“Desde la asunción de este gobierno, hubo siete ajustes de precios y las naftas aumentaron 36% en promedio”
La Ley de Urgente Consideración (LUC) ha tenido un impacto muy importante en la fijación del precio de los combustibles, más precisamente en el incremento de este desde su aprobación. Desde que asumió este gobierno la nafta aumentó un 36%. El nuevo mecanismo es opaco, beneficia solo a los privados y a los grandes capitales y perjudica a ANCAP y a la población.
Hay artículos de la LUC que están directamente relacionados con estos. En esta nota, continuando con análisis anteriores, vamos a explicar esta relación.
El artículo 235 de la LUC, uno de los que se busca impugnar con el referéndum, es el que plantea la actualización de precios en hasta 60 días, luego mediante decreto 201/021 se reglamentó una actualización mensual de los precios.
Las nuevas potestades que otorga a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) colocan a la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP) en un segundo plano. Todo esto se hace bajo la presunción de que ANCAP es ineficiente al incorporar una variable de ajuste de precios llamada “Factor x”, que asume supuestos “sobrecostos” de ANCAP, toma pérdidas del negocio del portland de ANCAP (que basta ver el nivel deplorable de inversiones que hubo durante los 90, para saber sus consecuencias en las necesidades futuras que hubo que recomponer para ser competitivos y obtener ganancias, así como lo que implica en términos de fuentes laborales en cada territorio y así su rol social local), biocombustibles (lo consideran un costo cuando significa mejor calidad de los combustibles y menores emisiones de CO2 y puestos de trabajos en localidades postergadas), el subsidio al Supergas (pretenden subir el precio de la garrafa de 13 quilogramos a un valor muy elevado), costos estructurales (referidos a otros negocios que no son combustibles). De todas formas, este famoso “Factor X”, que en su momento se fijó en $2,97 a valores del año 2020, nunca fue actualizado.
Por otra parte, a ANCAP tampoco le está ingresando lo que debería si se suma el Precio de Paridad de Importación (PPI) más el famoso “Factor X”, como establece la reglamentación de este artículo de la LUC. Esta reglamentación también estipula que la URSEA sea quien pase a determinar el Precio Máximo intermedio de venta de las distribuidoras a las estaciones de servicios, lo que antes hacía ANCAP. Otro nuevo recorte de potestades para ANCAP.
El artículo 236 por su parte, encomendó a la URSEA a realizar una revisión de la metodología de cálculo del PPI. El Directorio de ANCAP, con su integración actual, presentó un recurso debido a las inconsistencias y errores de cálculos, que constató en la fijación de este valor, teórico y arbitrario. El recurso fue rechazado ¿Qué se señalaba en el informe técnico que sustentó ese recurso presentado por ANCAP? En términos generales que la metodología presenta errores e inconsistencias técnicas con hipótesis antagónicas en varias oportunidades; es insuficiente la información que brinda sobre los cálculos que realiza; no es referencia de un importador teórico instalado en Uruguay, debido a que no refleja los costos reales que este tendría; perjudica la ecuación económica de ANCAP al brindar una señal incorrecta de la realidad, siendo distorsivo.
Sobre el artículo 237, hay que señalar que establece la necesidad de realizar una Reforma del Mercado de Petróleo Crudo y Derivados, y para ello se encomienda al Poder Ejecutivo (PE) a presentar a la Asamblea General una propuesta integral de revisión, habilitándolo a que pueda convocar a un Comité de Expertos para un estudio exhaustivo del mismo.
Sobre este Comité de Expertos, que efectivamente se ha convocado, valen dos apartados. En primer lugar, sobre su composición, que no incluye ni a la Universidad de la República (UdelaR) ni a ANCAP, dos de los ámbitos con más saber y práctica acumulada en torno a combustibles en el Uruguay, lo cual advierte sobre algunos posibles resultados. Este Comité de Expertos si lo integran representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM), a la vez que se invita a la URSEA y el Congreso de Intendentes. Esta integración muestra, en la mayoría de los integrantes, una relación directa y jerárquica con el gobierno, y, de todos, una relación con la política partidaria y no con ámbitos técnicos.
En segundo lugar, hay señalamientos sobre lo que este Comité efectivamente elaboró. En cuanto a aspectos generales hay que señalar la falta de rigurosidad en el estudio, la discrecionalidad en las conclusiones adoptadas y la clara prevalencia de opiniones particulares de ciertos grupos como premisas para la propuesta final. Estas conclusiones van en detrimento de ANCAP y sus potestades, así como también de los consumidores finales. Expresan con mucha claridad que prevaleció la intención de desmantelamiento de ANCAP por partes. Todo ello bajo argumentos falsos y cuasi opiniones, que se buscan legitimar usando la carátula de “expertos”.
Con base en este Comité de Expertos, habilitado por la LUC, el PE presentó ante la Asamblea General su propuesta de revisión del mercado. En realidad, lo que presentó el Poder Ejecutivo no se aleja demasiado de la propuesta del Comité de Expertos.
