El retroceso y su freno

Al cumplirse el primer año del gobierno de la coalición de derecha se impone realizar un balance. El gobierno ha hecho el suyo, con una euforia y un mensaje exitista de “logros” que poco tiene que ver con la realidad. La realidad es que Uruguay hoy es menos libre y menos igual que en el 2019, por lo tanto es menos democrático. Cientos de miles de uruguayas y uruguayos viven peor hoy que en el 2019.

El retroceso

Al igual que en el resto del mundo, en Uruguay, el 2020 estuvo marcado por la pandemia del Covid 19, un “hecho social total”, como la definiera Ignacio Ramonet. Obviamente que parte del desmejoramiento de la situación económica y social de nuestro país es fruto del impacto de la pandemia y esto no es achacable al gobierno. Pero lo que si es responsabilidad del gobierno es la aplicación contra viento y marea de la restauración conservadora, que incluye un ajuste neoliberal y está provocando la concentración de la riqueza y el poder en Uruguay y su contracara la pobreza y la miseria. Y eso se está aplicando con independencia de la pandemia e, incluso, aprovechando la pandemia. Las acciones del gobierno han agravado la crisis.
Fue surrealista ver a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, flanqueada por el influyente Isaac Alfie, reivindicar con convicción basada en una adhesión fanática a la ideología neoliberal el éxito de reducir el déficit fiscal al mismo tiempo que reconocía, como si hablara de un número más de un paper de consultoría empresarial, que aumentó 3 puntos la pobreza. La misma reflexión cabe para el informe de Luis Lacalle Pou en el Parlamento, coacheado hasta en la cantidad de veces en que se tenía que tocar el pelo, que destacó los éxitos de su gestión mientras decía al pasar que se multiplicaron por tres las y los uruguayos que comen en el INDA.
La ministra, obligada por la notoria pifia de las previsiones del Presupuesto, reconoció que la economía cayó más de lo previsto, la inflación fue más alta, la pobreza creció más y también que no midieron adecuadamente la profundidad del impacto de la pandemia.
Estamos ante un gobierno que lejos de honrar “las promesas electorales” las incumplió todas. Dijeron que iban a bajar las tarifas, las subieron. Dijeron que iban a bajar los impuestos, eso fue cierto para los más ricos, pero falso para el conjunto de la población, la carga tributaria medida como porcentaje del PBI creció, en particular para los sectores populares. Dijeron que iban a recortar 900 millones de dólares del Presupuesto del Estado sin recortar salarios ni jubilaciones y sin tocar las políticas sociales, hicieron todo lo contrario.
A las críticas les responden con el grado de aprobación en las encuestas, analizando solo lo referido a la pandemia, porque el juicio sobre el gobierno en economía, trabajo y hasta en seguridad, dista mucho de ser bueno. Omiten interesadamente que ese grado de aprobación, relativo como explicamos, responde al ejercicio sin tapujos de todos los resortes del poder.
Las clases dominantes, Lacalle Pou, Arbeleche y Alfie son expresión de ellas, construyen hegemonía todos los días y han instalado, respaldados en la materialidad del capitalismo y en la generación de sentido común dominante desde el Estado y los aparatos ideológicos de dominación, la idea de que vamos bien y lo que está mal es culpa de la pandemia o de la “herencia maldita” de los gobiernos del Frente Amplio. La realidad no importa, los datos que de esta emergen tampoco, la ideología sustituye la realidad e, incluso, niega y destruye los datos.
Mediante una cuidada y eficiente estrategia de marketing político, potenciada por el poder real que la respalda, no solo blindan al gobierno y a su agenda, invisibilizan a quien tenga una postura crítica, mucho más una práctica crítica y lo acusan de promover la grieta.
Por eso el balance debe hacerse dando la polémica ideológica y política, pero asentado en la realidad, no en los discursos.
Uruguay contrajo su economía; hay 100 mil pobres más, aproximadamente la mitad de ellos son niñas y niños; hay alrededor de 80 mil personas en el seguro de paro; decenas de miles comen en el INDA y en las ollas populares; miles corren peligro de quedarse en la calle porque no pueden pagar el alquiler al haber perdido su trabajo; se perdieron 60 mil puestos de trabajo y cerraron 10 mil empresas.
Y esto es así por el impacto de la pandemia y porque en medio de ella el gobierno aprobó la Ley de Urgente Consideración; un presupuesto de recorte e impulsó una política salarial de rebaja, reduciendo de paso las jubilaciones y pensiones que ajustan por el Indice Medio de Salarios. El gobierno y la coalición de derecha exoneraron por decreto de pagar cientos de miles de dólares a los propietarios de los grandes medios de comunicación, además de impulsar una Ley de Medios que favorece la concentración, la extranjerización y privatiza la transmisión de datos de ANTEL. Modificaron el impuesto al Patrimonio para beneficiar a los grandes empresarios del agro; autorizaron a postergar el pago de aguinaldo y licencia por un año; promovieron el aumento del dólar; realizaron dos aumentos de tarifas públicas en un año por encima de la inflación; recortaron la inversión más de 300 millones de dólares en el Presupuesto, bajando las partidas para salud, educación y vivienda; aumentaron el IVA dos puntos al consumo con tarjeta de débito y ajustaron la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice Medio de Salarios y no por la inflación, provocando que quienes tienen empleo paguen más IRPF y, a la vez, que pierdan poder de compra las asignaciones familiares, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, las becas en las empresas públicas, etc. La coalición de derecha redujo las partidas para la UDELAR y para los principales espacios de investigación científica en medio de una pandemia. Restringieron el derecho de reunión y asociación garantizado en la Constitución por 90 días, con la excusa de combatir la pandemia, cuando en realidad los contagios en su mayoría se dan en la familia y en el trabajo, donde las patronales no cumplen con los protocolos sanitarios.
Todo esto unido a una política exterior sin plan estratégico, salvo la alineación con EEUU, que nos retiró de la UNASUR, nos reintegró al TIAR, votó por Luis Almagro en la OEA y por el candidato de EEUU en el BID. Una política exterior que llevó a que la única visita oficial del presidente fuera para ir a ver al neo fascista de Bolsonaro y decir que tenían “amplias coincidencias”. Aunque a la vez hable del valor estratégico de China y agradezca el apoyo de Cuba y Venezuela para elegir a Abreu como secretario general de ALADI.
Desatendieron por completo otra emergencia agravada, la de la violencia contra las mujeres. Defendieron la impunidad, atacando a los fiscales y a la justicia.
El resultado es un Uruguay con menos derechos y más concentración del poder, por lo tanto menos libre; con más concentración de la riqueza, menos salarios y jubilaciones y más pobreza, por lo tanto más desigual. Y como la democracia no es una entelequia sino un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad y un espacio de transformación social, el Uruguay es hoy menos democrático.

