Por Fabricio Mato
Lacalle Pou y García presionan a la Justicia, Cabildo Abierto pide una amnistía para los terroristas de Estado y la Policía de Montevideo restituye una placa en homenaje a un torturador en Inteligencia.
En una semana se concentraron movimientos desde las más altas autoridades del gobierno, hasta los mandos policiales, pasando por los socios de Cabildo Abierto, que colocaron en la agenda una ofensiva política pro impunidad.
Un procesamiento y las preocupaciones del Ejecutivo
El miércoles pasado, luego de 8 años de proceso judicial, ya que la denuncia se presentó en el 2012, hubo sentencia en la causa 97-78/2012. Se procesó al militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte de Nelson Berreta Hernández ocurrida el 15 de julio de 1972. El pedido de procesamiento había sido hecho por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, Carlos Perciballe, había solicitado el procesamiento del miliar retirado. La titular del Juzgado Penal de 27° turno, Silvia Urioste, lo procesó.
El ex soldado Leonardo Vidal en julio de 1972 mató al militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) Nelson Berreta Hernández. Hernández estaba prisionero y estaba siendo torturado. Al sacarlo a un reconocimiento intentó escapara para no volver a la tortura, estaba esposado. Corrió 30 metros esposado y el teniente Sergio Velezco, a cargo del operativo, ordena abrir fuego. Vidal disparó su sub ametralladora en dos oportunidades, alcanzó a Berreta por la espalda. Berreta murió en el Hospital Militar a causa de una herida en el tórax.
Al conocerse la noticia, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo en la Torre Ejecutiva, que él y el presidente querían transmitir su «preocupación» por este procesamiento. «Una persona de 70 años, enferma, que tiene problemas serios de salud, que vive en un lugar carenciado y que, cincuenta años después del episodio que motivó el procesamiento, vive esta circunstancia», aseguró García.
«Hace 48 años atrás, esta persona, soldado raso, recibiendo una orden en un operativo en la calle, utiliza su arma, dispara y muere una persona que estaba detenida. Recibiendo una orden», agregó García.
Finalmente, García afirmó que desde el gobierno «nunca se hablaron estos temas», pero que en este caso especial tiene la voluntad de decir que, si bien respetan el Poder Judicial, «están preocupados».
El ministro dijo también que si bien respeta el fallo, le preocupa «el mensaje que queda planteado hoy» para todos los militares a la hora de cumplir con su deber. «Imagínense a lo que están expuestos hoy los soldados, en este momento, por orden del Estado que están llevando adelante operaciones que son complejas y que son riesgosas, en la frontera enfrentando el narcotráfico, enfrentando el gran contrabando, (o) lo que hacen en los perímetros carcelarios, lo que hacen en las misiones de paz, los solados de las tres fuerzas que llevan adelante por ejemplo con la ley de derribos», enumeró García.
«¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, en el día de mañana termina yendo a un juzgado y termina preso?», prosiguió el secretario de Estado. «Yo creo que es un mensaje que nos preocupa muchísimo».
Dos días después y ante la lluvia de críticas, García expresó en su cuenta de Twitter: «Ratifico, con respeto y también con la firmeza democrática y republicana que corresponde, todo lo dicho en la nota. Lo reafirmo 100% en su fondo, tono y por lo que representa el lugar donde fue dicho».
Cabildo va por una amnistía
Las expresiones de García fueron respaldas por Cabildo Abierto.
«No nos quedaremos callados», dijo el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, haciendo uso de la media hora previa en la Cámara Alta.
«Deberemos modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de violaciones a los derechos humanos», afirmó.
Lozano describió lo sucedido en junio de 1972 y afirmó que el «terrorista, guerrillero o luchador social, como quiera llamársele», quiso huir y el oficial disparó al aire primero como advertencia. El soldado «cumpliendo la orden del oficial, disparó una ráfaga alcanzando al detenido».
«El juez de la época dispuso la clausura de las investigaciones. Pasaron 48 años, se reabre el caso y la jueza a pedido del fiscal Perciballe procesa con prisión al otrora joven soldado, sin tener en cuenta el plazo máximo de prescripción de 20 años previstos para los delitos más graves», prosiguió.
Lozano, al igual que García, expresó su “preocupación” por el accionar presente y futuro de las Fuerzas Armadas y la Policía. Lozano se preguntó «si en este momento un recluso está fugándose de un establecimiento penitenciario, y el soldado cumple con su deber, ¿lo irán a mandar preso en 50 años? ¿Debe hacerse el distraído y dejar escapar al recluso, evitando problemas con la Justicia? Seguramente será sancionado debido a la rígida disciplina del Ejército. ¿Lo vamos a obligar a que tome esa inmoral, indigna y deshonesta determinación?».
