La coalición de derecha votó la expulsión de Penadés, pero defendió con su voto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
El miércoles, tras conocerse la formalización del hasta entonces senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, por la imputación de 22 delitos de abuso sexual contra menores de edad, el Parlamento, por unanimidad de ambas cámaras, lo expulsó.
Tras adoptarse esta medida, el Frente Amplio (FA) planteó, en ambas cámaras, la discusión como “asunto político” de la situación, a la que calificó de grave y de “deterioro institucional”.
El planteo del FA se centró en la constatación por parte de la Fiscalía actuante en el caso de que se usaron los recursos del Estado para montar una trama de protección a Penadés y de espionaje a sus víctimas, de la que participaron jerarcas policiales, que accedieron al Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el registro carcelario e incluso el registro electoral, este último dependiente de la Corte Electoral.
El FA planteó, tanto en el Senado como en Diputados, que a esto debe sumarse lo sucedido con jerarcas policiales en los casos Astesiano y Marset, y cuestionó la responsabilidad política de Heber, por acción u omisión, y reclamó su renuncia.
Los partidos de la coalición de derecha respaldaron a Heber en ambas cámaras, en el Senado solamente el FA pidió la renuncia del Ministro del Interior, en Diputados al FA se sumó el único diputado del PERI.
La expulsión de Penades
Penadés fue expulsado de ambas cámaras, porque fue electo en ambas, en aplicación del artículo 115 de la Constitución, por “actos indignos” cometidos tras ser electo.
Tanto en Diputados como en el Senado, la votación fue unánime.
EL POPULAR transcribe la argumentación del senador de la 1001 y el Frente Amplio, Oscar Andrade, en este primer debate.
“Se acaba de confirmar que hay once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, uno de violación, de violación, señora presidenta, otro de desacato y otro por corrupción de menores.
En primer lugar, hoy es obligatorio pararse en el lugar de las víctimas, en general niños pobres abusados, característica que tuvimos en cuenta al momento de votar el desafuero, que tiene que ver con un criminal, con un delincuente. Además, esta es la punta de una madeja que nos deja la enorme responsabilidad política de enfrentarla con todas las fuerzas, con todos los intentos que hubo para que la investigación fracasara. Las dos cosas pasan hoy y las dos son graves.
El sistema político tiene que reaccionar con la expulsión del senador Gustavo Penadés y tiene que reaccionar con la misma fuerza por la utilización del aparato del Estado para que la investigación fracasara: por la utilización de parte de la Policía y por la utilización de parte de los funcionarios de la Corte Electoral para conseguir información –reitero– para que la investigación fracasara.
Dentro de las cosas que pasaron para que la investigación fracasara –expediente que todos tuvimos arriba de la mesa– hay declaraciones de representantes que tenían como responsabilidad llevar adelante la investigación y que salieron en apoyo al que en ese entonces era acusado de estos aberrantes crímenes.
Esta discusión es toda junta, pero levantamos la mano con enorme convicción para aplicar este artículo de la Constitución que plantea, en la moción presentada, el único camino posible ante esta situación tan dolorosa y aberrante que es la expulsión del Senado de la república”.
Andrade: La responsabilidad política de Heber
A continuación, transcribimos la fundamentación del senador Oscar Andrade a favor de la moción del Frente Amplio que planteaba pedir la renuncia de Luis Alberto Heber como ministro del Interior, por su responsabilidad política ante la falta de garantías que tuvieron las víctimas de Gustavo Penadés y la propia investigación judicial.
“En el día de hoy tomamos una decisión que estremece y vemos cómo reaccionó el sistema político ante una denuncia de extraordinaria gravedad, que involucraba a alguien que hasta hoy era uno de sus miembros. Como forma de reacción del sistema político, acabamos de tomar la única decisión posible, que fue aplicar la norma constitucional que permitió expulsar de esta casa a Penadés.
Nosotros creemos –y por eso planteamos esta moción– que ni de cerca esta es la única responsabilidad, independientemente de la investigación judicial. Si esta última confirma que hubo participación del ministro del Interior o conocimiento de este armado de trama que permitía hacer una investigación paralela para hostigar a las víctimas, lo que tendríamos que plantear es el desafuero y el pasaje a la Justicia, pero eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es la responsabilidad política, la primera, en este caso gravísima, temeraria, porque una vez conocida la denuncia el Ministerio del Interior, como es auxiliar de la Justicia, debería dar garantías a las partes, en particular a la más vulnerable. Cuánto hablamos hoy acerca de eso, es decir, de lo difícil que es denunciar este tipo de temas y usted lo sabe, señora presidenta, porque cuando tratamos el desafuero pudimos ver que en el informe de fiscalía había situaciones que habían prescrito por el tiempo. Me refiero a aquellas que sucedieron en la institución de baby fútbol, de hace treinta años.
