Michelle Bachelet, quien oficia como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha dado” la voz de alarma el jueves por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder”.
De acuerdo a sus declaraciones, en el correr “de los últimos dos años la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato”.
Las situaciones que han sido reportadas “incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú”.
Para la expresidenta de Chile, resulta “inquietante”, “que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina”.
“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, afirmó Bachelet, quien agregó que “la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”.
“Permítanme ser muy clara”, continuó expresando la funcionaria de la ONU, “estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”.
De acuerdo a la Alta Comisionada, “las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos”.
Consideró, además, que lejos de ser esto un problema para los gobiernos, ellos “pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar”.
En sus declaraciones, Bachelet pidió a las autoridades de los diferentes países “que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones”.
Finalmente enfatizó que, “en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19”.
Lástima que, dentro de sus inquietudes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no dijera ni una sola palabra de la situación actual en Colombia.
Un país en el que, en el correr de poco más de una semana, se han reportado alrededor de 34 asesinatos y 87 desapariciones, cifra muy superior a la que se produjera en los seis meses que durara el estallido social del país del que, la hoy funcionaria de la ONU, fuera presidenta.