Un problema de clase

Las clases dominantes, con la victoria electoral, con un gobierno con gran peso del agronegocio y el capital financiero, de los sectores más neoliberales de los partidos tradicionales y un peso inédito de la ultraderecha, con componentes de rasgos fascistas, han concentrado todo el poder. Al que siempre tuvieron, los medios de producción, la tierra, el capital financiero y la mayoría de los medios de comunicación, le agregaron la administración del Estado.
Todo ese poder concentrado ha sido puesto al servicio de reformatear al Uruguay en un sentido conservador.
No es impericia, ni es maldad. No es que no supieran lo que iba a pasar. En abril del 2020 el Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la UDELAR advirtió que habría 100 mil pobres más en Uruguay. El gobierno llegó tarde y mal porque sus urgencias eran otras.
Es que está en el gobierno la facción más conservadora de las clases dominantes. Por eso tomábamos prestado el título de la obra clásica de la década del 60 del siglo pasado de Carlos Real de Azúa: “El Impulso y su freno. Tres décadas de batllismo”.
No porque el Uruguay sea el mismo, hay muchas diferencias. Venimos de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, expresión política de la unidad del pueblo, de los sectores de izquierda y progresistas. La principal diferencia con el batllismo, hay muchas más, es el peso de la expresión independiente de los sectores populares y de la izquierda, lo que le da a este proceso actual una profundidad, y sobre todo una perspectiva, completamente distinta.
Lo que sí es similar es el revanchismo social de los sectores conservadores de las clases dominantes. La nueva versión del Herrerismo, del ruralismo, y el neo riverismo, con expresiones en el Partido Colorado y también en Cabildo Abierto, sienten que están recuperando lo que es suyo por derecho. Se sienten portadores de la tradición patria que tiene que tener el mando de la nación.
Y como toda construcción ideológica dominante, que busca fortalecer y perpetuar privilegios, desde la materialidad y desde la construcción subjetiva, presenta como interés general el propio.
No les preocupa la desigualdad, la consideran una cosa natural, como lo explicó sin pelos en la lengua el presidente de la Asociación Rural en la Expoprado.
El mecanismo político construido para ejercer esa hegemonía y consolidarla, la coalición de derecha, les ha permitido ganar las elecciones y aprobar un conjunto de leyes de mucha importancia, pero está lejos de un funcionamiento armónico.
Uno de los cinco partidos que la integraban ya desapareció, el del malogrado Novick. El segundo candidato presidencial más votado de la derecha, y líder de la mayoría del segundo partido de los que respaldan al gobierno, Ernesto Talvi, renunció a los 100 días fagocitado por el afán de mando de Luis Lacalle Pou y las mañas de la política tradicional de Julio María Sanguinetti. El Partido Independiente, la otra pata hacia el centro, está al borde de la inexistencia, con peso nulo en la conducción general. El Herrerismo si avanza y se consolida, casi absorbe a todo el Partido Nacional, coloca sus cuadros en los puestos claves del poder y hegemoniza la conducción del gobierno hiperpersonalizado en Luis Lacalle Pou, que ni siquiera hace Consejos de Ministros, mucho menos reuniones colectivas de los socios de los otros partidos. El mecanismo de funcionamiento de la derecha es de rueda de carro y en el centro está Lacalle Pou.
La derecha está argentinizando, en el peor sentido, al Uruguay. Lacalle Pou es Macri calcado, quizás esto refleje el eterno complejo de inferioridad de la burguesía conservadora uruguaya con sus hermanos mayores, en Argentina y particularmente en EEUU.
Y está Cabildo Abierto, la nueva expresión del conservadurismo riverista y ruralista. Cada vez más desconformes con el papel secundario que les reserva el Herrerismo y haciendo pagar su apoyo, la muestra más clara fue el casi chantaje político a sus socios para que no se votara el desafuero a Manini Ríos.
Teniendo claro que hay intereses materiales, de clase, que los unen, además de la certeza de que solo juntos pueden hacer frente al peso político del Frente Amplio y el movimiento popular, este año también mostró las dificultades y fisuras que pueden tener un desarrollo futuro.

