El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, detalló la pasada jornada cómo ha sido la implicación de varios ciudadanos venezolanos en la llamada Operación Brazalete, orquestada con el fin de generar desestabilización para el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo a la explicación del Fiscal General, existen evidencias contundentes sobre la participación de la opositora Rocío San Miguel, quien preside la ONG Control Ciudadano y que actualmente se encuentra detenida.
Esos vínculos, explicó Saab, aparecen constatados en “documentos ocupados a los primeros implicados en la operación terrorista”, consignó teleSUR.
En su exposición, el fiscal general “recordó que los involucrados en la llamada Operación Brazalete Blanco planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo».
Los comprometidos en llevar adelante la operación, agregó Saab, «tenían planeado atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro».
Durante la presentación, Saab dio a conocer una serie de documentos donde se evidenciaba “cómo los organizadores y conspiradores contaban con la complicidad de Rocío San Miguel”.
William Saab se preguntó si ante este accionar correspondía que el Estado venezolano bajara “la guardia”.
«¿Qué pasaría en Estados Unidos”, preguntó, “en la Unión Europea si cualquier persona aparece involucrada en operaciones para propagar acciones criminales? .
La pruebas presentadas incluyeron mapas con las coordenadas claras de diversas instalaciones militares en los alrededores de Caracas , que le “fueron ocupados a Rocío San Miguel, durante su detención”.
Dichos mapas, aclara el medio de prensa, “abarcan, en total, 24 zonas de seguridad demarcadas”.
El alto funcionario reiteró que para el gobierno venezolano Rocío San Miguel «es una espía”, que contaba con “contactos con miembros de la FANB” con el objetivo expreso de “desatar acciones que atentan contra la soberanía».
“Las pesquisas”, realizadas, subrayó Saab, “nos han llevado a considerar que San Miguel está lejos del perfil de un defensor de Derechos Humanos».
Para enfatizarlo, el fiscal enumeró una serie de acciones realizadas por San Miguel que no se condicen con el trabajo de defensa de derechos humanos, entre los ejemplos dados detalló la entrega “a un embajador de una potencia europea información sobre las capacidades militares de Venezuela” y la recepción de “dinero de una trasnacional petrolera”.
