Por Victoria Alfaro
Los trabajadores de la salud privada advierten que si no se toman medidas, las mutualistas caerán y la situación será peor que durante la crisis del 2002, acrecentada, encima, por la pandemia que de esa forma será difícil de contener.
Ayer jueves la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), organización que nuclea a los trabajadores no médicos de las mutualistas, realizó un paro y se movilizó en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.
“El centro de la cuestión está puesta en el empleo, ¿por qué es así?, porque tenemos 200 mil uruguayos y uruguayas en el seguro de paro, 100 mil desocupados, decenas de miles con carencias, incluso de alimentación. Esta es la otra cara de la pandemia sanitaria: la pandemia social y económica”, dijo a EL POPULAR, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez.
La situación del desempleo que estará en “un 18% a fines de año, impactará directamente en el sector de la salud privada en cuanto a las afiliaciones a las instituciones privadas de salud”, explicó.
“Las afiliaciones a las mutualistas se hacen a través del Fondo Nacional de la Salud (Fonasa). Los uruguayos a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de la Salud (SNIS), en el gobierno del Frente Amplio, aportan al Fonasa de acuerdo a un porcentaje de su salario”, acotó.
“Si el trabajador queda desocupado, se cae su cobertura del sistema privado, ya que está registrado a través del Fonasa que, con el dinero de todos los uruguayos, le paga las cápitas (cuotas salud) a las instituciones de salud, de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen, a la composición de los mismos, etc”, explicó.
Entonces, “la desocupación genera que el sector pierda afiliados. Por ejemplo, a junio de este año ya se habían perdido 80.000 cápitas, y la perspectiva a fin de año es que pierdan 140.000 más”, advirtió el dirigente.
Es así que la pérdida de cápitas incide en la calidad de la salud. “Estamos en las puertas de una crisis superior a la del 2002 en el sector. Desde el punto de vista de la perspectiva, la pérdida de afiliados y el cierre de las fuentes de trabajo sería superior a la del 2002. Tengamos en cuenta que en esa época la composición de la cartera de afiliados a las instituciones estaba integrada por un 60% de socios particulares y un 40% de socios Fonasa”, agregó.
“Hoy eso cambió”, explicó, “el 98% de las afiliaciones mutual son socios Fonasa. Así que, cuanto más desocupación haya, más directo será el impacto en las afiliaciones y por lo tanto más posibilidades de caída hay”.
“Eso va a repercutir directamente tanto en los puestos de trabajo, como en los salarios de los trabajadores de la salud privada. Por lo tanto llevará a una situación de conflictividad, porque claramente no nos vamos a quedar mirando desde fuera”, agregó.
“La repercusión es notable ya que estamos en medio de una pandemia y si se cae el sector privado el golpe sería durísimo en el sistema de salud. Si hay una fortaleza en el combate al Covid 19 en Uruguay, se llama Sistema Nacional Integrado de Salud y también el compromiso de los trabajadores de la salud enfrentando a la pandemia”, indicó.
“Por lo tanto, la caída del sector privado de salud va a significar un golpe durísimo para el enfrentamiento de la pandemia. No nos olvidemos que en ASSE hay 70 mil ingresos nuevos, producto de la migración de uruguayos del sector privado al público en los inicios de esta crisis”, recordó.
“Esto se va a ver reflejado claramente cuando se terminen los últimos seguros de paro que se han extendido hasta setiembre. A fines de agosto esa situación se va a demostrar en toda su crudeza”, recordó Bermúdez.
“Hoy la defensa del empleo es el peor problema que afecta a los trabajadores en el Uruguay. Por lo tanto, nuestro planteo es que el gobierno intervenga en esta negociación directamente, sosteniendo la extensión del seguro de paro y la afiliación mutual y por lo tanto la cobertura de los uruguayos en el sector privado, para que no terminen cayéndose en la informalidad y por lo tanto pasen a la salud pública, generando un cuello de botella en ASSE”, explicó.
“Lo otro sería seguir sosteniendo con dinero público las cápitas de las instituciones que reciben las instituciones privadas. ¿A cambio de qué? De que las instituciones se comprometan en un convenio de un año de duración, que no van a despedir a ningún trabajador de la salud privada por motivos de reestructura, ya que las cápitas están sostenidas por esa intervención del Estado”, añadió.
“Proponemos, además, discutir sobre la base de la profundización del SNIS, la situación real del sector. Por ejemplo, si se puede seguir teniendo salarios multimillonarios, entre otras cosas. Plantear el avance de la salud como derecho y no como mercancía”, advirtió.
“Lamentablemente, no pudimos profundizar la reforma del SNIS, sobre todo en los últimos dos gobiernos del FA y es lo que le estamos reclamando al gobierno de la coalición que encabeza el Presidente de la República”, indicó.
“Aspiramos a que si el gobierno dice que la economía cayó y que el año que viene vuelve a crecer, entonces los salarios deberían crecer lo mismo que la economía del país. Mientras tanto plantemos este convenio a un año, donde se sostenga el salario frente a la inflación y en ese marco se sostengan las cápitas de las instituciones para evitar las pérdidas de puestos de trabajo y un colapso sanitario por la caída de varias instituciones del sector privado en Montevideo y en el interior. En ese panorama la lucha contra la pandemia sería muy difícil de sostener”, advirtió.
Por su parte las empresas “señalan (como siempre) que no tienen recursos propios para enfrentar esta situación. Ellos en realidad están dispuestos a llevar lo que se negocie con el Poder Ejecutivo, pero siempre y cuando esté financiado. Aquí ya hubo un aumento de cuota este mes y todavía no se decidió el aumento salarial. La negociación que estamos teniendo es básicamente con el Poder Ejecutivo y este nos planteó una fórmula con un convenio de larga duración, de tres años, pero no se sostienen ni el salario ni el empleo”.
“Afirman que debe haber una reducción salarial y eso es parte de una decisión previa a la pandemia. Esta simplemente aceleró una definición política de la coalición de afectar los salarios de los trabajadores, generando un ajuste social sobre los sectores populares. Básicamente, entre otras cosas, para traer inversión extranjera directa como motor de la economía y para eso (según ellos), hay que bajar el costo de la mano de obra en Uruguay. Esta pandemia lo que hace es acelerar decisiones ya tomadas”, remató.
