La pesadilla del techo ajeno

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Por Gonzalo Perera

Dentro de la cultura uruguaya, la casita, “el sueño del techo propio”, ocupa un rol absolutamente central, fundamentalmente en las clases trabajadoras y capas medias. No importa si más modesta o coqueta, si más sencilla o refinada, si en terreno propio o en el fondo del terreno de los viejos, el tener un techo propio donde vivir con dignidad es una aspiración que quien ha habitado en otras latitudes, sabe que en Uruguay está mucho más presente.

Pero esa aspiración para muchos no es posible. Por supuesto que hay casos que duelen muy particularmente, como las personas en situación de calle o los ranchitos precarios de un asentamiento privado de los servicios más básicos. Por supuesto.

Pero la realidad del techo propio es lejana a la realidad para muchísimos más uruguayos, que hasta el 2019 no afrontaban situaciones dramáticas, pero que, poco a poco, comienzan a hundirse en las sombras, particularmente desde la agudización de la crisis socioeconómica fruto del neoliberalismo en el gobierno y la pandemia (en ese orden) y, dato nada menor, desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), particularmente su Sección 9, artículos 426 al 459, que constituyen grosso modo la cuarta parte de los 135 artículos impugnados de la LUC. Nos referimos a todo aquel que vive bajo un techo que en realidad es ajeno, a expensas del pago de un alquiler, sujeto a un contrato y a un marco normativo que la LUC afecta de manera radical.

Nos queremos concentrar en este punto pues en un momento en que la recolección de firmas es tarea central, nos parece conveniente no sólo considerar las secciones más urticantes (Seguridad, Inteligencia, Educación, Derechos Laborales, etc.) sino también a una sección que, por afectar a una gran parte de la población, puede ser completamente transversal a posiciones partidarias y ayudar a convencer a conciudadanos de diversas extracciones a firmar.

Buena parte de la población que habita bajo un techo digno, más allá de su ubicación y características, lo hace por la vía de alquilar su morada. Esto es un fenómeno muy transversal. En la mayoría de los casos se alquila porque no se puede ahorrar o a acceder a préstamos para construir o comprar, pero también alquilan los estudiantes o trabajadores que por un tiempo transitorio deben residir en un lugar diferente al de su origen, alquilan las personas que viven un proceso de separación familiar y que deben o desean cambiar domicilio, alquilan quienes ya muy mayores entienden imposible o inviable invertir en una construcción o adquisición, etc. En suma, alquilan personas, seres humanos e historias de vida de diversas edades, ubicaciones geográficas y condiciones socioeconómicas, preferencias partidarias, etc.

Esa realidad, a menudo más impuesta por la vida que deseada, la situación de acceder a una vivienda bajo el régimen de alquiler, ciertamente no se corresponde con “el sueño del techo propio “, pero tampoco debería transformarse en una suerte de pesadilla, por el mero hecho de habitar bajo techo ajeno.

Pero la LUC ha sido tan polivalente, tan amplia e intensa, que ha logrado esa transformación. Como se ha dicho, la sección 9, artículos 426 al 459, logra que el alquilar un inmueble pueda ser una verdadera pesadilla.

Vamos a remitirnos a algunos hechos, de menor a mayor:

1. El artículo 427 establece que: “El pago de los consumos, gastos comunes o servicios accesorios a la locación, serán de cargo del arrendatario, salvo pacto expreso en contrario en el contrato de arrendamiento”. Esto desconoce que hay gastos fijos que el propietario seguiría pagando si tuviera el inmueble desocupado y cuya transferencia automática al inquilino parece, como mínimo, discutible, generadora de un sobreprecio de alquileres y aumento de lucro para quien, poseedor de múltiples inmuebles, vive de su renta. Adicionalmente, se establece que el atraso de pago en estos conceptos se considerará parte de la deuda del alquiler y, por ende, pasibles de generar causal de desalojo. Hablando clarito y en plata: si un especulador o gran operador inmobiliario que vive básicamente de la renta de su capital alquila por un precio X a una familia trabajadora, automáticamente aparece un sobreprecio, que se suma a X y cae sobre hombros trabajadores.

2. El artículo 430, tecnicismos aparte, establece que el plazo para el desalojo, una vez dispuesto por juez, se reduce a 30 días de la notificación de resolución. Es decir, se le puede avisar a una familia trabajadora que tiene poco más de 4 semanas para buscarse otro lugar donde morar, armar su mudanza, reubicar sus hijos en edad escolar o liceal. Un claro ejemplo de sensibilidad social.

3. El artículo 455 merece citarse íntegramente: “Para iniciar la acción de desalojo no se requerirá acreditar el derecho de propiedad sobre la finca arrendada, bastando para acreditar la legitimación activa, que se acompañe el contrato de arrendamiento o subarrendamiento o facsímil, con autenticación de su fidelidad con el original por escribano. No será necesario acreditar por el arrendador o propietario encontrarse al día en el pago de cualquier tributo nacional o departamental”. Traducción: a) Si mediante alguna ingeniería legal, uno de los grandes jodedores que nunca le paga al BROU, que elude la DGI, que no paga contribuciones inmobiliarias, etc., y que posee una gran cantidad de inmuebles de cuya renta vive, y que hace aparecer distintas propiedades a nombres de distintos testaferros, al iniciar el desalojo de un inquilino, el testaferro que corresponda puede perfectamente lanzar todo el procedimiento, pues no necesita acreditar ser el real propietario del inmueble. b) De Ripley: a título expreso, se aclara que quien pide el lanzamiento no necesita estar al día en sus impuestos de ningún tipo. Linda forma de reducir el tan mentado déficit fiscal, alimentar así la evasión o elusión tributaria de forma expresa.

Llevemos esto al plano político. No queremos demonizar ni construir un relato blanco/negro de la realidad. Seguramente hay arrendatarios honestos e inquilinos pícaros o abusadores. No lo pongo en duda. Pero mucho menos pongo en duda que hay una cantidad muy sustantiva de arrendatarios que responden a un único propietario de múltiples inmuebles y que se despliega en múltiples nombres tentados por pocos pesos, para eludir las cargas fiscales, préstamos bancarios frente a los cuales se declaran insolventes, etc. Grandes jodedores, que no hay otra forma de llamarlos. A esos personajes, artículos como los previos (y otros de la misma sección) les vienen como anillo al dedo. Pueden desalojar sin asomarse, sin gastos, sin ver revisados sus propiedades y su situación tributaria. El paraíso del jodedor.

Del otro lado, en la gran mayoría de los casos, hay una familia trabajadora que siempre pagó sus obligaciones, que, por pérdida de empleo, o reducción de sus ingresos, en cierto momento no pudo pagar más el alquiler (o los gastos comunes, costos asociados, etc.) porque la disyuntiva es hambre o alquiler. A ellos, se los puede poner de patitas en la calle en 30 días, por parte de un gran jodedor que debe fortunas.

La LUC protege al especulador inmobiliario y desprotege a las clases trabajadoras y capas medias que alquilan su vivienda. Debe decirse fuerte y claro, pues afecta a una multitud.

Si no firmamos para derogar estos artículos, transformaremos el Uruguay del sueño del techo propio en algo muy simple de describir: el país de la pesadilla de habitar bajo techo ajeno.