Ahora, la actitud del ministro del Interior fue participar de una conferencia de prensa –que, para vergüenza de este Parlamento, se hizo en esta casa– y ponerse la toga de juez y juzgar la situación. Quiere decir que la actitud del ministro del Interior, que es quien tiene que dar garantías, fue radical en el sentido de ponerse del lado del acusado, tanto que dijo que el delito que había era de difamación y que lo iban a demostrar. Solo ese componente sería suficiente –en cualquier caso, pero más en este en el que el desenlace muestra que hay 22 denuncias de delitos graves– para demostrar que el señor Heber no debería seguir al frente del Ministerio del Interior. Pero no solo pasa esto que, reitero, por sí solo es grave y daría motivo para que no continuara al frente de la cartera, independientemente de todos los demás temas: de cuánto de la cúpula policial cayó con Astesiano o de cómo fue que se le entregó el pasaporte a Marset.
Ahora nos enteramos de que para la defensa de Penadés, acusado por estos 22 delitos, se contó con el apoyo de parte del aparato del Estado. O sea, el sistema general de seguridad pública y el sistema de gestión carcelaria fueron utilizados para el montaje de la investigación paralela. Además, se usó la base de datos de la Corte Electoral. Parte de la investigación de fiscalía –tenemos audios; supongo que todos los habremos escuchado– indica cómo se contribuyó desde los asesores de Penadés, desde esta casa, con distintos funcionarios y con el jefe del INR al frente del armado de este montaje para presionar a las víctimas. Repito, si el ministro del Interior tuviera conocimiento de algo de esto, le cabría responsabilidad penal, pero si se arma todo esto sin que él sepa nada, tiene una enorme responsabilidad política.
Entonces, el pedido de renuncia tiene que ver con la responsabilidad política porque él se comprometió, pero no al principio, porque en ese entonces se puso la toga, juzgó y declaró inocente a Penadés y culpable a los que lo denunciaron. Dicho esto, la posición del ministerio fue cambiando y después el ministro se paró donde tendría que haberse parado siempre, diciendo que iba a dar todas las garantías a la investigación. Es evidente que no dio todas las garantías a la investigación. Se perforó por todos lados la garantía. Entonces, en el mejor de los casos, tiene una enorme responsabilidad por omisión en un tema muy delicado, porque cualquiera sabe que es muy desigual la relación de poder entre la víctima y el victimario en todos los casos, pero en este, es radicalmente desigual.
En la presentación del informe de fiscalía están las fotos de algunas de las víctimas cuando el proceso había sido declarado en reserva. ¿Qué es lo que pedía la defensa de Penadés? Conocer el nombre de las víctimas. Bueno, se usó el aparto del Estado para contribuir a presionar y a hostigar lo que en nombre de la fiscal fue una estafa procesal, y la jueza en la audiencia sostuvo que nunca había visto algo así.
¿Alguien puede decir que el ministro del Interior no tiene responsabilidad? La principal responsabilidad, la primera responsabilidad es la del ministro del Interior.
Por la postura que asumió, nos vemos en la obligación de proponer al Senado el único camino que vemos posible, que merece no el Frente Amplio, sino la ciudadanía: que el ministro del Interior, que es quien tiene la principal responsabilidad en este tipo de sucesos, dé un paso al costado, independientemente de cómo transiten las investigaciones judiciales.
Por un lado, estará lo penal, pero estamos llamando a la responsabilidad política. No es motivo de la moción, pero supongo que en función de los audios que fueron escuchados hoy de integrantes del Gobierno que en esas conversaciones dicen que sabían todo lo de Penadés, que lo tenían claro y que siempre fue así, esas personas mañana no deberían estar en el Gobierno.
Pero en este caso estamos llamando a responsabilidad a quien tendría que haber dado las garantías y no las dio. La Justicia investigará si es por acción o por omisión. Nos parece que esta es una señal que el sistema político también tendría que dar de forma unánime, así como hoy de forma unánime tomó la decisión de expulsar al exsenador Gustavo Penadés de esta casa.
Olivera: Debilitamiento institucional
EL POPULAR transcribe la intervención de la diputada de la 1001 y el Frente Amplio, Ana Olivera, en el debate en la Cámara de Representantes, sobre la moción de Asunto Político que presentó el FA y que incluía el pedido de renuncia para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
“Nadie entendería que en un día como el de hoy, luego de las cosas que hemos visto, escuchado, asistido, este Parlamento no debatiera sobre este tema y siguiéramos naturalmente el curso del orden del día que nosotros teníamos. Porque creo que más o menos, y más allá de cómo cada uno de nosotros lo expresemos, todos de alguna manera tenemos conciencia que estamos ante un debilitamiento institucional y me parece que es sobre eso que nosotros tenemos que reflexionar.
