Este miércoles la Marcha Nacional Educativa se transformó en el hecho político del día: por su masividad, la más grande movilización de los últimos tiempos en defensa de la Educación, por el nivel de unidad y amplitud logrado y por su carácter nacional.
Logró la participación de miles de docentes, trabajadores y estudiantes que llenaron varias cuadras de 18 de Julio, en Montevideo. Una demostración más de la representatividad y la capacidad de movilización de los sindicatos de la educación, tan vilipendiados por la derecha.
Fue el resultado de un paciente trabajo de unidad y de un enorme esfuerzo organizativo, en todo el país. Convocaron a la marcha más de 20 sindicatos de todas las ramas de la educación: primaria, secundaria, UTU, formación en educación, Universidad de la República, UTEC y la educación privada. Pero, además, también se integraron los gremios estudiantiles, de Montevideo y del interior del país: la FEUU, la FEFEU, que agrupa a las y los estudiantes de los centros de formación en educación, el CEIPA y el CEM y varios gremios de liceos.
Ese arco de amplitud y diversidad, esa unidad, expresada en la calle, es de un valor enorme, implica un nivel de acumulación muy grande.
Tanto desde el punto de vista sindical, es decir, de unidad concreta y en la lucha de las y los docentes y trabajadores de todas las ramas de la educación, como, y con especial importancia, por la unidad con las distintas expresiones del movimiento estudiantil.
No hay defensa de la educación pública posible, ni transformación de esta en un sentido popular, sin la participación organizada y activa de las y los estudiantes.
A eso hay que agregar que la marcha estuvo precedida por un enorme despliegue militante de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) en todo el país, recorriendo departamento por departamento, convocando y organizando. Esa acumulación es invalorable.
La Marcha Nacional Educativa tiene una importancia mayor aún porque es la respuesta popular más fuerte construida hasta hoy a la ofensiva específica contra la Educación, muy particularmente contra la Educación Pública, por parte del bloque de poder y su expresión política: la coalición de derecha en el gobierno.
Las clases dominantes tienen a la Educación Pública como un centro de sus ataques y de la restauración conservadora. La famosa transformación educativa tan pregonada, que tiene como figuras visibles al inefable ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira y al presidente del CODICEN, Robert Silva, implica en realidad un retroceso de más de un siglo en concepciones pedagógicas y en contenido democrático.
La educación pública enfrenta un ajuste salvaje desde el punto de vista presupuestal, como recuerda el economista Pablo Da Rocha en esta misma edición de El Popular. La educación tuvo, en materia de asignación presupuestal un recorte mayor al promedio general.
El presupuesto de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP) fue 3,5% menor en 2021 que el presupuesto de 2020. Pero eso sigue profundizándose y, según el contenido de los mensajes, ya que la Rendición de Cuentas aún no se conoce, será un 0,5% adicional menor en 2022 con respecto a 2021.
El brutal ajuste para la Educación Pública tiene dos componentes centrales: los recortes para la inversión y la masa salarial. Las inversiones, en realidad, prácticamente se han detenido. Se multiplican las carencias edilicias, la falta de mantenimiento, la ausencia de nuevas obras. Lo único que desvela a Robert Silva es pintar las fachadas de los locales. Mostrar, también ahí, control y disciplinamiento. Con una concepción de los centros educativos más cercana a un cuartel o a un establecimiento disciplinario que a un espacio de construcción crítica de conocimiento, de ciudadanía y de seres humanos integrales, que eso son.
En lo que tiene que ver con la masa salarial, el principal rubro de recorte, la reducción general es del orden del 3,2% en 2021 con respecto al año anterior, y habrá un nuevo recorte del 0,6% en 2022 en relación a 2021. Los salarios de docentes y trabajadores de la educación han perdido un 8% de poder de compra.
A eso hay que agregarle el ahorcamiento presupuestal a la UDELAR, lo que limita su inserción nacional; la investigación científica, el 80% se hace en la UDELAR; dificulta o directamente impide la absorción de los nuevos estudiantes; coloca en una situación delicada al Hospital de Clínicas; golpea el sistema de becas, para los estudiantes de los sectores más humildes de nuestra población; pone en cuestión todas las obras de infraestructura educativa.
