La escuela, un lugar único e insustituible

La escuela es sin lugar a dudas una actividad vital que marca a los individuos en múltiples aspectos. Se trata de un tiempo único, fuera del círculo de socialización primario (la familia), que promueve el intercambio con pares, incrementa los niveles de autonomía y amplía el espectro de experiencias para las infancias. La disminución del tiempo pedagógico en niños y niñas tiene como primer impacto inmediato -y fácilmente deducible- una repercusión en el desarrollo integral y en la apropiación de saberes. En términos coloquiales, menos escuela implica menos experiencias y menos aprendizajes.

Desde una mirada pedagógica, los saberes no son estáticos, escalonados, lineales ni siguen un orden único y predeterminado. Éstos responden principalmente a la singularidad de los procesos de cada persona, el contexto sociocultural en el que se desenvuelven y a las propuestas de enseñanza que se llevan a cabo en los centros educativos. Por ello, si las condiciones para enseñar y aprender mejoran (propuestas educativas integrales con idiomas, arte, educación física, acceso efectivo a salidas didácticas, centros a escala humana, menor cantidad de niños y niñas por maestra/o, apoyos específicos, trabajo multidisciplinario, Programa Maestros Comunitarios, ampliación del tiempo pedagógico, estabilidad laboral y salarial de los/as docentes en los centros, etc.) el impacto en los saberes podría potenciarse.

Con estas consideraciones previas -que todo ciudadano y ciudadana de nuestro país las tiene claras de Varela a la fecha- encontramos con gran asombro en la LUC la modificación -a nuestro entender se trata de uno de los aspectos de “reforma” más nefasto- que se impone en el artículo N° 127 en el cual se cambia el concepto de la obligatoriedad como históricamente conocemos. Esto significa inscribir a niños y niñas en la escuela y que concurran.

En diversos debates se advierte la gravedad de habilitar el proyecto la “Escuela en Casa” que hace la aristocracia europea y los argumentos que la educación es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Si este es el propósito de sacar la obligatoriedad, las consecuencias son funestas, dejan a la escuela sin instrumentos y desprotegidas a las infancias, mucho más a aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables, que son a las que se van a buscar cuando no concurren, que son a las que se le suspenden las prestaciones de los diferentes planes sociales. Además, se concreta una transformación del concepto que nos horroriza, porque el derecho (la obligatoriedad), no es de los adultos “padres”, es de los niños, niñas y jóvenes que se educan. En concreto, el artículo N°127 de la LUC lo modifica, quedando solamente la inscripción de las familias sin la obligación de mandar a sus hijos e hijas a la escuela.

Otro debate es el sentido común dominante construido en torno al tema educación, porque toda la “polémica” mediática se da en torno a clichés y el problema educativo solamente es un problema de “la gobernanza” y nosotros entendemos, que el sistema educativo tiene un problema mayor y es la desigualdad.

Podemos resumir que estamos ante un gobierno que privilegia la libre competencia del mercado, el retiro del Estado como garante de derechos y la concentración de la riqueza. Esta estrategia aplicada a lo educativo se refleja en la LUC, pero también en medidas específicas tomadas desde el CODICEN de la ANEP y las Direcciones Generales.

En nombre de la autonomía de los centros, las escuelas se han visto desamparadas, navegando en un mar de incertidumbres, presas de la improvisación y el acceso a la información a través de pantallas. Por otra parte, en nombre de la focalización, se viene una ola reduccionista y empobrecedora de la propuesta educativa. Se restringieron de antemano actividades extraescolares y coordinaciones barriales orientando explícitamente a trabajar dentro de las escuelas.

En otro orden de cosas, lo que está ocurriendo respecto a la alimentación escolar en verano a través de prestaciones -que cobran algunos en los ABITAB Y RED PAGOS-, es lamentable. Las autoridades de la educación han demostrado cuan miserables pueden ser, las y los docentes lo vivimos acompañando a las familias durante todo el proceso. Si bien existen claras intenciones políticas en las decisiones que toman, varias figuras de la coalición de gobierno han dicho que la alimentación es un servicio y no un derecho, y también han dejado entrever unas veces y dicho con todas las letras en otras oportunidades, que las familias que pueden hacerlo deben pagar por la alimentación escolar, esas autoridades se olvidan que las y los uruguayos pagamos el impuesto a Primaria que tiene como principal objetivo financiar la alimentación escolar.

Pero además de esa concepción con la que discrepamos en todos sus términos hay que decir que en la aplicación de sus malas ideas presentaron muchos errores de gestión. Muchos otros errores se produjeron por desconocimiento, pero también por ausencia de consulta y/o atención a las sugerencias. La FUM-TEP desde un primer momento, marcó claramente las diversas situaciones que generarían atrasos y dificultades. Sin embargo, ocurrió lo contrario. No es asombroso, sabíamos que tendrían con las y los trabajadores un vínculo marginal, con diálogo sesgado y poca intención de negociar.

Se reformó en la LUC un cambio en el gobierno de la educación que nos quitó un espacio que muchos sentían como propio, lo cual indica que la larga lucha de tantas compañeras y compañeros por la representación docente dio sus primeros frutos.  Enfrentamos ahora la tarea de recuperar este legado y pelear por la reconstrucción de un espacio de participación que posiciona a los y las trabajadoras docentes como hacedores de Políticas Educativas a todo nivel, algo que le hace muy bien la sociedad y la democracia.

Gabriela Verde.

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