El proceso de fragmentación y privatización de la Formación Docente

El Consejo de Formación en Educación (CFE) tiene 33 centros educativos a lo largo y ancho del país, en donde se imparten distintas carreras (profesorado, magisterio y educador social), siendo la institución de enseñanza terciaria con mayor inserción territorial. Su inclusión dentro de un ente autónomo como la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP), la convierte en una excepción en la región en donde la preparación de los docentes pertenece a la Universidad o está bajo control del Ministerio de Educación.

El discurso que los defensores de la Ley de Urgente Consideración (LUC) quieren imponer es que con esta Ley se consigue el carácter universitario para los docentes lo cual es una falacia que hay que desmontar. Por el contrario, el objetivo es la fragmentación y privatización de la formación docente, pero esto solo es visible cuando se aúnan las consecuencias de algunos de los artículos de la LUC.

El proyecto del gobierno es regresivo en lo social, neoliberal en lo económico y conservador en lo ideológico y político, y tiene a la educación como un elemento estratégico a ser transformado. Los cambios previstos para la enseñanza trascienden a la LUC, pero necesitan de esta Ley para afincarse.

La fragmentación y el proceso de privatización

En la LUC hay dos artículos (198 y 171 inciso b) a los que hay que prestar atención para ver las transformaciones específicas para la formación docente.

Justamente el 198 es el que la coalición de gobierno usa para afirmar que los docentes lograrán el carácter universitario. Frente a este slogan que se muestra como la panacea que los docentes queremos es necesario realizar dos precisiones: la primera es que el carácter universitario en la Formación en Educación no puede ser una mera acreditación sino que necesitaría una transformación institucional en la estructura de grados docentes, en el desarrollo de las dimensiones de docencia, investigación y extensión, en la conformación de los programa de estudios, formas de evaluación y seguimiento con la participación real de los distintos órdenes de la comunidad educativa; la segunda, es que, producto de un conjunto de convenios realizados el título de grado que expide el CFE permite el desarrollo de posgrados en la Universidad de la República (UDELAR) y en algunas facultades la habilitación de reválidas en las carreras de grado.

En ese sentido, esta supuesta acreditación universitaria pretende alejar a la Formación en Educación de uno de los aspectos reclamados tanto por docentes como estudiantes en relación con alcanzar una Universidad de la Educación, pública, gratuita, autónoma y cogobernada, principio que estuvo presente tanto en la plataforma de los Consejeros docentes al CODICEN de las listas de la CSEU, como en la lista ganadora de los estudiantes para el CFE.

El artículo 198 de la LUC habilita “un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no universitarias”. A partir de ello, diferentes instituciones se pueden presentar para ofertar carreras de formación docente quedando la definición de su aceptación o no en manos del Poder Ejecutivo. Esto traslada una competencia de la ANEP al ámbito del MEC, en tanto que el CFE no dejará de expedir títulos de docencia, pero tendrá otros competidores en el ámbito nacional. Si bien se señala que se respetará la autonomía de la ANEP establecida en el artículo 202 de la Constitución de la República, la injerencia del MEC es innegable (artículo 145).

¿Por qué esto es negativo? En primer lugar, el encargado de la evaluación es un Consejo Consultivo que, en función del decreto presidencial del 4 de diciembre de 2020, quedó conformado por tres miembros del MEC, uno por la ANEP (ni siquiera está estipulado que sea del CFE) uno por la UDELAR y uno por el Consejo de las universidades privadas. Tal como lo señala el nombre, se trata de un Consejo Consultivo, estando la decisión final en las manos del MEC. Esta constitución le da un control absoluto al Poder Ejecutivo sobre quiénes pueden ser las instituciones habilitadas para brindar carreras universitarias de formación docente en el ámbito público, así como qué carreras el MEC considera pertinente que deben adquirir el carácter universitario.

En segundo lugar, cada institución podrá presentar su propio plan de estudios, con lo que dependiendo de dónde se realice la carrera será el perfil de los docentes, fragmentándose el carácter nacional y único de la formación docente (un logro alcanzado en 2008). La fragmentación de la formación docente beneficiará aquellos proyectos que pretenden regionalizar la educación, provocando como resultado que la calidad de esta sea variable según la zona y los docentes con los que cuente.

En tercer lugar, el decreto presidencial en su artículo 5 establece que, para obtener el carácter universitario en las carreras, las instituciones deben incluir el listado de docentes. Esto deja entrever una forma de contratación del cuerpo docente que se aleja rotundamente de los mecanismos de elección de horas establecidos en el Estatuto Docente para las instituciones públicas. Podría tratarse de contrataciones directas, al estilo de las instituciones privadas, seleccionando al personal según el perfil y el proyecto del centro, y no de acuerdo a los méritos adquiridos. A esto se agrega que los profesores deben entregar un “compromiso de desempeño firmado” sin esclarecer de qué realmente se trata.

Estas transformaciones se refuerzan con el artículo 171, inciso b, referido a las becas estudiantiles. Actualmente en el CFE existen rubros destinados a favorecer que los estudiantes de los sectores menos favorecidos puedan acceder a la educación terciaria. Esto se da particularmente en los Centros Regionales de Formación Docente (CERP) que están ubicados en distintas zonas del país (Salto,  Rivera, Colonia, Florida, Maldonado y Atlántida) y en los cuales existen residencias estudiantiles en donde se brinda alojamiento, comida y transporte (a ello se suman estudiantes que sin estar alojados pueden recibir becas de transporte y/o comida).

La modificación que introduce la LUC es que crea “un Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación que premie la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación” . Esto hace que el destinatario de las becas pueda ser cualquier institución que brinde cursos de formación de carácter universitario. Es la vieja idea del sistema del Váucher, defendida por el Ministro Da Silveira, por la cual cada institución puede ofrecer una propuesta de profesorado y el o la estudiante “elige” en cuál realizar su carrera munido de un cupón “presupuestal”.

Hay un cambio de paradigma sobre el modelo de educación y de las formas de asignación de recursos. Se pasa de un sistema universalista a uno individualista lo que tiene dos consecuencias inmediatas: por un lado, se fomenta la mercantilización de la educación, en tanto las instituciones que oferten cursos buscarán asegurarse a los estudiantes becados; y por otro se produce una desviación del dinero público a instituciones privadas

Además, el sistema de becas propuesto prioriza los resultados de los estudiantes, olvidando el proceso de aprendizaje de estos. Se premia a aquellos que han alcanzado mejores calificaciones, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de gran parte del estudiantado que debe estudiar y trabajar al mismo tiempo, y en muchos casos están al frente de familias. El Poder Ejecutivo quiere hacernos olvidar que el sistema de becas históricamente ha tenido como objetivo apoyar a los más vulnerables para que la brecha entre unos y otros disminuya. No se trata de premiar la excelencia sino de que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzarla.

El 27 de marzo el triunfo del SI es fundamental para seguir trabajando por una Universidad de la Educación pública, gratuita, autónoma y cogobernada, que garantice una educación de calidad técnico profesional, de carácter único y nacional.

Cecilia Klein y Líber Romero, Secretaria general y Presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación

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