Por Gerardo Núñez *
El senador por el Frente Amplio Aníbal Pereyra, y ex intendente del departamento de Rocha, denunció el 25 de junio ante la Fiscalía General de la Nación actividades de espionaje en Rocha que implicaron operativos de inteligencia policial, en los que se pudo comprobar la investigación, seguimiento y fotografía sobre militantes populares que recolectaban firmas contra los 135 de la ley de urgente consideración. Para dichos operativos se utilizaron al menos 3 vehículos de la policía.
Luego de la denuncia, se pudo confirmar que en estas actividades irregulares participó personal policial del departamento de investigaciones de Rocha. Estos policías acudieron a diferentes actividades vestidos de civil para evitar ser identificados, y realizar de esta forma las pesquisas.
Pero esto no fue todo. Lo que pareció ser un hecho aislado, minimizado por las autoridades del Ministerio del Interior, se transformó luego en algo más grave. Estos operativos no solo ocurrieron en el departamento de Rocha.
De acuerdo a lo expresado en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado de la República por el ministro del Interior Luis Alberto Heber, se había ordenado realizar actividades similares en Canelones y Colonia, previo al episodio de Rocha. La resolución fue tomada por la Policía Nacional y trasladada a las distintas jefaturas.
Supuestamente el objetivo de estas instrucciones policiales eran las de evitar aglomeraciones y proteger la salud de las personas. Un argumento bastante pobre y por momentos ridículo, difícil de creer. Si fuera así no se entiende por qué se tomaron fotografías de las personas que participaron de la recolección de firmas, ni por qué participaron policías de investigaciones vestidos de civil, ni mucho menos por qué se realizaron seguimientos a militantes populares. Nada de esto era necesario para evitar concentraciones masivas, que dicho sea de paso nunca se dieron.
El verdadero objetivo de estas pesquisas seguramente tenga que ver mucho más con otros propósitos. Además de recopilar la información que les permitiera identificar a las personas que promovían la recolección de firmas, y así conocer de mejor manera el tejido popular y sus componentes, la focalización de actividades de inteligencia sobre organizaciones sociales o partidos políticos tiene un propósito político y social: la generación del miedo y la paralización de la militancia, la idea de vigilancia permanente.
Lamentablemente la persecución sobre organizaciones populares y sus militantes no es algo nuevo en la historia reciente, aunque sigue siendo peligroso y preocupante. Ocurrió previo a la dictadura y durante la misma mucho más. También ocurrieron en plena democracia a partir de 1985 a 2005 como lo comprobó la Comisión Investigadora que funcionó en el Parlamento a partir de 2016, lo que motivó la presentación de una denuncia unánime de la Cámara de Representantes en la Justicia, y que actualmente investiga el fiscal Enrique Rodriguez.
La atención de los servicios policiales de inteligencia respecto a los referéndums o instancias de consulta popular tampoco es nueva. El proceso de recolección de firmas para derogar la ley de caducidad iniciado en 1987 fue especialmente espiado por la DNII y por la inteligencia militar, quienes dispusieron de decenas de agentes y recursos para infiltrase en partidos políticos y organizaciones sociales. De acuerdo a Máximo Costa Rocha, quien fuera director de la DNII entre los años 1982 y 1989, el plebiscito del voto verde fue investigado porque existía interés del gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti sobre el acontecimiento.
Que la policía haya investigado la recolección de firmas por el referéndum contra la LUC es un hecho grave y afecta la calidad democrática de nuestro país porque ataca los derechos constitucionales del pueblo uruguayo. Pero además violenta directamente la ley 19.696 que regula las actividades de la Secretaria Nacional de Inteligencia del Estado y de todos sus órganos. El artículo 7 de la mencionada ley establece a texto expreso que está especialmente prohibido para todos los órganos de inteligencia “Intervenir en la actividad política, social o económica del país… Influir de cualquier forma en la opinión pública, en personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones de cualquier naturaleza”.
Los policías que ordenaron dichos operativos de inteligencia, y quienes participaron de ellos, violaron la ley y por lo tanto deben ser sancionados. La pregunta que se impone es si las actuales autoridades del gobierno van a sancionar a los responsables de estos atropellos o si van a seguir permitiendo que ocurran invocando las mismas excusas del pasado.
*Diputado Nacional 1001-FA
