Luego del anuncio realizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro con respecto a la liberación de 300 líderes sociales que fueron “objeto de montajes y retaliaciones policiales y judiciales” a partir de las protestas populares de abril del 2021, la ultraderecha colombiana ha emprendido, a través de los más poderosos medios de comunicación del país una feroz campaña con el objetivo de estimular la salida del actual mandatario.
Como excusa, además del anuncio de la liberación, la ultraderecha uribista ha expresado su rechazo a Petro ya que este no sólo informó de dichas liberaciones, sino que, consideró que cerca de un centenar de estos líderes podrían tener un rol relevante en el curso actual de los procesos de paz.
A la cabeza de esta avalancha ultraderechista se encuentran la Revista Semana y el diario El Tiempo.
Ambos medios intentan generar en “la opinión pública nacional una guerra jurídica y política (lawfare) contra el presidente.
La acción señala el portal de noticias KaosenlaRed “con diversas manifestaciones de reconocidos dirigentes de la ultraderecha uribista que piden la salida del presidente Petro de su cargo como jefe del estado en funciones”.
La ofensiva del uribismo es observable, tanto en sus manifestaciones públicas, como en su accionar en las redes sociales y en la actividad parlamentaria, agrega el portal de noticias.
En ese sentido se denuncia que “los núcleos más regresivos del uribismo y el propio jefe del Centro Democrático han sacado las uñas para direccionar un proceso que destituya y judicialice, con narrativas seudojuridicas, al doctor Petro”.
El medio de prensa recuerda que apenas accedió a la presidencia Petro solicitó a la Fiscalía que levantara las ordenes de captura contra los jóvenes y los dejara en libertad, en esa misma dirección, hace pocos días el mandatario afirmó durante una reunión con juntas comunales, “que antes de la navidad los presos de la insurrección social regresarían a sus hogares en calidad de gestores de paz”, de acuerdo a lo que se establece en la ley de orden público (2272), que fuera aprobada recientemente por el Congreso colombiano.
De forma inmediata, se informa en el medio de prensa, “se desato la vocinglería reaccionaria”. Las reacciones del uribismo han sido señaladas como una ruta hacia un nuevo “lawfare” o “guerra jurídica” con el propósito manifiesto de intentar “destruir a Gustavo Petro y desatar una deriva regresiva” que asegure el retorno al poder del gobierno a un representante “de la violenta ultraderecha colombiana”.
