El primer informe anual del Observatorio del Derecho a la Educación (ODED), fue presentado ayer lunes.
La actividad realizada en la sala Maggiolo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) permitió conocer el trabajo que realizan varios proyectos de investigación de la Universidad de la República (Udelar).
En este primer informe, fueron abordados los principales temas relativos al debate educativo en el curso del año 2022, al tiempo que se analizaron las políticas educativas propuestas desde 2020.
Las exposiciones estuvieron a cargo del decano de la Facultad, Pablo Martinis, acompañado por los coordinadores del documento: Cristian López, Paola Dogliotti y Camila Falkin.
Como parte de las exposiciones hubo intervenciones del consejero docente en el Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, el director por el Frente Amplio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, y la doctora en Ciencias Sociales Sandra Leopold.
De acuerdo a Martinis, una de las características del documento es que hace especial foco en el “derecho a la educación”.
En ese sentido y según consignó la diaria, se pretende “poner sobre la mesa la comprensión de la educación como un derecho”, ya que esta perspectiva “no es un tema en el contexto regional, con discursos que niegan los derechos humanos, y porque el propio concepto de la educación viene estando disputado”.
En el informe se reivindica como eje principal, destacó el medio de prensa, “el carácter de la educación como un derecho inalienable de las personas y el Estado como garante del efectivo acceso a ello, en contra de la perspectiva que pretenda responsabilizar a los sujetos por cumplirlo o no”.
Al definir el trabajo de ODED, López, explicó que se trataba de un “sistema de información y espacio de producción, difusión y sistematización de conocimiento desde el campo pedagógico”, con una mirada que enfatiza la “igualdad y justicia” en la educación.
Uno de los puntos abordados en el encuentro fue los cambios que trajo para la educación, la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Al respecto, Dogliotti, subrayó que lo que se evidencia a partir de la LUC es una fuerte presencia de una perspectiva “gerencialista”, visible, por ejemplo en la sustitución de los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por direcciones generales unipersonales, a excepción del Codicen y el Consejo de Formación en Educación (CFE).
En esa misma dirección se añadió que hubo una disminución del “principio de participación”, dándole “un lugar preponderante al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la orientación de la política pública nacional”.
El fortalecimiento de las competencias del MEC en diversos campos ha ido en sentido contrario que históricamente fundamentó “la autonomía de los entes de enseñanza como organismos especializados”, agregó la experta.
Para Dogliotti, se trata de puntos son “claves” que se reflejan en “las designaciones de las autoridades del Codicen” y en “el procedimiento para otorgar el reconocimiento universitario de las carreras de formación docente”.
Al caracterizar la situación actual de la formación docente, Dogliotti enfatizó que se estaba ante “una infantilización” de la misma.
De acuerdo al informe en los cambios curriculares en la Formación en Educación, las autoridades del CFE “han apuntado a jerarquizar los estamentos técnicos e individuales de docentes seleccionados y se han basado en un enfoque top-down”.
Con ello, se agrega, “se ha buscado reducir al mínimo los procesos deliberativos y propositivos de los ámbitos colectivos”.
Al caracterizar “la política y las estrategias de cambio del marco curricular” llevadas adelante, se señaló que las mismas “están en consonancia con las modificaciones que introduce la LUC referidas a la nueva y original modalidad de otorgar carácter universitario a la formación docente”.
