Existe un viejo dicho que dice que “desde que se creó la imprenta, la libertad de prensa es la del dueño de la imprenta”. Esto, no por viejo, deja de ser cierto y es lo que pasa en Uruguay, donde la propiedad de los medios de comunicación se concentra en unas pocas familias. Si le sumamos que esos medios de comunicación tienen en el gobierno representantes directos de sus intereses, podemos decir que nos encontramos en una situación, por lo menos, compleja. ¿Quién nos informa de nuestros informantes? ¿A qué tipo de “información” nos exponemos? Y, sobre todo, ¿qué información es la que no poseemos? La libertad de expresión y la libre circulación de información se encuentran en peligro con esta combinación y por supuesto, el cerco mediático para un gobierno que responde con favores políticos y económicos como la derogación de la Ley de Medios o el ataque a nuestra empresa pública de telecomunicaciones como es ANTEL.
Existen tres grupos asociados a poco más de tres familias que controlan casi todo lo que se dice y se produce en Uruguay, no se trata de que existan periodistas más o menos independientes, sino que la línea general de los medios de comunicación sigue un rumbo determinado. Los programas donde se discute política muestran una sobre representación de aquellos que optan por la derecha política, aduladores del poder. Los Marguery, los Puglia, los Julio Ríos, los Ignacio Álvarez.
Pero como no va a pasar esto si, por ejemplo, el grupo vinculado a canal 10 es propietario de ese canal, de radio Carve y Nuevo Tiempo; es propietario de los canales 7 y 9 de Rocha y Pan de Azúcar, de la televisión para abonados TCC, así como de otras en el interior de nuestro país. Como no va a estar difícil para expresarse libremente si el grupo de Canal 4 tiene ese canal, los canales 8,4,3 y 11 de Rosario, Dolores, Colonia y Maldonado. Representa a la radio Montecarlo y a Radiocero. ¿Dónde vamos a informarnos si el grupo de canal 12 tiene ese canal, el Diario El País, Búsqueda y Nuevo Siglo? Parece un poco difícil la libre opinión para criticar a los dueños de casi todo.
Un ejemplo de lo que se señala se expresa en un trabajo escrito sobre las presiones a periodistas en la historia del Uruguay. En una oportunidad, una periodista conducía un programa matinal radial. Cada mañana leían las portadas de los diarios, en cambio, ese día le solicitaron que no leyera la de El Observador. La tapa contenía información sobre una investigación iniciada por la Dirección General Impositiva contra Tienda Inglesa. El supermercado no auspiciaba su programa, pero sí lo hacía en un canal de televisión propietario de la radio en cuestión.
Una de las principales armas de soberanía estatal en el acceso a la comunicación y la información, que les ha sacado también mercados a diversos medios de comunicación ha sido ANTEL. Está claro que los representantes políticos de estos medios han querido destruir a la principal competencia que tienen.
El poder en definitiva tiene a sus cómplices y a sus cretinos útiles. En este escenario sigue habiendo periodistas que se juegan a dar opiniones o informaciones que pueden perjudicar al gobierno, y en ese marco podemos ver como políticos, en particular tenemos el caso de Graciela Bianchi, acosan a trabajadores de los medios por sus opiniones. No es nada sano para una democracia, en un contexto de oligopolio mediático, el vínculo con el gobierno y el cuestionamiento permanente de actores de primera línea del gobierno.
En su discurso de asunción, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, nos invitó a todos sus compatriotas a trabajar por la “libertad”, y mencionó particularmente “la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca”. Una cosa más de este gobierno que parece asumir solo formalmente. No ha habido ni una sola declaración que vaya en contrario de las ofensas de una de sus principales senadoras. Tampoco hemos visto a Ignacio Álvarez criticar este accionar, más preocupado por defender a aquellos que participaron sistemáticamente en explotación sexual infantil o a aquellos que violan a mujeres que en defender el derecho que tienen los periodistas de dar una información contra el gobierno. El ataque sistemático al Frente Amplio y sus principales representantes va de cajón, es lo que tienen los operadores del poder.
En definitiva, nos encontramos con un sistema de medios que ocultan información, se ven beneficiados por las medidas del gobierno y se retribuyen constantemente. Nos encontramos con programas que le lavan la cara constantemente a los sectores más reaccionarios de la sociedad, intentando naturalizar las barbaridades más grandes como si estas fueran aceptables. Nos encontramos con ataques del propio gobierno a los pocos periodistas que no están vinculados a su línea editorial. Como hemos visto en este tiempo, las redes sociales no son neutras, sino que también tenemos nuestro derecho a comunicarnos con otros mediados por grandes multinacionales que persiguen intereses políticos y económicos.
Estamos frente a una de las grandes amenazas al fortalecimiento de una democracia real, con ciudadanos y ciudadanas informadas. Es un ataque a la construcción de una sociedad de iguales, donde todos tengamos la palabra y no sean unos pocos que nos marquen lo que tenemos que discutir y en qué términos tenemos que discutirlo. Es hora de empezar a discutir más seriamente estos temas, para que, cuando tengamos la posibilidad hagamos los cambios que siempre tuvimos que hacer para que la información circule libremente.
Hay que dar vuelta el viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada.
Liberarce
Leyenda de foto
Luis Lacalle Pou, durante la conferencia de prensa en defensa de la LUC, desde la Torre Ejecutiva. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.
