Fiscalía sin recursos para investigar crimen organizado

Paola Beltrán

William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) fue entrevistado por EL POPULAR en Radio. Las dificultades para el desarrollo de la tarea, las presiones y filtraciones fueron algunos de los temas abordados. 

Desde noviembre de 2017 comenzó a regir el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) instalando un modelo acusatorio, oral y público en el que la investigación quedó en manos de los y las fiscales. En estos últimos tres años, en particular a partir del caso Astesiano y Penadés, la Fiscalía tomó relevancia mediática. 

Si bien se generan muchas condenas vinculadas a delitos como el hurto, rapiña y microtráfico no ocurre lo mismo con los delitos económicos. ¿Por qué pasa esto?

Capaz que no es que no haya condenas, sino que son representativas en cuanto al volumen de las otras condenas y sobre todo en lo que tiene que ver con juicios orales. No ha habido mucho juicio oral por este tipo de delitos y creo que ahí lo que está plantado es una dificultad que tiene la Fiscalía en cuanto a su infraestructura para poder ser eficiente. 

El Estado en sí no es eficiente en perseguir y lograr la condena de esas conductas que se dan, pensemos en el lavado de activos, todo lo que tiene que ver con crimen organizado o delitos económicos de alta afectación como estafas. Eso lo que requiere es una infraestructura fuerte de la Fiscalía en cuanto a tener no solo equipos fiscales, un fiscal titular, dos fiscales adscritos, sino una oficina de la Fiscalía que sea especializada en estos temas; tener contadores para evaluar el cúmulo de evidencia que muchas veces tienen que ver con números o con prueba digital.

Esa infraestructura hoy día no la tiene determinada la Fiscalía por la inexistencia de provisión de recursos para ello, entonces, esa inexistencia de infraestructura para investigar debilita la posibilidad de que el Estado sea eficiente en la persecución de esos delitos.

Esto lo hemos reclamado desde la creación misma de la Fiscalía en el año 2016, desde el comienzo del nuevo Código en el año 2017 y sostenidamente en cada instancia presupuestal hemos puesto los focos sobre esto. 

Tan es así que la Fiscalía General de la Nación, en el 2023, ahora estoy hablando del Fiscal General, le solicitó al Poder Ejecutivo y también al Parlamento 16 millones de dólares para, entre otras cosas, crear una Fiscalía anticorrupción, crear Fiscalías para atender determinada criminalidad y de esos 16 millones que se pidió se le dieron solamente 1 millón o sea el 5% de lo solicitado.

Algo que quiero poner de relieve es que cuando nosotros fuimos a hablar con el Dr. Juan Gómez (Fiscal General) respecto de las solicitudes que iba a hacer él nos dijo: muchas veces nosotros tenemos una situación, lo ideal para la Fiscalía pero lo ideal tiene una presupuestación que cuando lo ven en el Ministerio de Economía, cuando lo ven en el Parlamento dicen «esto es mucha plata». Entonces lo que vamos a hacer es una solicitud sensata, coherente, adecuada y entendemos que cuando vean, decía él, que es una solicitud sensata van a ser más proclives a darnos recursos. 

Esa solicitud sensata recibió el 5% de lo que se había solicitado, entonces, contestando esa pregunta, se pone más difícil investigar esos delitos cuando no hay infraestructura. 

En los hurtos y rapiñas, usualmente, la gente es sorprendida, aprehendida con las manos en la masa o la investigación que hace la policía junto con la Fiscalía es mucho más fácil, podríamos decir, porque se tienen cámaras, se tiene un seguimiento de las cámaras de video vigilancia que están en toda la ciudad. 

Si alguien va y comete una rapiña en un supermercado, entonces, se hace el seguimiento de cómo llegaron los delincuentes hasta ahí, se puede ver hasta dónde fueron, se siguen redes sociales y cuando queremos ver tenemos un cúmulo de evidencia que nos permite esclarecer el caso y lograr la responsabilización de esas personas. 

En estos otros delitos es más difícil. sobre todo, porque quienes cometen esos delitos, los delitos de «cuello blanco» tienen más capacidad para procurarse impunidad. 

Se necesitan más funcionarios administrativos, funcionarios especializados con experticia en, por ejemplo, bucear dentro de un dispositivo electrónico y ver cuál es la evidencia que realmente le es de utilidad a la Fiscalía. 

Entonces, funcionarios que tengan esa experticia, hoy día, la Fiscalía no los tiene, nos respaldamos en el trabajo que tiene la policía. Eso también ha traído algunas dificultades, sobre todo en la manera en que se obtiene, las filtraciones que se han dado, las porosidades que eso tiene. Para lograr maximizar los esfuerzos en ese sentido es necesario contar con recursos. 