«La tripulación de una aeronave que derribe previa orden del presidente a un avión narco, ¿en unos años será enviada a prisión? ¿El soldado que cumple funciones en la frontera, que en un enfrentamiento llegara a matar un narcotraficante, podrá en el futuro ser considerado delito de lesa humanidad?», continuó.
El también senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, fue una paso más lejos y en una entrevista en el programa 970 Noticias reclamó una “amnistía” para los militares acusados de violaciones a los DDHH. «Rechazo la tortura, rechazo el homicidio, pero estas cosas sucedieron hace 40 o 50 años. Yo pienso que tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares, y dar vuelta la hoja. En algún momento hay que dar vuelta la hoja», dijo.
Las respuestas
El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien solicitó el procesamiento de Vidal en 2018, respondió en La Diaria a las palabras del ministro. Afirmó que si la «Fiscalía pidió el procesamiento es porque había elementos de sobra” y que “es al revés de lo que se plantea. Lo lamentable es que se lo procese 48 años después”.
El Frente Amplio rechazó las afirmaciones de García y pidió una retractación, en una declaración, casi inmediata de su Mesa Política.
En su declaración el FA sostuvo que resulta de “extrema gravedad el contenido de las mismas, no sólo por su investidura ministerial, por la que actúa en representación del Presidente, sino por la propia invocación al mismo en ocasión de emitir su desafortunada “preocupación”. Sus apreciaciones son violatorias de la Constitución, de la ley y atentan contra la separación de poderes que rige nuestra forma republicana de gobierno. Constituyen, asimismo un ataque a la independencia del Poder Judicial”.
“La responsabilidad penal de un crimen que puede ser calificado de lesa humanidad no prescribe, ni depende de la condición militar o no, de sus autores, así como tampoco aplica el principio de la obediencia debida. El respeto a la Justicia y la defensa de la República implican el compromiso de todas y todos los habitantes y, en primer orden, del ejemplo de los gobernantes”, afirmó el Frente Amplio.
El FA “entiende que debe existir una inmediata retractación del Gobierno por los injustificables dichos del Ministro de Defensa. El Frente Amplio recurrirá a todos los mecanismos constitucionales en procura de lograr la rectificación de una política que utiliza viejos argumentos para defender la impunidad.
Posteriormente, y ante el mantenimiento de las expresiones, la Bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió hacer un “llamado urgente al Ministro Javier García a la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes”.
Este jueves García mantuvo una reunión en el Frente Amplio con su presidente Javier Miranda y legisladores, las diferencias se mantuvieron.
El Observatorio Luz Ibarburu, a través de una declaración, también cuestionó los dichos del ministro García.
“El 15 de agosto de 2018, el Observatorio Luz Ibarburu denunció la existencia en los juzgados penales, de medio centenar de pedidos de procesamientos con prisión por parte de la fiscalía, en causas de terrorismo de Estado, sin resolver. Se señalaba la cantidad de 55 pedidos de procesamiento por responsabilidades en homicidio, tortura y violencia sexual ocurridos entre 1972 y 1983. Entre ellos se encontraba la causa 97-78/2012 en la que se proceso recientemente al militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte de Nelson Berreta Hernández ocurrida el 15 de julio de 1972”, recordaron.
Agregan que la resolución judicial “en vez de ser recibida con el respaldo respetuoso y republicano que merece una decisión de un poder del Estado – al igual que el anterior procesamiento del militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales-, es cuestionada esta vez por el Ministro de Defensa invocando al propio Presidente de la Republica”.
La declaración recuerda que “la omisión del Estado uruguayo ha permitido que muchos de los responsables fallecieran antes de que la justicia se expidiera, como el caso del teniente Sergio Velasco Villanueva que ordeno la ejecución de Berreta”.
“La obediencia debida que argumenta la defensa del procesado y a la que se adhiere el Ministro de Defensa, desde los juicios de Nuremberg no se consideran como eximentes de responsabilidad. Esto fue aceptado por la Naciones Unidas en 1950 al establecer que: el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad”, indica.
“En cuanto a que la no aplicación de la obediencia debida puede afectar el comportamiento actual de los militares en la vigilancia de fronteras y en las misiones de paz, creemos que sería saludable que así fuera, pues los militares tendrán que ajustar sus conductas teniendo en cuenta que los mandatos delictivos no son obligatorios. Esa es una buena señal democrática”, finaliza.
