Paola Beltrán
El Centro de Maquinistas Navales denuncia que en nuevas obras de dragado la ANP incumple la norma y autoriza los trabajos a empresas extranjeras que se rehúsan a embarcar marinos uruguayos.
Los trabajadores también denuncian que la empresa ganadora de la licitación para esos trabajos no es la que finalmente está realizando la tarea. Facundo Montaña, dirigente sindical profundizó en EL POPULAR en Radio, sobre este incumplimiento de la ANP.
El 1 de noviembre comenzaron las obras de dragado en el antepuerto de Montevideo, la licitación que realizó la ANP para este dragado en 2019 la ganó la empresa china CHEC Dreadging Company Limited, sin embargo, la empresa que efectivamente está trabajando es la belga Jan De Nul.
Sumado a esto, informó Montaña, hay una violación de la Ley 19.078 que establece “la condición de que el 90% de la oficialidad y el 90% de la tripulación estén integradas por ciudadanos naturales o legales uruguayos” y habilita a que “mediante acuerdo entre la organización más representativa de trabajadores de la rama de actividad y la empresa adjudicataria, podrán pactarse distintas cantidades de ciudadanos naturales o legales uruguayos que las dispuestas en el inciso precedente. Dicho acuerdo deberá de ser ratificado ante la Dirección Nacional del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, so pena de su nulidad”.
Sin embargo, hasta el momento, no hay ningún trabajador uruguayo embarcado ni tampoco hubo ningún tipo de contacto con el sindicato de los trabajadores de la rama. De hecho, Montaña informó que hubo contacto con los abogados de la empresa belga y estos se rehusaron a cumplir con la normativa.
“La ANP llamó a una licitación y habilitó a que una empresa transnacional como es Jan De Nul venga a dragar nuestro puerto a la profundización de 14 metros y no lleve tripulación nacional, no lleve ningún tripulante uruguayo estando dentro del Puerto de Montevideo, una violación de la Ley tremenda, visible, porque cualquier persona que va al Cerro de Montevideo, que pasa por la rambla y ve el puerto, ve estas dragas trabajando y no hay uruguayos a bordo”, denunció.
La falta de transparencia no termina allí, existe un mecanismo conocido como “Waivers” que está regulado por la Ley 12.091. Refiere a la regulación de “la navegación y comercio de cabotaje, o sea aquella que se realiza entre puertos de la República, así como los servicios de puerto y playa, las operaciones del salvataje, alijo, y las que efectúen los remolcadores, lanchas y demás embarcaciones menores en aguas de jurisdicción uruguaya” y se establece que estas “quedan reservados a los buques de bandera nacional”. En el 2009 el FA introduce la posibilidad de excepción habilitando al Poder Ejecutivo a autorizar que embarcaciones de bandera extranjera actúen cuando no existan disponibles embarcaciones de bandera nacional.
Sin embargo, entre 2022 y 2024, la excepción pasó a ser regla ya que, según denuncian los trabajadores, en ese período se habilitaron 232 waivers lo que para Montaña significa “un disparate” pues lo que se pone en juego es la soberanía nacional del Puerto de Montevideo. En ninguno de estos buques que accedieron a estas excepciones había tripulación uruguaya y no se relaciona con falta de personal capacitado, sino todo lo contrario, en las escuelas navales se realiza una carrera de cinco años con certificaciones internacionales por lo que el dirigente sindical lamentó que “estamos formando nuevos marinos para el desempleo porque hay leyes que no se cumplen; vienen a trabajar embarcaciones a Uruguay, los marinos uruguayos no la podemos tripular porque hay leyes, pero las autoridades no las hacen cumplir y estamos con una carrera que dura cinco años de estudio para que luego queden desempleados, es totalmente deprimente”.
En cuanto al costo económico, Montaña señaló que estos 232 “excepciones” implican “de más de 4000 puestos de trabajo y más de 5 millones de horas de aporte a la seguridad social, de plata que se invierte en lo nacional, en los supermercados, almacenes, ferias, etc, es plata que se va para el exterior y no queda en el mercado uruguayo”.
Estos hechos fueron denunciados por los trabajadores en el Tribunal de Administración con la intención de iniciar un juicio hacia la ANP y la Prefectura Nacional por “la entrega de soberanía e incumplimiento de las leyes nacionales”.
En la denuncia subrayan que “el dragado del antepuerto es una operación crucial para mejorar la infraestructura portuaria y aumentar la capacidad de carga del puerto de Montevideo. No obstante, el incumplimiento de la normativa vigente afecta no solo a los trabajadores uruguayos, sino también a la integridad del proceso, poniendo en duda la transparencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo por la ANP”.
Y agregan que “a través de las autorizaciones otorgadas en violación de la Ley 19.078 se está extranjerizando la actividad portuaria de nuestro país y se impide a nuestros maquinistas acceder a una necesaria fuente de trabajo en épocas de desempleo”.
Los trabajadores no descartan ninguna medida ya sea en la demora del ingreso de cruceros y/o movilizaciones fuera del puerto.
