Ante las decisiones adoptadas por el gobierno, por intermedio del Directorio de ANCAP que implican, “deshacerse de las plantas de Carrasco, Laguna del Sauce, y el buque Malva H (unidad productiva fundamental en la distribución primaria de los combustibles), como así también, denunciar los convenios colectivos de 1993 y 2012 (que incluye la carrera horizontal)”, el Consejo Federal de la Federación de Sindicatos de ANACP, emitió una resolución donde se afirma, que: “dichas decisiones se suman al cierre del emprendimiento productivo de Belén en Salto y el probable cierre de ALUR Capurro”.
Las decisiones adoptadas por el Directorio del Ente, no pueden entenderse si no se las enmarca, agrega la Resolución de FANCAP, en ese proceso ya que ha venido siendo denunciado “de desmantelamiento de ANCAP cuyo marco normativo es la Ley de Urgente Consideración, la Ley de Presupuesto y la Rendición de Cuentas”.
En lo que se refiere a la denuncia del convenio colectivo, la Resolución enfatiza “que se continúa el proceso de persecución a las y los trabajadores del Ente, y a la organización sindical que los y las representa, denunciando los convenios colectivos que consagran conquistas y derechos adquiridos durante casi 30 años”.
Estas acciones, señalan los trabajadores, “no nos sorprende” y afirman, “es el precio que debemos pagar por enfrentar el proyecto político de la derecha neoliberal, clasista y autoritaria como lo hicimos siempre, en la dictadura, en la década de los 90s., en el 2003, y lo estamos haciendo ahora, con las firmas, con la lucha en la calle, y en las urnas con el referéndum”.
La Federación denuncia que experimentan “provocaciones y acusaciones infundadas de todo tipo, rumores de desabastecimiento por parte de integrantes del Directorio, ministros de Estado y senadores que atacan a nuestros dirigentes y a la organización sindical”.
Atendiendo a esta situación, se expresa en la Resolución, los trabajadores han resuelto “comprometer el mayor esfuerzo militante, propagandístico, logístico y económico, para ganar el referéndum contra los 135 artículos de la LUC, por ser parte fundamental de la estructura que sostiene el proyecto político de la derecha, desestatizador, antipopular, regresivo, represivo, y concentrador del poder y la riqueza”.
En esa dirección, reafirman “las medidas resueltas oportunamente” en diferentes áreas y sectores de trabajo, que incluyen paros de actividades.
Para evitar usos políticos “interesados”, se ha resuelto “modificar las medidas que puedan utilizarse como excusa para sancionar a los y las trabajadores” y que, “pueda condicionar el plan de lucha” trazado.
Como parte del plan de luchas se trabajará, agrega la Resolución, “en la organización de un gran paro nacional junto a la Confederación de Sindicatos de la Industria, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, la MSCE y el PIT-CNT”, en fecha a definirse.
Desde el punto de vista informativo, se procederá a “elaborar un informe sobre el rotundo fracaso de la política de los combustibles impulsada por el gobierno, y los instrumentos creados en la LUC (PPI, ajustes mensuales de combustibles, etc.)”.
La Resolución señala que se retomarán las coordinaciones de trabajo con el Instituto Cuesta Duarte, para avanzar en la elaboración de una propuesta real de reducción de las tarifas de los combustibles, con vistas a presentarla a la ciudadanía el próximo 15 de octubre en ocasión de conmemorarse el 90 aniversario de la fundación del Ente.
La Resolución concluye informando que se ha convocado a Asamblea General para la primera semana de setiembre, así como, la realización de una ronda de asambleas sectoriales preparatorias de la misma.
Finalmente, la comunicación de FANCAP, ratifica y reivindica la importancia de “la negociación colectiva como método de resolución de conflictos”.
Esta misma jornada y en conferencia de prensa, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación, rechazó las decisiones del gobierno y del Directorio y recordó que, desde hace más de un año viene siendo objeto de denuncias por parte de la organización sindical todo lo que ahora ha sido resuelto.
Insistió, en que estas nuevas decisiones son sostenidas por la Ley de Urgente Consideración (LUC), del mismo modo que las ya anunciadas con respecto al Proyecto de Belén.
“Más que el cierre”, declaró en referencia a las últimas decisiones, “es la entrega a manos de privados”.
Con respecto a la no renovación del convenio colectivo, afirmó que ello implica generar “un clima de conflicto con el sindicato (…) buscando que ello derive en algún tipo de desabastecimiento que los ponga en contra de la ciudadanía, algo que ya hicieron la pasada semana cuando circularon rumores al respecto”.
Por un lado, avanzan con el “desmantelamiento y por el otro, atacan a la organización sindical, buscando aislarla de la gente”, denunció Rodríguez.
Como parte de las medidas de lucha, este jueves se realizará un paro de 24 horas que afectará la operativa en la planta de La Tablada.
