Por Ignacio Martínez
La carta promovida por la Sra. Mercedes Vigil y un conjunto de firmas, expresamente solicita la liberación de los detenidos en la cárcel vip INR Unidad 8 de la calle Domingo Arena en Piedras Blancas.
Allí se encuentran detenidos en muy buenas condiciones, delincuentes como Jorge Silveira (alias Pajarito o Chimichurri), Miguel Sofía, Jorge Gundelzoph (alias Charleta), Ricardo Medina Blanco, entre otros. Todos, sin excepción, procesados por la comisión de delitos de Lesa Humanidad, léase delitos cometidos contra civiles en el orden de las violaciones, traslado forzoso de personas, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada o secuestro, homicidios, terrorismo. Estos son delitos imprescriptibles, es decir que no caducan con el tiempo, más aún cuando se han cometido desde el Estado, desde organismos públicos del Estado como lo son sus Fuerzas Armadas o entidades represivas y de inteligencia legalmente constituidos.
Los que están en Domingo Arena son, sin excepción, responsables directos de estos delitos y peor aún, corresponsables del silencio, del ocultamiento de la información, cómplices de un plan específicamente estructurado bajo los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional que se coordinó con las Fuerzas Armadas de la región en el marco del Plan Cóndor.
El sentido humanitario de la señora Vigil y el recientemente consultado senador Manini, debería comenzar por reclamar una vez más el pleno cumplimiento del artículo 4to de la Ley de Caducidad que faculta a los Jueces a enviar «al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referente a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como los menores presuntamente secuestrados en similares condiciones».
Es decir, se debe seguir investigando, se debe saber la verdad de lo que sucedió con los 196 uruguayos detenidos desaparecidos, dónde desaparecieron, cómo, a donde los llevaron, cual fue el desenlace, dónde están, quienes son los responsables.
Permítame decirle a la señora Vigil que, si nació en 1957, no “jugaba a la rayuela” en tiempos de dictadura. Las desapariciones ocurridas entre 1975 y 1978, para poner dos fechas que marcan un período altísimo de secuestros (incluidos niños), asesinatos, traslados ilegales, robos de bienes de las víctimas ella andaba entre los 19 y los 21 años, más o menos la edad de muchas de las víctimas del terrorismo de estado. Debería sentir repulsión por aquellos crímenes y adherirse al principio que han acogido muchos países de que estos delitos no pueden ser amnistiados ni las penas aplicadas disminuidas.
Dirigiéndome ahora a nuestro presidente, le diré que, así como hace bien en recibir a todas las personas que le solicitan una reunión (debería recibir a los expresos políticos que se lo han solicitado en varias oportunidades), también confío en que será claro y preciso en que los criminales de Lesa Humanidad están ahí porque así lo dispuso la Justicia y ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento deben modificar esta condición, ni siquiera aduciendo ser mayores de 65 años. La edad es insignificante ante el enorme peso de los delitos cometidos.