La senadora Carolina Cosse, de Unidad para los Cambios y el Frente Amplio dijo a Montevideo Portal que las declaraciones del ministro le parecen «muy graves».
«Me parece muy grave que desde el Poder Ejecutivo tanto el presidente como el ministro de Defensa cuestionen de esa manera al Poder Judicial, y además con argumentos que creo no se ajustan a los principios más básicos de la ética», afirmó.
«El ministro dice ‘fíjese cómo se siente un soldado ahora si le dan una orden y lo van a condenar 50 años después’. Bueno, porque hay criterios humanos para seguir una orden. Si le ordenan disparar por la espalda a alguien que está esposado, no la tiene que cumplir la orden. Y eso va mucho más allá de cualquier circunstancia histórica», dijo la senadora.
Reafirmó que «es grave por el cuestionamiento institucional y por el mensaje peligrosamente sesgado en términos de ética del ministro a la población».
Homenaje a un torturador
El 16 de junio, el día que se recuerda el retorno al país de Wilson Ferreira Aldunate, se conoció que se restituyó en la Dirección Nacional de Inteligencia del ministerio del Interior la placa de reconocimiento al Inspector General Victor Castiglioni.
El inspector Castiglioni fue director de Inteligencia de la Policía durante los peores años de la represión y la dictadura, y está acusado de torturar a cientos de presos y presas.
La placa en su homenaje había sido retirada en 2016, luego de un pedido de un colectivo de ex presas y presos, más de 50, que fueron torturados en esa dependencia cuando Castiglioni estaba al mando. En esa misma fecha se colocó una Placa de la Memoria, señalando el lugar, ubicado en Maldonado y Paraguay, como un lugar donde se violaron los DDHH.
El actual director Nacional de Policía el comisario Mayor Diego Fernández, defendió públicamente la reinstalación de la placa considerando que Castiglioni es “un referente de la institución”.
Al cierre de nuestra edición, fuentes políticas y policiales, aseguraban que existía una fuerte tensión entre el ministro Jorge Larrañaga y el Director Nacional de Policía, por la colocación de la placa. Al parecer el ministro no fue consultado para hacerlo, si esto se confirma, sería de gran gravedad institucional.
Como se señala en la nota de nuestra página 7, un colectivo de ex presos y presas, escribió una carta al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, reclamando explicaciones por la reinstalación de la placa y que se la retire.
“¿Por qué vuelve esta placa a homenajear a ese individuo? ¿qué valores se transmiten a la sociedad, y a la Policía Nacional, cuando se restituye esa placa?”, al tiempo que le solicitaban que, “como Ministro del Interior y responsable del área, pero sobre todo como demócrata, que revea esta decisión que afrenta a la República, a la Institución Policial y a la Democracia. Decisión que lastima, especialmente, a todos los que fueron víctimas del terrorismo de estado”, señalan.
Hasta el senador nacionalista, Jorge Gandini, que fue detenido en 1981 en Inteligencia Policial e interrogado por Castiglioni, cuestionó la colocación de la placa.
En un comunicado público el PIT-CNT hizo lo propio.
“Esta es la segunda oportunidad en la que, luego de retirada por decisión de las autoridades, la placa de homenaje a Castiglioni es reinstalada. La colocación de la placa es nuevamente una forma de agravio a las víctimas del terrorismo de Estado, especialmente de aquellas que bajo las órdenes de Castiglioni, fueron secuestradas, torturadas, violadas y humilladas”, indica la central obrera.
“Los actos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en relación a la violación de los derechos humanos durante la última dictadura han sido insuficientes y los obstáculos al libre accionar del Poder Judicial han sido formas sistemáticas de perpetuar la impunidad”, señala.
El PIT-CNT opina que “la reinstalación de la placa, al igual que las declaraciones realizadas por el Ministro de Defensa en relación al fallo dictado por el Poder Judicial contra el militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por la muerte de Nelson Berreta Hernández ocurrida el 15 de julio de 1972, son hechos que abonan en la cultura de la impunidad, y son una afrenta a la República, los valores democráticos de la sociedad uruguaya y nuestra memoria histórica”.
La declaración finalize indicando: “A diez días de un nuevo aniversario de la heroica Huelga General con la que el pueblo uruguayo respondió al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, el PIT-CNT reafirma su compromiso inquebrantable con la democracia y exhorta a las autoridades a rever esta decision”.
(Los textos completos de las declaraciones del Frente Amplio, el Observatorio Luz Ibarburu, el PIT-CNT y el colectivo de ex presos y presas en la DNII, citadas en esta nota, se pueden leer en www.elpopular.uy)
