El pasado 13 de abril, en el portal de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, se informa que “la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) no ahorró calificativos a la hora de redactar su análisis sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 2020”.
La nota agregaba que en el balance realizado se había reportado “una gran disminución” de los reportes en comparación con años anteriores.
En las conclusiones del mencionado Informe, se resaltaba que se estaba “ante una preocupante tendencia”, calificación esta que era referida especialmente “a los escasos reportes entregados por los escribanos y otros operadores del sector no financiero, cuyas obligaciones y sanciones fueron muy atenuadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC)”.
No era la primera vez que AEBU, alertaba sobre el tema, tampoco sería la última.
En recientes declaraciones a M24, Roberto Bleda, dirigente sindical del gremio de bancarios ratificó que “el lavado de activos producidos por negocios ilegales y criminales”, probablemente había crecido en el país, “dado que bajaron drásticamente los Reportes de Operaciones Sospechosas que elevan privados como bancos, inmobiliarias y estudios contables al Banco Central”.
En sus declaraciones, el dirigente sindical ratificó esta situación como otro de los efectos previsibles de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Estos reportes, enfatizó Bleda, “siguen reduciéndose”, lo que viene a confirmar, agregó el planteo original de AEBU, cuando “lo pronosticó en el propio Parlamento”.
“En aquel momento decíamos también, que en el 2020 seguramente el Gafilat no va a hacer ningún tipo de consideración muy puntual porque los ́tiempos pandemia ́ iban a llegar a atrasar las cosas, pero que en algún momento algún tipo de observación, algún tipo de medida iban a tomar con respecto a esos informes”, recordó el dirigente sindical.
Bleda enfatizó “que no cabe atribuir la disminución de reportes a la reducción de actividades sociales y económicas al efecto de contener la pandemia”.
En este sentido señaló que, “durante el 2020, la actividad bancaria, y la actividad inmobiliaria, no decayó como otros sectores de actividad (…) no hubo menos transacciones inmobiliarias; el mercado inmobiliario se mantuvo y se mantiene aún muy activo; o sea, no es que hay menos reportes porque hay menos actividad”.
Detalló que, “el negocio inmobiliario, el mercado inmobiliario se mantuvo muy activo durante el 2020”, período este donde se localizan justamente “menos reportes”.
Esta situación es similar a los que pasó “en la actividad bancaria, apenas se notó la pandemia en perjuicios o pérdida de dinamismo, más allá de que hubo una baja en el consumo de familias, pero en general la actividad no se vio muy afectada”, recalcó Bleda.
En sus declaraciones al medio de prensa, Bleda, señaló que dos artículos de la LUC son los que debilitan los controles y con ello facilitan el lavado con dinero en efectivo.
“Solamente”, agregó “la victoria del referéndum contra los 135 artículos podría frenar la tendencia” y si ello no sucede, el país “va a terminar siendo observado de alguna manera por los organismos internacionales en el lavado de dinero; y eso a la larga, como también señalábamos en la exposición que hizo AEBU en el Parlamento, tiene consecuencias sobre los inversores que puedan venir al país a hacer negocios.
“El alerta sigue, continúa, creemos que el paso que se ha dado en ese sentido con la LUC no ha sido bueno para nada”, enfatizó.
Con relación a cómo eso afectaría inversiones, Bleda destacó el peligro potencial de que “el inversor vea como riesgoso, como altamente especulativo o volátil el mercado financiero (…) el inversor quiere cierta estabilidad, cierta prolijidad y no quiere ser observado en su país de origen; porque si un inversor europeo piensa invertir en Uruguay, y Uruguay está siendo observado, a él lo observan en su país de origen por ir a invertir en un mercado riesgoso en cuanto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; entonces va a preferir invertir en un país donde no tenga esa observación de su casa matriz; y eso no se ve con claridad a veces cuando se habla de esto”.
“Cada vez más, la presión de la OCDE viene siendo más fuerte, incluso más contundente que la de Gafilat, porque a la larga ningún país quiere que le evadan impuestos (…) Uruguay abandonó de alguna manera esa idea de paraíso financiero que teníamos en los ́90, pero las señales que se están dando hacia adelante no son buenas (…) y creo que también OCDE lo va a seguir de cerca porque se ha comenzado como a desandar el camino andado; creo que a la larga podemos llegar a tener dificultades también en ese nivel”.
Si esto acontece, “ahí el gobierno va a tener que ponerse mucho más las pilas porque son organismos muy poderosos y muy fuertes que limitan las economías de los países de alguna forma”, explicó.
Al explicar las razones del camino elegido en esta área por el actual gobierno, Bleda afirmó que es un “peligroso camino” con origen “multicausal”.
Una posible causa, señaló, “es que hay algo de poco conocimiento; lo que pasó con esto claramente muestra, así como pasó con otras cosas en otras áreas, que realmente no se estaba preparado como se decía, ́estamos preparados para gobernar (…) recién se comienzan a conocer algunos asuntos”.
Enfatizó que, además, “hay un cierto privilegio a un sector (…) por tanto favorecer a un sector de la economía se descuidan otros”.
“Lo otro”, agregó finalmente, “es que a veces también están lo que se llama los lobby ́s: el sector inmobiliario principalmente nunca quiso colaborar mucho con esto, porque se le complicaban las cosas, le implicaba en un plazo corto tener que prepararse, que estudiar algo que antes no; es decir nunca se mostró muy congraciado con colaborar en esto, para nada, más bien sintió como que se le limitaba, que los ponían en cosas que no tenían que ver, tanto a ellos como a los contadores; y creo que eso ha presionado también dado que “la baja de reportes en ese sector es tremendamente asombrosa”.
