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Entrega escandalosa del puerto

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El Senado fue escenario de una interpelación por el acuerdo entre el gobierno y la multinacional belga Katoen Natie, que configura, en los hechos, un monopolio privado, desregulado de la principal operativa del Puerto de Montevideo, por 60 años.

Ni el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, ni su sector político, el Herrerismo, principales impulsores y defensores de este acuerdo, pudieron contestar seriamente ni una sola de las 24 preguntas formuladas por el senador interpelante en nombre del Frente Amplio, Charles Carrera.
Como no pudieron responder, se dedicaron a provocar y a gritar, ese triste papel lo acostumbran a desempeñar la senadora Graciela Bianchi y el senador Sebastián Da Silva, no faltaron a la cita, pero esta vez se sumaron nada menos que el ministro interpelado y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Especial virulencia y ruido generaron cuando intervino el senador de la 1001, Oscar Andrade, que debió soportar gritos, provocaciones e insultos, ante la manifiesta complicidad de quien estaba encargada de conducir la sesión.
El acuerdo salió muy golpeado de la interpelación. El FA va a promover la censura del ministro Heber y considera que en el acuerdo hay “inconstitucionalidades e ilegalidades”, lo que, como se ha dicho, hace que no se descarte el pase a la justicia.
Estamos, como hace meses lo alertaron el FA y el movimiento sindical y lo informó EL POPULAR, ante un hecho de una enorme gravedad.
En una elección, en la que nadie votó, se entregó el gobierno del puerto y parte fundamental de nuestro Comercio Exterior por 60 años a una trasnacional. Medio siglo de nuestra soberanía.
Se ha dicho, con razón, que este acuerdo, es más escandaloso que el famoso caso del Banco Pan de Azúcar, por su extensión en el tiempo, por su impacto en toda la economía nacional y porque pone a nuestro Uruguay de rodillas ante el chantaje de una multinacional.
Este acuerdo, nefasto para el país, lo impulsó el Herrerismo, en solitario, no se informó ni a los partidos políticos, ni del oficialismo ni de la oposición, y mucho menos a la sociedad.
Sabemos que en la mesa de negociación hubo quienes defendieron los intereses de Katoen Natie, lo que ocurrió es que nadie en esa mesa defendió los intereses de Uruguay.

Dodecálogo del Escándalo

Las implicancias de este acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie son múltiples, y, como dijimos, impactan a toda la economía nacional. Lo que sigue es un intento de sintetizar en 12 puntos, podrían y deberían ser muchos más, los principales argumentos por los que hay que rechazar este acuerdo de consecuencias nefastas para la soberanía y el desarrollo económico y productivo del país.
1.No había una demanda, lo único que hubo fue una amenaza de juicio, que tenía enormes debilidades jurídicas y por una empresa a la que se le podía haber rescindido el contrato actual por incumplimientos varios. La realidad es que no hubo acuerdo, se cedió al chantaje de una multinacional y se puso al Uruguay de rodillas. Esto, de por sí grave, se hizo cuando en realidad la que estaba en posición de debilidad era la empresa que amenazaba al Uruguay.