De alguna manera podría decirse entonces que la Justicia hoy en Uruguay es más dura con el que menos tiene y hay una impunidad sobre el que más tiene. 

Creo que es un dato de la realidad por una capacidad del Estado de persecución penal y tiene que ver con las políticas criminales o las miras que se tiene. El Estado no tiene que dejar de ser eficiente en la persecución. Si a una persona le roban el vehículo ahí hay una persona que trabajó, que se compró un auto, que paga el seguro, la patente y cuando quiere ver le rompen el vidrio y tiene que pagar ese vidrio y es parte de su trabajo que tiene que derivar a solucionar una situación que alguien le rompió para robarle algo. 

El Estado tiene que llevar adelante esa investigación; no es dejar de hacer eso que hoy lo hace sino ser más eficiente con lo otro. Para ser más eficiente con lo otro es que se necesitan recursos. 

Mencionabas recién este trabajo que hace la Fiscalía junto con la policía. En esta dinámica, en este par que tiene que trabajar en conjunto, que la policía tenga sus recursos, mecanismos, sus resguardos es relevante. De alguna manera, para que la Fiscalía funcione bien también tiene que funcionar bien la policía. 

Es imprescindible. Hubo en una época una polémica respecto de cómo se llevan adelante procedimientos policiales y esa polémica de cómo se llevaban adelante procedimientos policiales hacía que nosotros dijéramos permanentemente que es necesario que la policía, que cada policía que participa en un procedimiento tenga una cámara Gopro que registre ese procedimiento. No es por la desconfianza en el accionar del policía, sino que es un respaldo para el policía y también para la Fiscalía. 

Si yo llevo adelante una investigación en donde una persona, por ejemplo, es agarrada con las manos en la masa cometiendo un delito y eso está registrado, la actuación policial está registrada en una cámara corporal, después yo voy a tener ese respaldo de evidencia para decir «esto sucedió así». Si esa cámara no está, está la palabra del policía, pero seguramente va a haber un imputado y una defensa diciendo «no, en realidad lo que pasó fue que la policía me golpeó, que me hicieron esto, lo otro…» Entonces, ese respaldo que tiene que ver con recursos, las cámaras corporales que llevan los policías salen dinero, eso, que tiene que ver con recursos, es para garantizar la eficiencia del Estado en el trabajo que hace la policía y la Fiscalía en conjunto. 

Es un ejemplo mínimo, pero es muy elocuente respecto de la necesidad de que tanto una como otra institución estén debidamente constituidas, respaldadas en el sentido de la infraestructura. El mejor respaldo que puede tener una institución es contar con los recursos para llevar adelante su tarea. 

Las filtraciones no son un fenómeno nuevo, siempre hubo filtraciones, pero ahora, con los teléfonos y las redes sociales toma otra relevancia. También hay una discusión sobre el rol de los y las periodistas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué hay filtraciones? ¿Cuáles son las responsabilidades?

Para aclarar un poco el tema de qué son las filtraciones. Primero, para poner bien claro, cuando no está formalizada todavía una investigación, esa investigación es reservada hacia afuera. Es pública internamente, o sea, la Policía tiene acceso a esa investigación, la Fiscalía tiene acceso a esa investigación, el imputado, la víctima y sus abogados tienen acceso a esa información, pero nadie más.

Cuando se formaliza a alguien inicia el proceso penal respecto de esa persona porque la Fiscalía dice “yo tengo la sospecha fundada y tengo elementos suficientes para decir que usted cometió tal o cual delito”. Antes de eso la investigación es reservada. 

Cuando esa información, que está en una carpeta investigativa, en una carpeta de la Fiscalía, sale hacia afuera, de esos intervinientes que mencioné, hay lo que se conoce como una «filtración indebida». O sea, eso no debería ver la luz pública. 

Eso puede haber salido de cualquiera de los intervinientes. Lo que hay que determinar es qué interviniente fue el que sacó esa información. 

El problema ahí es que son muchos los intervinientes, son varios actores y los intereses son diferentes. Uno puede decir qué interés tiene la Fiscalía en que se filtre una información, qué interés tiene la Policía, qué interés tiene el abogado, qué interés tiene la víctima. 

Eso es totalmente diferente al rol del periodismo. Lo que hace ese interviniente es darle a un periodista un material para que ese periodista lo haga público. A veces, seguramente, los intereses del periodista y de la persona que le da el material son diferentes. Seguramente la persona que filtra o quiere perjudicar a un tercero o quiere exponer algo y el periodista lo que quiere es poner a la luz pública algo que es de interés público, entonces, son diferentes los roles.

Después, yendo a la responsabilidad, si un policía, si un funcionario de Fiscalía o si un Fiscal, con esto estoy diciendo si un funcionario público, filtra una información que es reservada de una carpeta investigativa, esa acción es pasible de delito. O sea, el funcionario público está incumpliendo algo que es de su deber, entonces es pasible de ser responsabilizado penalmente. 

