Este miércoles se lanzó la campaña “Votá Si” en el plebiscito de la Seguridad Social. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, definió con mucha claridad el centro del desafío hacia el 27 de octubre: “Votamos que Si porque oponemos los derechos de las inmensas mayorías a los privilegios de unos pocos”.
Ninguna consideración técnica, jurídica o de supuestos costos fiscales debe opacar, ni por un instante, la dimensión política y ética de lo que está en juego. Por eso hay que decir, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, que la lucha por el SI es justa. Es una legítima respuesta del movimiento popular a uno de los golpes más duros del proyecto de país de la derecha y el bloque de poder que tiene como principal consecuencia la desigualdad.
Se puede discrepar con muchas cosas de la iniciativa popular, pero no se puede discutir que es una iniciativa justificada y justa.
La campaña por el SI es parte de la disputa entre dos proyectos de país. Uruguay es hoy mucho más desigual. Como señalábamos en nuestra anterior edición, un trabajo de cuatro investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la UDELAR determinó que el 95% de los hogares uruguayos percibe menos ingresos que en el 2019 y solo el 5% tiene más ingresos. También que en 4 años las y los trabajadores perdieron a favor del capital 7.440 millones de dólares.
En Uruguay creció la economía, en 2023 hubo récord de exportaciones, más de 13 mil millones de dólares, los bancos tienen ganancias récord y los depósitos bancarios en el exterior también. Pero a la vez creció la pobreza, en especial la pobreza infantil. Hay 50 mil personas pobres más que en 2019. Hay 550 mil trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos, 100 mil más que en 2019. Esto es así porque durante cuatro años cayeron los salarios, las jubilaciones y las pensiones.
Ahora que se ha puesto de moda augurar catástrofes y desastres para la economía y para el país hay que decir que esa es la verdadera catástrofe. Esa desigualdad implica una enorme destrucción social y pone en cuestión al Uruguay como proyecto colectivo de construcción de bienestar y de ciudadanía. El plebiscito de la seguridad social es una respuesta a esa catástrofe, es parte del camino para superarla, política y socialmente.
La reforma jubilatoria impulsada por el gobierno y aprobada el año pasado es parte central, no un detalle anecdótico, de este modelo de la desigualdad. Recorta derechos, pone en peligro el derecho a una jubilación de cientos de miles de trabajadores, implica que la inmensa mayoría vamos a tener que trabajar más años para cobrar menos jubilación, golpea al BPS, beneficia solamente al capital financiero, que no otra cosa son las AFAP y carga todo el costo sobre las espaldas de las y los trabajadores. No resuelve ninguno de los problemas del sistema de la seguridad social y agrava la desigualdad.
El SI en el plebiscito es una respuesta de autodefensa del movimiento popular ante tamaño golpe al presente y al futuro de las grandes mayorías populares. El movimiento sindical y popular, sus organizaciones, no tenían otro camino que el plebiscito, una ley sobre seguridad social no puede ser sometida a referéndum.
La campaña del SI no es contradictoria con el diálogo social que propone el Frente Amplio para encarar una reforma integral y a fondo de la Seguridad Social. Muy por el contrario, lo presupone y le da densidad democrática. Con el plebiscito lo que se busca es colocar un piso para ese diálogo social.
Con estas bases mínimas, el plebiscito busca garantizar la vigencia de los derechos conquistados por el movimiento popular en el Diálogo Social sobre Seguridad Social realizado bajo los gobiernos del Frente Amplio en 2008. En ese año se afrontó una situación, esa también de catástrofe, provocada por la Reforma de la Seguridad Social del año 1995, la que introdujo las AFAP, que determinaba que 7 de cada 10 uruguayos no se iban a poder jubilar. Allí se acordaron medidas como computar un año por hijo para las mujeres; se creó el Subsidio Especial de Inactividad Compensada, que permitía a los trabajadores de 58 años y con 28 años de aporte, que quedaban desocupados, alcanzar su jubilación; se mejoraron las prestaciones por discapacidad; se crearon mejores condiciones para los trabajadores de alta zafralidad, entre otras. Eso permitió el salto en cobertura para que hoy tengamos la mayor de América Latina. Eso es lo que se busca recuperar y proteger.
Volver a tener el derecho a jubilarse a los 60 años, es claramente, una media en ese sentido. Los estudios de la situación en los países donde se ha aumentado la edad jubilatoria determinan que más de la mitad no llega trabajando a la nueva edad. Sabemos que en Uruguay conseguir trabajo después de los 55 años, mucho más después de los 60, es particularmente difícil, las cifras son dramáticas. ¿Es tan malo proponer una iniciativa que restituye ese derecho a cientos de miles que quedarían desamparados, particularmente las y los más pobres?
