La ofensiva contra el Instituto Nacional de Colonización

PIT-CNT alerta sobre las consecuencias de los rectores presupuestales y las medidas contenidas en la LUC.
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El PIT-CNT alertó en un comunicado público contra la política de golpear en varios planos al Instituto Nacional de Colonización que viene desarrollando el gobierno nacional.

En una declaración del Secretariado Ejecutivo, de este miércoles 18 de noviembre, el PIT-CNT cuestiona los recortes presupuestales, el retaceo de tierras efectuado en la LUC, la inestabilidad política de la conducción del INC y la decisión del directorio de aumentar significativamente la renta a los colonos en medio de la crisis provocada por la emergencia sanitaria y las dificultades climáticas.
La declaración se titula: “Por una política de desarrollo rural que promueva la producción familiar y condiciones de vida digna”.
EL POPULAR la transcribe textualmente: “El Instituto Nacional de Colonización cuenta con más de 600 mil hectáreas, donde más de 370 mil son propiedad del ente y se arriendan a precios razonables a familias y grupos de productores y asalariados rurales que no poseen los recursos para comprar campos. En tierras del INC se desarrollan, según datos de la institución a junio de 2019, cerca de cuatro mil proyectos productivos, ya sea en modalidad de explotación familiar o asociativa. Más de 2.600 personas que trabajan en tierras del INC cumplen con las condiciones del registro de producción familiar de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
Las familias colonas, según el último dato disponible del censo de 2011, son el 27% de la tierra ocupada por la agricultura familiar en Uruguay.
Lejos de ser un páramo de tierras improductivas, como hay sectores que quieren hacer creer, en las colonias del INC abundan casos que se destacan en el promedio de la producción nacional en todos los rubros.
Solo por poner dos ejemplos, con datos actuales, en Flores, la producción lechera en campos del INC, en algunos casos, supera los 9.000 litros de leche por hectárea por año; mientras que, en predios colectivos en Tacuarembó, con seguimiento del Plan Agropecuario, se logran ingresos 30% superiores al promedio de los predios criadores de la zona.
La política de tierras y desarrollo rural enfocada a la producción familiar y a los asalariados/as rurales que lleva adelante el instituto está siendo afectada en varias áreas: Los cambios propuestos en la LUC en los artículos 357 y 358 ponen en cuestión y redefinen la naturaleza del Instituto Nacional de Colonización (INC), en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública. Asimismo, permite volcar al mercado de tierra alrededor de 80.000 hectáreas que la sociedad uruguaya resguardó por varias generaciones y que tienen valor tanto en la dimensión económica-productiva como social, ambiental, cultural y comunitaria.
Además, el presupuesto quinquenal elaborado por el gobierno, baja de 1.047 millones a 100 millones de pesos anuales, los recursos destinados al INC por Ley para la compra de tierras. No sabemos a dónde va ese dinero. Sabemos que ya no será destinado a la compra de tierras para atender a las más de 1.000 familias que se presentan por año en busca de tierras, de entre las cuales unas 7 de cada 10 cuentan con perfil para acceder a fracciones del instituto.
Por otra parte, el directorio del INC, aumento un 120% las partidas para personal de confianza, lo que suma unos 6.600.000 pesos anuales.
A lo anterior se suma la inestabilidad política, marcada por los cambios en las autoridades durante este 2020. A cuatro meses de asumir la dirección del ente, el presidente designado renuncia, asumiendo un presidente interino. Actualmente se está a la espera de un nuevo cambio.
Además de la preocupación por la afectación de los bienes públicos, la inestabilidad de la conducción política, el recorte presupuestal a la compra de tierras, que dejará cientos de familias sin posibilidad de acceso a fracciones del INC, genera incertidumbre y preocupación la resolución de directorio de trasladar a los colonos un aumento significativo de los precios de la renta.
Esta situación podría empeorar o generar situaciones de morosidad, en un contexto agroclimático adverso para el desarrollo de las producciones agropecuarias.
Existen mecanismos alternativos, para flexibilizar o dilatar en el tiempo los necesarios ajustes de la renta, que permitan cuidar la sostenibilidad de los colonos y la institución, difiriendo en el tiempo los efectos de la crisis que atraviesa el país.
Por último, resaltamos que debería ser prioridad del Estado una política de desarrollo rural, que permita seguir afincando familias en el campo, así como velar por su desarrollo en condiciones de vida digna. Los grandes afectados por los cambios que se vienen desarrollando serán sin duda, los más desfavorecidos: productores/as familiares de los estratos más chicos y asalariados/as rurales”.