Eso no sucede con el imputado, con la víctima ni con sus abogados. No hay una figura penal que los responsabilice y lo mismo con los periodistas. Salvo que se trate de un caso en que lo que se difunde ya es un delito, o sea, si se difunde material de contenido íntimo sin la autorización de la persona que es parte de ese material, ahí es pasible de incurrir en un delito quién lo hace y si lo hace un periodista también es pasible de incurrir en ese delito. 

O sea, son aristas todas diferentes dependiendo de quién es el interviniente que saca afuera la información. 

Decías, hasta la formalización la investigación es reservada ¿después?

Después el caso es público porque hay que decirlo con claridad, lo que ha impuesto el nuevo Código es que el proceso penal es público, la publicidad es la regla, entonces, cuando hay una audiencia de formalización y después instancias de juicio oral, la ciudadanía puede tener conocimiento de eso que está sucediendo en el sistema de justicia. 

Antes esto no se daba, era el secreto, algunos dicen de forma irónica «el oscurantismo» era lo que primaba, a modo de chascarrillo. Antes lo que primaba era el secreto, ahora la publicidad es la regla a partir de la etapa de formalización. 

Entonces, la ciudadanía puede tener acceso, cuando se formaliza a alguien, de por qué hecho es, qué evidencia tiene la Fiscalía, qué sucede en esa audiencia, lo mismo también en las etapas de juicio, salvo que se declare reservada. 

Se puede declarar reservada porque es una materia sensible, un hecho sensible que, por ejemplo, en delitos sexuales se procura no revictimizar a una persona que si se expone lo que sucedió respecto de su situación después el ojo público puede determinar una revictimización de su situación. Entonces, son diferentes las etapas y la publicidad o la reserva. 

Desde la escuela nos enseñan que hay tres poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y que son independientes entre sí y esa es la base de que todo funcione. En esta última etapa, tal vez también antes, pero por lo menos a nivel de lo que se ve los medios hay un cuestionamiento sistemático y el interés de politizar a la Fiscalía ¿qué reflexión te merece esta situación? 

Creo que hay que distinguir dos situaciones, que tienen que ver con el sistema republicano, que son organismos e instituciones que funcionan de forma independiente entre sí, pero con controles cruzados entre sí. 

El Parlamento tiene la posibilidad de disponer los recursos del presupuesto del Poder Judicial, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia; la función jurisdiccional, los jueces y fiscales pueden controlar la acción parlamentaria si se dan delitos, si hay un proceso de desafuero, lo que sea. 

Entonces, esos pesos y contrapesos son fundamentales, el contralor y en esto va también la crítica. Que un legislador critique la actuación de la Fiscalía es dable dentro de una democracia, dentro de una República. Eso tiene un límite, el límite está trazado en cuanto se ve una estrategia permanente de hostigar a la Fiscalía sometiéndola a un descreimiento absoluto y, sobre todo, cada vez que un Fiscal tiene un caso de relevancia pública. 

Tan es así que, si un Fiscal tiene una causa que más o menos involucra a una persona de relevancia o de trascendencia política o mediática, ese Fiscal va a saber que su trayectoria, hasta su vida personal, va a ser puesta en tela de juicio, entonces, es una situación acuciante para quienes tienen que llevar adelante esas causas. Eso es lo que está mal, no el hecho de que se pueda criticar o se pueda tener una valoración, incluso hasta negativa respecto del trabajo de un Fiscal en determinada situación.

Lo que está mal es que se acuse a fiscales o de obrar por ideología de género o que actúa así porque está protegiendo a determinada fracción política o de actuar así porque está ensañado contra determinado actor político o mediático. No significa que eso no pase, puede llegar a pasar, lo que hay que presentar son pruebas, evidencias para decir «yo estoy diciendo esto porque esto es lo que sucede» y de esa forma se va a poder incluso sanear ese organismo. 

Si hay un Fiscal que está actuando mal incluso se lo puede sancionar y sacarlo de la Fiscalía, pero eso no es lo que sucede. 

Lo que sucede es que se tira una acusación al aire, eso hace eco en la ciudadanía y la Fiscalía está sometida a un descreimiento que también la debilita. Entonces, si tenemos un debilitamiento por este hostigamiento y después un debilitamiento por no tener recursos e incluso por no tener un fiscal general designado, eso hace un caldo de cultivo, un estado de situación de la Fiscalía que es absolutamente inconveniente para lo que queremos. Sobre todo, si queremos que una Fiscalía sea eficiente en la persecución, no solo de hurtos y rapiñas, que lo es, sino también en delitos de corrupción pública, de crimen organizado, de lavado de activos, para eso se necesita una Fiscalía fortalecida. 

Foto

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

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