A veces, en las conversaciones que tenemos entre nosotros, uno comenta la sumatoria de hechos, que, de alguna manera, van poniendo sobre la opinión pública el cuestionamiento a quienes llevamos adelante la actividad política. Podemos hablar, y parece que fue hace un siglo, del tema de Astesiano, del tema de Marset, del tema, que este no parece tanto hace un siglo porque fue hace poco que hubo una persona efectivamente procesada por el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. Pero todas estas cosas se van perdiendo. Es una sucesión enorme de cosas, y ¿qué es lo que ponen sobre la mesa? Ponen sobre la mesa que acá tenemos problemas de carácter político-institucional. Porque ninguna de estas cosas pasó por el costado de determinadas instituciones, de ministerios, de la propia Presidencia, de muchísimos lugares.
Entonces, creo que esta es la primera reflexión que tenemos que hacer con lo que ayer sucedió.
Porque lo que ayer sucedió, además del procesamiento, hablando en términos viejos, o la formalización del exsenador, además de todo eso, lo que quedó demostrado, en las palabras de la fiscal, es que había una trama paralela. Esto lo que quiero señalar en relación con los comentarios que ha habido hoy, en relación con cómo se había procesado, o cuáles fueron las actuaciones que realizó el Ministerio del Interior, que la fiscal mostraba el informe que había, donde aparte aparecían las fotos, que son sacadas del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, todo eso estaba en un informe con el sello del Ministerio del Interior. No era el informe de fulanito de tal a tal persona, era un informe con el sello del Ministerio del Interior, la fiscal ayer cuando estaba hablando lo mostraba, además de haber escuchado nosotros eso en diferentes medios de prensa.
Escuchando a la abogada de las víctimas, ella decía, que efectivamente estaba lo que se sabía, o lo que se había hecho público ayer, en relación con la actuación de determinados miembros del Ministerio del Interior, que habían sido convocados en el día de hoy, pero que no terminaba allí, que había más aún de lo que ayer había sido planteado.
Creo que todo esto nos tiene que conmover, tiene que hacernos pensar que aquí, cuando nosotros nos planteamos el tema de la renuncia del ministro del Interior, es porque en varios de estos casos que mencioné está implicado, por acción o por omisión.
Por eso, tanto por acción o por omisión, nosotros tenemos que pensar que hay una responsabilidad en el ministro del Interior. ¿El ministro sabía o no sabía lo que estaba sucediendo? Tenemos varios casos en los que uno puede plantearse donde estaría la responsabilidad, pero creo que acá, todos lo hemos dicho varias veces, y no lo digo solo para esta ocasión, lo practiqué también en la etapa en la que me tocó ser gobierno: el más responsable siempre es el más responsable.
Y creo que, desde este lugar, entonces, nosotros tenemos que la capacidad de dar una señal política en torno a este tema.
Debemos tener esta capacidad política y me siento absolutamente sorprendida, yo sé que no es un momento sencillo, por las declaraciones del propio presidente de la República.
Que el presidente piense que en el planteo del Frente Amplio pidiendo la renuncia del ministro del Interior, hay un oportunismo político, aparte planteado en unos términos, “pensé que tenían límites”, dice el presidente en la entrevista, en realidad creo, demuestra que no estamos pensando en lo que nos está sucediendo.
Porque es el mismo presidente que decía en el año 2016: Algún día volverá el Uruguay en el que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. O el que decía en 2019: ministro que se equivoca o no hace las cosas bien es un fusible, se cambia el ministro. Pero hoy, en realidad, además del respaldo al ministro, el acusado es el Frente Amplio por plantear la necesidad de esta clara señal política, frente a, insistimos, un funcionamiento paralelo que se da, y que es, como bien decía el diputado Valdomir, considerado por la justicia como una estafa procesal, es decir: la generación de una trama que busa entorpecer a la justicia, generando una falsa imagen de lo que estaba sucediendo, y utilizando las herramientas públicas, utilizando al Estado, para generar esa información.
Pero mucho más grave que eso es que utilizando también las herramientas del Estado para conocer la identidad de las víctimas. Víctimas que se sintieron, además, y eso también estuvo planteado, con vigilancia, con seguimiento, con amedrentamiento.
Entonces, no alcanza con decir que hay uno o dos policías involucrados en esta situación, nos parece que reviste la gravedad para que nosotros nos planteemos algo que es una preocupación que tengo y que ustedes saben que también la hemos planteado muchas veces, lo digo no en un plural de modestia, sino que diversos colegas la hemos planteado acá muchísimas veces: Nosotros tenemos que cuidar la democracia.
Para cuidar a la democracia tenemos que cuidar a nuestras instituciones, cuidar a nuestras instituciones significa también dignificar la política, dar señales y dar señales en las que, efectivamente, actos que están en el límite de la corrupción, tienen respuestas claras de parte del sistema político, de parte, en este caso, del Poder Legislativo, que no podía hacer en el día de hoy como que no hay nada que esté sucediendo”.
Foto de portada:
Sesión de la Cámara de Senadores donde se expulsa del cuerpo a Gustavo Penades. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
