULAR, la portabilidad numérica genera una fuerte inestabilidad en los ingresos de las empresas por la fluctuación de contratos de los usuarios (en el entorno del 10 al 15%), por lo que una de sus consecuencias es que disminuyen los montos de inversión en infraestructura porque las empresas deben invertir en campañas publicitarias y promociones.
El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, denunció esta situación en el programa Legítima Defensa emitido por Caras & Caretas TV el pasado 10 de setiembre: “El tema de la portabilidad se nos presenta como un derecho, pero en realidad es un modelo de negocios. Se pretenden crear tres mercados: el de los números de teléfono, que pasan a ser una mercancía; el de las infraestructuras, porque en las empresas, una vez que tenés portabilidad, se genera incertidumbre con respecto a cuál es la cartera de clientes y eso se resuelve separando la inversión en infraestructuras y generando empresas que se hacen cargo y alquilan servicios a los operadores; y el tercer mercado es el de la promoción. ¿A qué dedican las empresas de telecomunicaciones la plata que normalmente dedicarían a infraestructuras? A la creación de promociones para captar usuarios de competidores. Alcanza con mirar la tele para ver que hay empresas que si contratás un plan te regala un televisor. El destino fuerte de los recursos es la promoción para captar usuarios y las estructuras quedan de lado, porque lo hace una empresa torrera, que le llaman. En Uruguay, en la Rendición de Cuentas ya se deja ver que las infraestructuras contarían con financiamiento público, por lo que todos los uruguayos y uruguayas terminaríamos pagando la creación e impulso de estos nuevos mercados”.
En los países donde se ha implementado este modelo (España es el paradigma) surge un nuevo actor empresarial que instala infraestructuras y se las alquila a los operadores; estas son las empresas “torreras”, que son en realidad desarrolladoras de infraestructuras, empresas de construcción especializadas en telecomunicaciones. De esta manera, las empresas operadoras de telefonía no tienen que realizar inversiones y un nuevo actor “rentabiliza” o “monetiza” las obras necesarias. Como decía Siris, a pesar de que la portabilidad se nos presente como un derecho, al final del partido es solamente un mecanismo para que este y otros mercados subsidiarios se desarrollen a costa de los usuarios de telefonía y -muy especialmente- a costillas de ANTEL, nuestra empresa estatal y pública de telecomunicaciones.
Como informó EL POPULAR el pasado 30 de julio, ya hay empresas “torreras” internacionales haciendo contactos en nuestro país. Ven que en Uruguay el negocio contaría con fondos públicos. Ven que la portabilidad les abre el camino a que las futuras inversiones sean por cuenta de terceros. Decíamos que llama la atención la creación de un fondo de estas características cuando nuestro país está entre los primeros del mundo en cobertura y accesibilidad a redes de telecomunicaciones gracias a las importantes inversiones llevadas adelante por ANTEL y con el esfuerzo de todo nuestro pueblo para que nadie se quede atrás. Y aunque el discurso suena muy bien: “Queremos llegar a las zonas que aún no tienen la mejor cobertura”, todo hace suponer que en realidad el objetivo es privatizar el despliegue de las nuevas redes 5G, pero con el Estado (especialmente ANTEL) haciéndose cargo de la inversión.
Los dos artículos de la Rendición
Lo que denunciábamos desde estas páginas, se confirmó cuando al proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo se incorporaron dos artículos que creaban el Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT). A pesar de los eufemismos en su redacción, los artículos mencionados permiten ver claramente para dónde se apunta. Y más allá de que en Comisión del Senado no se votaron, y, reiteramos, hay que ver qué pasa en el Pleno, la intención es meter este tema y otros en la Ley de Medios que aún espera por su aprobación en la Comisión de Industria de Diputados.
A pesar de que el Director Nacional de Telecomunicaciones, el colorado Guzmán Acosta y Lara, realice una encendida defensa de este proyecto diciendo que solamente tiene por objetivo llevar acceso a internet y telefonía móvil al “interior profundo”, supuestamente olvidado por los gobiernos del Frente Amplio, lo cierto es que la norma no dice esto, sino que señala que tal Fondo será utilizado “en las zonas que se determinen”.
Sin embargo, parece que en el gobierno de coalición de derecha no logran ponerse de acuerdo, particularmente con el Partido Colorado, porque el presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez (él también colorado), ha comprometido una y mil veces que antes de que termine el 2021 todas las localidades desconectadas (unas 50 localidades de menos de 200 habitantes a marzo de 2020) estarán conectadas y que a fines de 2023 la empresa pública habrá conectado a la fibra óptica a 99,9% de los usuarios y la tecnología 4G (LTE) estará disponible en el 99,9% del territorio.
La fibra óptica y el 5G
¿Para qué entonces el FUT, si ANTEL va a hacer todo y va a llegar a todos lados? En el artículo 162 que venía en la Rendición de Cuentas se establece que el financiamiento del FUT incluye “b. Los recursos y partidas que le sean asignados por normas presupuestales u otras disposiciones legales o reglamentarias. c. Los legados y las donaciones que se efectúan a su favor. d. Todo otro recurso que le sea asignado o que se genere por autorización de otras normas legales o reglamentarias”.
No necesitamos mucha imaginación para suponer que estos “recursos y partidas”, los “legados y donaciones” y los “recurso(s) que le sea(n) asignado(s)” provendrán de ANTEL, a quien se le obligará a ceder sus infraestructuras al resto del “ecosistema” para “rentabilizar” su infraestructura y esta no son solamente fierros en el medio del campo, son también las radiobases y muy especialmente la fibra. Alguien podrá decir que se nos fue la mano con la especulación, pero veamos el caso paradigmático para este gobierno herrerista.