La respuesta popular

Este es un balance del primer año del gobierno de derecha y por eso se concentra en sus acciones, pero es necesario en unas líneas hablar de la lucha social y política que enfrentó esta restauración. La que hemos informado en cada edición de EL POPULAR de este año.
El movimiento popular ha dado respuesta a la restauración conservadora. Aún en medio de la pandemia las movilizaciones han sido enormes y constantes: el 1º de Mayo, el 20 de Mayo, las movilizaciones y la propia construcción de la Intersocial, el 27 de junio, el 14 de agosto, las luchas sindicales, la organización de cientos de ollas populares, las movilizaciones del movimiento cooperativo y feministas, son solo algunos ejemplos.
El Frente Amplio ha desarrollado acción opositora en el Parlamento, en los gobiernos departamentales y municipales. Fueron muy distintas las políticas de las Intendencias frenteamplistas a las del gobierno nacional ante la pandemia; el Plan ABC de la Intendencia de Montevideo, encabezada por Carolina Cosse, junto con las acciones de las comunas de Canelones y Salto, con Yamandú Orsi y Andrés Lima, son clara expresión de ello. También lo es, y en grado superlativo, el esfuerzo cotidiano de la militancia frenteamplista desde los Comité de Base, al lado de nuestro pueblo en todas sus luchas.
También se han planteado propuestas alternativas, lo hizo la Intersocial con sus 12 puntos, desde hace casi un año; el Frente Amplio, con su Plan Estratégico para la Pandemia y los 7 proyectos de ley y 5 minutas de comunicación, presentados en mayo.
Es mucho, pero no alcanza. Es necesario un nivel mayor de acumulación de fuerzas que fortalezca al bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios para disputarle la hegemonía a las clases dominantes y su poder concentrado. Más unidad, más perspectiva y más lucha, son necesarias.
Hay varias movilizaciones planteadas, hay mucha lucha y solidaridad organizada, dentro de ellas la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la LUC adquiere una relevancia central. La acumulación de fuerzas se mide también en las firmas conseguidas y en la organización que se construya para lograrlo.
Es muy importante rescatar esto porque el balance debe ser general, del estado de la lucha de clases en todas sus dimensiones, y tenemos que recordar lo que Rodney Arismendi señalaba en “La Revolución uruguaya en la hora del Frente Amplio”: “Siempre el objetivo de las clases dominantes, bajo un régimen capitalista, si no se lo mira con conciencia reformista y con espíritu pequeño burgués es: bajar los salarios, reestructurar la banca, los frigoríficos, intervenir al país y succionarle la sangre a la gente. (…) Lo que mide el proceso de un combate desde el ángulo de la revolución y del proceso de la lucha de clases es el grado de combatividad de masas de un pueblo, el avance o no de su organización y de su conciencia, porque la tarea liberadora, que no menosprecia la reivindicación inmediata, que no subestima el combate por el pan, por la jubilación, por el techo y por cada derecho, porque si lo subestimara, subestimaría el interés inmediato, el dolor y el sufrimiento del pueblo para alumbrar su conciencia, se mide en última instancia por el despertar de la conciencia de la gente, por el agrupamiento y la unidad y la capacidad de luchar por el poder”.