  1. La negociación, si se le puede llamar así, fue opaca y sin fundamentos. Se dijo que había dictámenes jurídicos y que se iban a entregar, después se dijo que esos dictámenes no se iban a entregar para proteger la posición del Estado, luego, por medio de un pedido de acceso a la información pública se supo que en el expediente no hay ningún dictamen jurídico, no fueron consultados los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos y tampoco del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El ministro Heber, para fundamentar su postura, se basa, en parte, en las opiniones de estudios contratados por la empresa trasnacional que quería demandar al Uruguay. Lo hace ante una comisión parlamentaria y también en los medios. Esto es un hecho insólito. La única argumentación jurídica que maneja el ministro Heber es la de los expertos contratados por la empresa que nos iba a demandar.
  2. Lo que sí había era una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que, en una demanda por motivos similares de hacer varios años, 2008, rechazó los argumentos de la empresa. Si, Katoen Natie se caracterizó por reclamar permanentemente, además de incumplir durante al menos tres años con el pago acordado por canon, limitándose a pagar el mínimo. Hace unos años reclamó con argumentos muy similares a los que usó para amenazar a Uruguay con un juicio ahora y el TCA rechazó sus argumentos.
  3. El acuerdo tiene visos de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Para otorgar un monopolio se necesita una ley con mayorías especiales en el Parlamento, y este acuerdo se aprobó por dos Decretos. Además, según fundadas opiniones, y según el Frente Amplio, viola 3 artículos de la Constitución de la República, 51, 85 y 188; tres leyes la 16.246, la 17.243 y la 18.159 y 4 decretos reglamentarios: 412/992, 413/008, 183/94 y el 137/2001.
  4. Para un acuerdo que implica 12 períodos de gobierno no se hizo ninguna consulta, ni social, ni política, ni de expertos, lo negoció solamente el Herrerismo y prácticamente en secreto. No hay consenso social, ni política de Estado en un tema tan clave y serio como el Comercio Exterior, el Puerto y el desarrollo productivo.
  5. El acuerdo tiene una consecuencia nefasta, se podrá objetar el monopolio público, pero lo que nadie puede discutir es que es mucho peor el monopolio privado, sin competencia, por adjudicación directa, sin licitación. Y peor aún, si cabe, es un monopolio privado, extranjero y desregulado. Este acuerdo determina un monopolio privado por 60 años en la operativa principal del Puerto, con consecuencias económicas desastrosas e impacto sobre la soberanía y el desarrollo productivo. Es falso que se habilita la competencia, se deja en manos de Katoen Natie cumplir o no las condiciones, por ejemplo, la utilización por dos años del 85% de la terminal de contenedores para habilitar a otro operador. Katoen Natie maneja tanto las tarifas como los volúmenes de utilización de la terminal y puede impedir que se abra competencia el tiempo que quiera. La empresa belga, por el acuerdo firmado, tiene el control para abrir la competencia o no.
  6. Por 60 años una empresa privada, extranjera, podrá cobrar las tarifas que quiera, solo se regulan 7 tarifas de 33, el resto no y, además, se habilita a la empresa belga a fijar nuevos ítems de tarifas, los que quiera. Ahora se habla de la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que fijará las tarifas, eso no está previsto en el acuerdo, que le da esa potestad a la empresa belga, que ya si la consiguió, difícilmente acepte renunciar a ello ahora.
  7. El acuerdo, además de las condiciones leoninas, se hizo con la peor empresa posible, la más cara, en algunos casos un 85% más cara que la competencia actual; con historial de incumplimientos del presente contrato, por los cuales se lo podría haber rescindido; con historial de litigios contra el Estado y contra los otros operadores portuarios y con el peor historial de violación de la legislación laboral, llegando a plantear incluso prohibir las huelgas.
  8. Este acuerdo si abre la posibilidad de demandas futuras contra Uruguay, por partida doble, en primer lugar de la empresa que compite hoy con la belga, Montecon, que puede demandar al Estado uruguayo, por cambio de las reglas de juego y perjuicios y la propia empresa belga que puede hacer una demanda futura ya que, en otro hecho insólito de este acuerdo, el Estado uruguayo dice, a texto expreso, que la empresa demandante tiene razón en todo lo que reclama, hecho absolutamente impensable en un acuerdo extrajudicial, que precisamente se hace para evitar una sentencia o una conclusión así.
  9. El acuerdo tiene elementos realmente indignantes: la empresa belga podrá contratar una consultora que señalará las obras necesarias para asegurar sus ganancias y el Estado se compromete a hacerlas, por 60 años; el Estado se autoimpone no usar el muelle público en el que se invirtieron 200 millones de dólares; el Estado cede gratis a la empresa belga un muelle de la armada; el Estado le concede gratis los terrenos de Puntas de Sayago, donde la empresa belga instalará parques eólicos y, además se compromete a comprarle la energía sobrante que produzcan, pagando UTE por ella como consumidor final; podemos perder, incluso, parte del poco canon que la empresa deberá pagar, por ejemplo, si no dragamos a 14 metros, eso depende de un acuerdo con Argentina, si no se da, se descuenta el 40% del canon.
  10. Los perjuicios económicos son multimillonarios, por ingresos no percibidos, por pérdidas en negocios conexos como el de los parques eólicos y la energía, por no utilización del muelle público, por reducción del canon etc. Algunos estudios con diferentes escenarios marcan un perjuicio potencial de 2 mil millones de dólares, que podrían ser muchos más.
  11. El Puerto de Montevideo, además de ser la principal vía de acceso de mercaderías de nuestro país y también de salida, tiene una importancia histórica en la creación del Uruguay y en su desarrollo, y también que, con este acuerdo, se deja en manos de una trasnacional decir, con mecanismos de precios y trámites, que productos de exportación y de importación serán competitivos o no, es decir influir directamente, con gran poder, sobre los posibles desarrollos productivos de nuestro país.

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