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Cosse empezó su intervención cuestionando que “este proyecto de ley aborda más de 30 políticas públicas; casi la mitad de los artículos modifican o suprimen 60 leyes sancionadas durante los últimos 15 años. Las leyes que este proyecto de ley pretende modificar o suprimir se aprobaron en un promedio de 257 días; concentra casi todos los puntos que prevé la totalidad de la temática legislativa, como empresas públicas, vivienda, agropecuaria, economía, salud pública, eficiencia del Estado, educación, seguridad y varios más, pero ninguno vinculado a la verdadera urgencia que estamos viviendo, provocada por la pandemia”.
“Además, esto se hace a través de una declaratoria de urgente consideración y nosotros pensamos que es formalmente inconstitucional. Esa es nuestra preocupación fundamental. La declaratoria de urgente consideración no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, que no puede crear una urgencia, sino tan solo declararla”, aseveró.
“En este sentido, hemos recibido el aporte de prestigiosos juristas, entre los que figura, por supuesto, el profesor José Korzeniak, que en un curso de Derecho Constitucional hace muchos años decía que, en cuanto a su contenido, consideramos que los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. Esto no es solo una consideración de sentido común, sino que, a nuestro juicio, se deriva del carácter declarativo de la urgencia. El Poder Ejecutivo no debe inventar o construir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Declarar la urgencia significa expresar una necesidad de urgencia, de prontitud, que sea objetiva, que preexista y no una expresión basada en la simple voluntad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, entendemos que el Poder Ejecutivo viola la Constitución al declarar la urgencia por razones que no se ajustan en ningún sentido a lo que plantea nuestra carta magna”, dijo .
Cosse agregó que “esto está sujeto a reglas y el carácter regulado de esto nos lleva al segundo punto de nuestra preocupación. Hay un principio general en el Derecho según el cual lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se haga recurriendo a la transgresión por métodos indirectos. Efectivamente, esta excepcionalidad tiene reglas en la Constitución, una de las cuales es que el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. Acá nos encontramos frente a una prohibición muy clara. Pero hemos encontrado una suerte de vuelta para que, de manera indirecta, se viole esta prohibición: se introdujeron muchos proyectos en uno solo. La llamamos ley ómnibus porque podrían ser varias leyes de urgencia, si fueran tales, promovidas con ese carácter”.
“Adicionalmente, tenemos una profunda preocupación por el ordenamiento republicano porque se lesiona el principio de separación de poderes. Al tratarse de una ley ómnibus, no se trata de un proyecto de ley, sino de un proyecto de gobierno que incluye numerosas leyes”, indicó.
“Tenemos profundos y fundados argumentos para sostener que esta iniciativa, en su conjunto, es inconstitucional y constituye una herida profunda al ordenamiento republicano y democrático de nuestro país, ordenamiento republicano de separación de poderes que fue establecido por primera vez en nuestro país en el período artiguista, en las Instrucciones del año XIII, dijo la senadora.
Posteriormente Cosse se centró en el contenido de la LUC, específicamente a “los artículos 268 y 269 que hacen referencia a la compartición de infraestructura desarrollada por ANTEL”.
Cosse explicó que “a través de una fuerte inversión pública, con fondos propios y sin endeudamiento, durante siete años ANTEL construyó la infraestructura más importante de telecomunicaciones en la historia del país; me refiero al proyecto de fibra óptica al hogar. Esto fue hecho en el marco de una política democratizadora de las telecomunicaciones. Con diversas acciones se logró que el 84 % de los hogares estén conectados a Internet, lo cual coloca a Uruguay en la primera posición a nivel latinoamericano y en el lugar número 30 a nivel mundial. Además, están conectados todos los centros educativos de todos los niveles: primario, medio y terciario. En particular, los universitarios cuentan con conexión a Internet en todos los centros con velocidades que van de hasta mil megabytes por segundo. Todo esto se hizo al mismo tiempo que las tarifas eran competitivas en Latinoamérica y en el mundo”.
“¿Cuál es la necesidad objetiva, ya no diría la urgencia, de abrir a la competencia esta infraestructura que tanto esfuerzo en capital y en tiempo implicó, y que tan bien ha rendido para los clientes y para todos los uruguayos? Esta infraestructura y despliegue fueron construidos en el marco normativo de nuestro país, que establece la exclusividad de ANTEL en los servicios de telecomunicaciones sobre medios físicos, elemento obvio y fundamental que dio seguridad a la inversión, y que en este proyecto de ley se está cambiando de la noche a la mañana”, dijo.
Cosse sostuvo que “esta inversión de ANTEL en fibra sirve de base para el despliegue de la tecnología 5G en el Uruguay, la que implica tener una red de antenas más densa y con mucha mayor potencia en velocidad. Por lo tanto, ANTEL con su esfuerzo y su trabajo ha construido una ventaja competitiva genuina”
“Al mismo tiempo que ANTEL desarrollaba la estructura nacional de fibra al hogar también desarrollaba el sistema de cables submarinos más importante en la historia de nuestro país con socios de primer nivel, garantizándole a Uruguay el acceso a los mejores recursos de banda ancha a nivel internacional, consolidando la soberanía y posicionando a ANTEL y a Uruguay en la ligas mayores del mundo de las telecomunicaciones. De esta forma, también se aumentó la capacidad de Uruguay a la hora de insertarse en la economía digital, que es la economía del presente y del futuro, y la base de la nueva economía mundial”.
“ANTEL es una empresa con USD 1.000:000.000 de ingresos, cuya utilidad neta oscila entre 13 % y 15 %. Aporta a sus accionistas, a través de Rentas Generales, USD 110:000.000 por año. Además, por distintos rubros, como el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto al Patrimonio, aporta USD 140:000.000 adicionales y por retención de IVA, USD 80:000.000 al año. Por ello, nunca podemos decir que ANTEL no amortiza sus inversiones”, sostuvo Cosse polemizando con la derecha.
Finalmente destacó el rol de ANTEL en la pandemia: “Las plataformas del Plan Ceibal se han disparado en su funcionamiento toda la Universidad de la República funciona en línea, los hogares también tienen servicio en línea, los trabajadores pueden hacer su tarea utilizando esta herramienta y puede aplicarse a la telemedicina”.
“Estoy segura de que este Senado podrá reflexionar para no tomar medidas que impliquen, en definitiva, vender nuestro rico patrimonio. A su vez, también estoy segura de que todos los uruguayos daremos la talla para que no se concrete esta injusticia sin precedentes”, finalizó.
Cosse: «Daremos la talla».
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