Lo que presentó el Poder Ejecutivo envió varias señales. Que la Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. (DUCSA), perteneciente al grupo ANCAP, pierda participación en la distribución secundaria e incluso que disminuya sus ingresos al, por la vía de los hechos, ser la única encargada de las Estaciones de Servicios con fines sociales. La gestión de los fletes (camiones y choferes) que van hasta las estaciones de servicios (EE.SS), hoy realizada por ANCAP de forma óptima y desde una mirada global país, deja de será así, esto pone en riesgo la permanencia del precio único en todas las estaciones de servicios del país, sobre todo porque el documento del Poder Ejecutivo plantea eliminar precios máximos al final del período, lo cual posiblemente provoque que este suba aún más, sin controlar ya márgenes de distribuidoras y estaciones de servicios, perjudicando al consumidor final. ANCAP venía reduciendo los márgenes de las estaciones de servicios, bajo un acuerdo conseguido en años anteriores, esto ahora quedará por el camino ante las nuevas regulaciones. Otro riesgo que se corre con estas desregulaciones es el de seguridad de abastecimiento; ANCAP pasará a encargarse sólo del combustible hasta las plantas de distribución, e incluso podría ser menos, hasta la planta de La Teja. El sector privado sólo abastecerá allí donde adquiera renta, el resto del territorio no le será redituable y por lo tanto no se desarrollará allí, provocando zonas desabastecidas. Lo que se prevé para las EE.SS implica mayor centralización y concentración para las estaciones más grandes, provocando, posiblemente, el cierre de algunas de las pequeñas. Sobre los agrocombustibles, el Poder Ejecutivo propone eliminar la proporción obligatoria del biodiesel en el gasoil, para abaratarlo, lo cual implica mayores emisiones de CO2, menor calidad del producto, así como también una producción y un contrato de compra que se sigue pagando. ANCAP hoy no está mezclando biodiesel por considerarlo “caro”, por una resolución del Directorio del Ente votada por los representantes de la coalición de derecha en el gobierno. Sumado a ello se propone quitar el subsidio al boleto y el subsidio al Supergas, lo cual impactaría mucho más a la población de menores ingresos.
En definitiva, se propone desmantelar ANCAP, a la vez que se encarece el combustible redistribuyendo, también aquí, recursos desde el trabajo al capital, perjudicando a los que tienen menos y favoreciendo a los grupos de poder, hoy en el gobierno. Esto se hace bajo el mando de supuestos argumentos técnicos, utilizando un enfoque economicista, sin tener presente el desarrollo y la producción nacional, ni el patrimonio público, ni mucho menos el aspecto social que este implica.
Conclusiones
A modo de síntesis, tras repasar varios puntos, podemos afirmar que la LUC nos perjudica en lo que a Empresas Públicas refiere y muy particularmente en cuanto a ANCAP y el mercado de combustibles.
Hay algunos elementos adicionales, si tomamos los informes que ANCAP eleva cada mes al Poder Ejecutivo, encontramos que la diferencia entre lo que propone y lo que le ingresa realmente a ANCAP, luego de descontar impuestos y tasas de las ventas totales, en los últimos 12 meses acumula 238 millones de dólares Esto es responsabilidad del gobierno. Los fundamentos de cada elemento que coloca ANCAP en la ecuación son muy claros y atienden a dar respuestas a los cambios habidos en la LUC y las incertidumbres en el mecanismo de fijación de precios empleado por el Poder Ejecutivo. Además, recordemos que de los $74,88 que cuesta el litro de nafta super, sólo $34,71 son ingresos para ANCAP. Es decir, hay un afán recaudador del gobierno que se ampara en el nuevo mecanismo fijado por la LUC y en medidas administrativas y de gestión.
A esta falta de ingresos para ANCAP se suman a los recortes estipulados en los lineamientos de la OPP, eliminación de vacantes, reducción de inversiones y gastos, todos elementos importantes para mantener una industria eficiente, optimizando procesos.
Es necesario, ante todo esto, recordar que se mantiene el margen de refinación positivo de ANCAP, es decir que sigue siendo más económico y beneficioso para el país, refinar a importar, y esto se debe al proceso que ha realizado ANCAP históricamente. A su eficiencia, tan atacada y cuestionada.
Abordemos otro elemento manejado por el gobierno para justificar la suba de los precios de los combustibles, el incremento del precio internacional del crudo. La suba del precio internacional del crudo no justifica el aumento del precio de los combustibles. Primero porque el petróleo supo estar a valores similares en años anteriores, sin embargo, no hubo las subas de precios de combustibles tan elevadas como ahora y menos combinadas con bajas del salario real y elevación del costo de vida como sí sucede hoy. Segundo, porque cuando el crudo estuvo en sus niveles más bajos en el 2020 e incluso 2021, no hubo baja en el precio de los combustibles como habían prometido y además había posibilidades; como si se hizo en más de 15 oportunidades en los 15 años de gobiernos frenteamplistas, parece evidente la falta de transparencia del gobierno y la discrecionalidad política y no técnica que permite el nuevo mecanismo habilitado por la LUC y que queremos impugnar el 27 de marzo.
En concreto, desde la asunción de este gobierno, las naftas han aumentado en promedio un 36% (en el caso del gasoil un 34%), ha habido siete ajustes en lo que va del período. El precio del combustible está muy elevado, en enero 2020 se podía comprar 296 litros de nafta super con un salario mínimo, hoy se puede comprar239 litros. Hoy, un litro de nafta vale 1,76 dólares, y es la más cara de la región (América), por amplia diferencia, a la vez que se coloca ampliamente por encima del promedio global.
Además, y es muy importante señalarlo, si los precios de los combustibles se ajustaran estrictamente al mecanismo establecido por la LUC habría aumentos aún mayores, a la vez que las desregulaciones planteadas también empujarían, por otros aspectos de la cadena, a la suba. La incertidumbre, discrecionalidad y falta de transparencia del gobierno, no aportan a una mejoría en los próximos años.
Yamila Maciel, Asesora del director de ANCAP por el Frente Amplio, Vicente Iglesias e integrante del equipo de “Valor!!”.