El diario La Razón, de España, publicó el domingo 10 de octubre una nota https://www.larazon.es/economia/20211010/i7p4m3rytbcslixpal42gvurvi.html en la que se da cuenta de que Telefónica estaría vendiendo una parte importante de su participación accionaria en el “negocio de fibra” con el que sirve a casi el 72% del territorio español.
“La creación del mercado mayorista de fibra ha supuesto un nuevo negocio para compañías como Movistar- Tuenti-O2, Orage-Jazztel o Vodafone-Lowi, ya que pueden “alquilar” su infraestructura a aquellos operadores virtuales que no cuentan con una red propia.“El despliegue de fibra requiere de inversiones muy altas, y los retornos son muy lentos, por lo que “arrendar” estas redes puede suponer un negocio para ambas partes”, explica Gianluca Cornetta, profesor del Área de Tecnología Electrónica de la Universidad CEU San Pablo. Además, añade Cornetta, la fibra está permitiendo la entrada de nuevos operadores, como Onivia. “El mercado de telefonía móvil está muy limitados por las frecuencias de 5G. Por eso, las compañías están apostando por la fibra, ya que es un área en la que no hay limitación”, reseña la nota de La Razón.
Y es que la fibra óptica es fundamental (entre otras cosas) para el despliegue de 5G, ya que es el mecanismo a través del cual se conecta la red de antenas que brindan ese servicio a los operadores de telefonía móvil. Es por lo tanto el corazón del despliegue de 5G y es por eso que es imprescindible que la fibra sirva las zonas donde se brindará la conectividad con esta tecnología.
Según La Razón, Telefónica “ha transitado de un operador de redes móviles e infraestructuras a un proveedor de servicios tecnológicos y digitales, abriendo también la puerta a nuevos desafíos y que, ahora, en la etapa postcovid, son más relevantes que nunca. Una época “ilusionante”, en la que, en palabras del propio José María Álvarez-Pallete (presidente de Telefónica desde 2016), lo que ha ocurrido con los smartphones va a ser solo un “aperitivo” de todo los que está por venir. Y es que, desde Telefónica, hace tiempo que previeron que las nuevas tecnologías van a crear una disrupción en todos los aspectos de la vida, en el que no habrá ámbito que no se vea impactado por las mismas”.
Según el director general del FTTH (Fiber To The Home) Council Europe, Vicent Garnier, “esta tendencia se verá intensificada por nuevos patrones de uso que están alentando los operadores a migrar a soluciones FTTH, capaces de ofrecer nuevos servicios al tiempo que contribuyen al reto de la sostenibilidad”. Y es que este organismo prevé que en 2026 el número de hogares de 39 países europeos conectados con fibra óptica alcance los 302 millones, continúa La Razón.
Ahora bien, Gurméndez anunció el pasado 28 de julio una inversión de 147 millones de dólares durante el año 2022 para ampliar y prácticamente completar “el tendido de fibra óptica en el país y eliminar las conexiones de cobre”. También anunció inversiones para desarrollar la tecnología de telecomunicaciones 5G, que “será un gran salto cualitativo”. Recordemos que más arriba señalábamos declaraciones también del presidente de ANTEL anunciando que la fibra llegaría antes de fines de 2023 al 99,9% del territorio.
Eso está muy por encima de las cifras que mencionábamos de España (72% de cobertura de la red de Telefónica), de la cobertura en zonas rurales (que no supera el 46% entre todas las empresas españolas), de la media de la Unión Europea (del entorno del 23% en zonas rurales) y del apenas 9,8% de la campiña alemana. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta que a mediados de 2020 la media de acceso a la fibra óptica (tanto en zonas urbanas como rurales) estaba en 29,2%; con Corea del Sur y Japón encabezando el ranking (83,9% y 80,8% respectivamente) y Alemania y Reino Unido como los de menor acceso a esa tecnología (4,7% y 3,9% por su orden).
En este contexto de transformación digital, el desarrollo de redes de fibra óptica, junto con la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, la conocida como 5G, será fundamental. Ambas se han convertido en el tándem tecnológico esencial sobre el que se sustentará la cuarta revolución industrial, convirtiéndose en elementos clave de la conectividad y en crecimiento económico en el futuro, reflexiona el diario ibérico.
Esta nueva generación de telefonía móvil habilita una conectividad ultrarrápida y muy baja latencia. Su principal beneficio radica en su capacidad, que permite ejecutar a través de la red móvil comunicaciones críticas donde la inmediatez es esencial. La 5G es, pues, la tecnología sobre la que se va sustentar la sociedad del futuro (sus aplicaciones en la vida diaria serán innumerables. Por ejemplo, es esencial para el despegue del coche autónomo o la Smart City), continúa Cristina Ruiz, autora de la nota.
Pero todo esto en Uruguay lo ha hecho, lo hace (a pesar de los intentos por sabotearla) y lo hará la empresa pública de telecomunicaciones uruguaya, ANTEL. El intento del gobierno herrerista y sus socios de la coalición de derecha, entonces, está muy claro: no se trata de llegar a las zonas desconectadas (que para eso ANTEL no necesita ayuda), sino convertir las infraestructuras en un negocio y entregárselas a empresas multinacionales asociadas a las operadoras (también multinacionales) de telefonía móvil, que -de a poco- van migrando a otras áreas de negocios, fundamentalmente asociadas a la especulación financiera y específicamente bursátil y cada vez menos vinculada con la provisión de servicios de conectividad y telefonía.
Nada más lejos de lo que las uruguayas y los uruguayos deberíamos aspirar para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país.
Fabricio Mato
