“¿Para quién están gobernando con estas medidas? Para unos pocos y en contra de las grandes mayorías”
La discusión que hemos dado respecto a los 135 artículos que impugnamos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) dejó en claro que en ellos no hay ninguna idea ni propuesta que contribuya a mejorar los reales problemas de la gente, como son los de la educación, la vivienda, la seguridad, el empleo y el desarrollo del campo.
Por el contrario, estos 135 artículos perjudican a las grandes mayorías nacionales. Implican un retroceso, dado que ponen en práctica viejas recetas que ya fracasaron. Para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos se necesitan ideas renovadoras, así como mayores recursos para fortalecer las políticas públicas. En estos dos años de gobierno de Lacalle Pou no solo no han existido ideas, sino que la única política implementada ha sido la del recorte, la del ajuste y la reducción de la inversión pública y el poder de compra de salarios y pasividades.
En esta columna nos queremos concentrar en los artículos referidos a la mal llamada “libertad financiera”, denominación engañosa que el gobierno utiliza como forma de disimular e intentar justificar los retrocesos que la LUC introduce. Bajo un relato supuestamente inspirado en la libertad se esconden retrocesos significativos en materia de inclusión, derechos laborales, transparencia y combate al lavado de dinero. De un plumazo se borra buena parte de la Ley de Inclusión Financiera, despreciando los resultados positivos que ha tenido para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la gente. La LUC no solo no soluciona ninguno de los problemas que dice querer resolver, sino que, por el contrario, perjudica y genera problemas a los más débiles, y sólo beneficia a unos pocos malos empresarios y genera condiciones que favorecen al lavado de dinero.
La Coalición de gobierno venía insistiendo desde la campaña electoral, una y otra vez, en que, de ganar las elecciones, le iba a devolver a los trabajadores la libertad de elegir cómo cobrar el sueldo. Sin embargo, la LUC dejó por el camino la proclamada y prometida libertad de elección del trabajador. Fue una de las tantas promesas electorales incumplidas, como la baja de los combustibles, la defensa del salario y las jubilaciones, y la no suba de impuestos. Con la LUC se obliga al trabajador a negociar individualmente y acordar con el empleador la forma de pago del salario, ¡y lo tiene que hacer al momento de empezar a trabajar! ¿Alguien cree que en ese momento el trabajador tiene alguna chance de negociar algo? Queda claro que la LUC terminó dejando la libertad en manos del empleador, que será quien en los hechos va a elegir cómo pagar el salario, tal como sucedía antes de la Ley de Inclusión Financiera.
De esta forma, la LUC deja en “libertad” a un eventual mal empleador de elegir pagarle a sus trabajadores en efectivo y no ponerlos “en caja”, haciéndole perder todos los beneficios de la seguridad social. Y vaya si esta pandemia dejó en claro la importancia que tiene la formalidad laboral y la cobertura del Banco de Previsión Social (BPS) para trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, a través del seguro de desempleo, el seguro de enfermedad o la atención de salud del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Esto implicará un perjuicio importante para los y las trabajadoras, para quienes la informalidad no es otra cosa que la pérdida de derechos laborales. Pero también pone en riesgo la posibilidad de acceder y usar el sistema financiero formal en forma gratuita para cientos de miles de personas a través de su cuenta sueldo. Personas que, previo a la Ley de Inclusión Financiera, vivían en un país donde tener una cuenta bancaria era un privilegio casi exclusivo de unos pocos.
Por otra parte, la LUC también significa un gran retroceso en materia del combate al lavado de dinero proveniente de la evasión tributaria, el narcotráfico o el crimen organizado. Los cambios introducidos son muy preocupantes y, potencialmente, muy perjudiciales para el Uruguay. En este caso, la proclamada “libertad” que la LUC consagra es la de poder pagar en efectivo hasta 120 mil dólares, ¡como si fuera lo más normal ir con 120 mil dólares en un maletín, en billetes de 20, a comprar algo! Nadie puede defender la idea de que los uruguayos ganemos en libertad por el hecho de poder pagar hasta 120 mil dólares en billetes. Parece claro que no se trata de una necesidad de los uruguayos y mucho menos de una urgencia.
Por eso cabe preguntarse: ¿para quién están gobernando con estas medidas? Está claro que para unos pocos malos uruguayos y en contra de las grandes mayorías. ¿Qué problemas se resuelven así? Ninguno. Por el contrario, existe el riesgo de que volvamos a vivir viejos problemas del pasado, que habían sido superados. Supimos estar en la mira de todo el mundo por la falta de transparencia que en el pasado tuvimos, y hasta nos llegaron a incluir, brevemente, en una “lista negra” y, luego, en una “lista gris”. Hubo que trabajar mucho, entre todos, para recuperar la imagen y reputación de país serio y transparente que hoy tenemos y que, lamentablemente, estos artículos de la LUC ponen en riesgo.
Estamos yendo a contramano del mundo. Para mencionar el ejemplo más reciente, hace pocos meses España redujo el monto máximo que se puede pagar en efectivo, pasándolo de 2.500 a 1.000 euros. Acá la LUC lo aumentó de 5.000 a 120.000 dólares.
Los uruguayos no ganamos nada promoviendo, a través de la LUC, el uso del dinero en efectivo o debilitando los controles antilavado. Pero sí corremos el riesgo de que Uruguay pierda su buena reputación ganada en base a su transparencia. Mientras que la opacidad es negocio para unos pocos, la reputación de país confiable y transparente es riqueza de todos los uruguayos.
Además, más allá de los graves problemas mencionados y de la mano de la inclusión financiera, el país estaba construyendo una densa plataforma de actores, tecnologías y prácticas sociales en línea con el mundo cada vez más potente de la economía digital, proceso que con la LUC cortamos de un hachazo.
La LUC es una pésima ley, que abusó del mecanismo constitucional de la urgente consideración, que introdujo normativa retrógrada en varias áreas, y que pone en riesgo muchos avances que el Uruguay había construido, como acabamos de ver. Es un profundo error político, es el resultado de una muy mala forma de legislar. Una manera atropellada y autoritaria, en medio de la pandemia, que destruye nuestras mejores tradiciones de hacer política, llevándose puesto al Parlamento. Es una trampa para la democracia. Por eso tenemos que ser muy claros y contundentes en el rechazo al abuso que el gobierno hizo de este mecanismo de urgente consideración, que sienta un pésimo antecedente. Por eso es tan importante decirle SÍ a la derogación de estos 135 artículos.
El 24 de marzo, frente a Perú, todos somos celestes. Pero el 27 de marzo, frente a la urna, todos los ciudadanos somos, más allá de a quién hallamos votado en las últimas elecciones, legisladores, y vamos con la rosada por el SÍ. Es lo que le conviene al Uruguay y a su gente.
Mario Bergara, Senador de Fuerza Renovadora y el Frente Amplio, ex presidente del Banco Central del Uruguay.