La cara más dramática del ajuste presupuestal es la imposibilidad de responder a los crecientes problemas de seguridad alimentaria, forma civilizada de decirle al hambre, que enfrentan miles de niñas, niños y jóvenes, en todo el país. Demagógicamente la derecha atacó al paro y la marcha acusando a los sindicatos de poner en peligro, cosa que era falsa, por un día, la comida en los comedores escolares, mientras recorta rubros para atenderla, realmente, todos los días.
Entonces, en primer lugar, la Marcha Nacional Educativa fue una respuesta, de denuncia y de reclamo, contra el salvaje ajuste que está instrumentando la coalición de derecha en el gobierno.
Y ese ajuste se instrumenta en el medio de otro: la subordinación de la educación a las necesidades del mercado de trabajo, y en particular a los intereses del capital y las patronales en él. Las clases dominantes, cuyos intereses expresa y defiende el gobierno de derecha hegemonizado por el Herrerismo, conciben a la educación no como un derecho sino como una mercancía, que tiene que ser funcional a las necesidades de reproducción del capital y punto.
Esa transformación educativa, que de liberal no tiene nada, es profundamente conservadora, se hace violando la legislación vigente, vaciando los espacios institucionales de contenido, con una visión tecnocrática, mercantilista, completamente alejada del quehacer cotidiano educativo y sus protagonistas: docentes, trabajadores, estudiantes y alumnos.
Se complementa con un ataque sistemático contra la Educación Pública. No es de extrañar que así sea, el elenco que dirige la educación en este gobierno se formó y sigue estrechamente vinculado a instituciones privadas, no a las públicas.
De hecho, Luis Lacalle Pou es el primer presidente de la historia que se formó íntegramente en la educación privada. Es un cambio cualitativo trascendente y después hablan de grieta. El presidente y la inmensa mayoría del elenco que dirige la educación, no todos claro está, son hijas e hijos de la única grieta social realmente existente: la que genera el poder del dinero. Por eso su menosprecio y ajenidad hacia la educación pública, que son ideológicos claro, pero también son fruto de su práctica vital.
A ello le unen un terror atávico a todo lo que sea sindicatos o gremios estudiantiles. Por eso los sumarios y sanciones desde que asumieron; las denuncias contra los estudiantes que pretenden organizarse; el ataque público a la docente y sindicalista de UTU que osó hacerle un planteo al presidente; y el ataque sistemático contra los sindicatos de la enseñanza, demonizándolos, desprestigiándolos, que tuvo un punto alto en el circo de la Comisión Investigadora en Diputados contra FENAPES.
Una de las frases célebres del ministro Da Silveira es que “los sindicatos de la educación son parte del problema no de la solución”. Toda una declaración de principios, de nivel de zócalo, claro.
A ello le unen, como parte de todo lo anterior, una concepción conservadora y restrictiva de la laicidad. La laicidad implicó históricamente la concepción democrática de abrir el proceso educativo a todas las visiones religiosas, filosóficas, al saber científico, al debate de ideas. Es exactamente lo opuesto a lo que defienden sus ahora autoproclamados defensores. No se defiende la laicidad persiguiendo docentes y estudiantes, instalando un clima de inquisición y censura, imponiendo a golpe de sumarios una visión única y uniformizada.
Es tremendamente simbólico que la respuesta de la derecha a los reclamos de esa enorme expresión democrática que fue la Marcha Nacional Educativa, haya sido un intento de esencialidad para atacar el paro, el ataque a FENAPES en el Parlamento y hasta el intolerable hecho de que un funcionario policial que fue a vigilar la marcha ostentara en su nuca un tatuaje nazi.
A todo eso respondió la Marcha Nacional Educativa. Los gremios de la educación ya demostraron su representatividad ganándole a la derecha todas las elecciones por espacios de representación que se realizaron: la FEUU, los docentes y los egresados en el cogobierno universitario; los sindicatos logrando los dos cargos de representación docente en el CODICEN y los estudiantes el de representación en el Consejo de Formación en Educación.
Ahora también lo demostraron en la calle, con miles y miles en la Marcha Nacional Educativa.
Es imprescindible, como parte del fortalecimiento del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, la construcción de un amplio movimiento en defensa de la Educación Pública, mucho más amplio aún de lo importantísimo que ya se logró. Como bien dijeron en la marcha: la Educación Pública es patrimonio de todo el pueblo uruguayo.
En ese camino la Marcha Nacional Educativa fue un gran paso. La educación tiene quien la defienda. Que el gobierno tome nota.