¿Garantizar que cada uruguaya y uruguayo que se jubile perciba un ingreso igual al Salario Mínimo Nacional es tan malo? Estamos hablando hoy de 22 mil pesos. Los cálculos catastrofistas se basan en proyecciones erróneas. La campaña del SI propone que cada persona reciba esa jubilación o pensión mínima. La papeleta habla de “suficiencia de las prestaciones”, como principio y además propone como equivalente el salario mínimo, que se crea para garantizar un ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas de las personas. Si hay dudas corresponderá, como lo establece la Constitución, que lo interprete el Parlamento mediante una ley y hay amplio consenso de que es por persona. Eso ya de por sí rebaja la cifra necesaria a menos de la mitad de la estimada por las proyecciones actuariales del BPS. Pero, además, lo indica el propio informe del equipo de proyecciones actuariales del BPS, del que llamativamente omiten esta referencia explícita a la importancia de la tarea reglamentaria: “Dada que la propuesta no incluye aún una reglamentación legal ni detalles de cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar”. ¿Por qué no se informa de esta advertencia? Aumentar las jubilaciones más bajas y llevarlas a un nivel mayor de dignidad tiene un costo, claro. Pero ese costo no implica ninguna catástrofe y además es una medida justa. En este punto, adicionalmente, hay que señalar que otro de los errores en los cálculos que estiman en más de mil millones de dólares los costos anuales de esta medida, es que toma los valores de 2023, año en el que hubo mayor distancia entre las jubilaciones y el Salario Mínimo, pero la reforma se aplicaría en 2025, la distancia ya es menor, por lo tanto, el costo también lo es. Según las estimaciones del PIT-CNT el costo real sería de unos 400 millones de dólares al año y en realidad puede terminar siendo de unos 300, una cifra muy cercana a la de eliminar la Tasa Consular que se ha propuesto en esta campaña electoral. ¿Por qué la eliminación de esa tasa no provoca ninguna catástrofe y aumentar las jubilaciones más sumergidas sí?
En cuanto a la eliminación de las AFAP, hay que decirlo con todas las letras, el sistema de privatización de la Seguridad Social fracasó. Llevamos 30 años y es un sistema caro, ineficiente y paga rentas vitalicias de miseria. Prometieron una tasa de reemplazo del 100% y hoy nueve de cada diez uruguayos cobran una renta vitalicia de 5.000 pesos. La reforma jubilatoria del gobierno empeoró mucho las cosas. Tomó varias medidas que solo benefician a las AFAP y que arrojarán resultados peores para las y los trabajadores. Las transformó en obligatorias; las autorizó a descontar comisión por ganancia aun cuando el trabajador este desocupado; desconoció las bonificaciones jubilatorias de sectores de trabajadores como las maestras; eliminó la obligación de aumentar un 50% el cálculo jubilatorio para las y los trabajadores que se afiliaron a las AFAP sin estar obligados; se duplicó el monto de la comisión por pagar la renta vitalicia y se resolvió que todas las y los uruguayos tenemos que pagar, por 40 años, el aporte a las AFAP por el ingreso de las cajas paraestatales a ese sistema, lo que implicará unos 5 mil millones de dólares.
Es contra esas decisiones increíbles de fortalecer un sistema fracasado, caro e ineficiente que la respuesta es la eliminación. Un dato adicional de los 1.400 millones de dólares que anualmente el BPS transfiere a las AFAP, 270 millones corresponden a comisiones y primas, es decir, no llegan al ahorro jubilatorio, no le llegan nunca a las y los trabajadores.
Dejamos para el final una consideración fundamental. El plebiscito se hace porque en octubre de 2023 se lanzó una campaña de recolección de firmas, que implicó un enorme esfuerzo militante para dialogar con cientos de miles en todo el país y culminó en abril de 2024 con la entrega de más de 430 mil firmas.
Esas 430 mil firmas, además del rechazo ampliamente mayoritario, cercano al 70% a la reforma jubilatoria del gobierno y el apoyo al plebiscito que se refleja en las encuestas, porque parece que algunas valen y otras no, son la base de una gran legitimidad para el SI.
Construir un futuro distinto siempre implica desafíos. No se los puede afrontar desde el miedo. Arrancó la campaña por el SI, es un aporte para mejorar la vida de cientos de miles de uruguayas y uruguayos y para la perspectiva popular. Se trata una vez más de dialogar y convencer a la mayoría de nuestro pueblo de ello.
