Las revelaciones surgidas a partir de los audios y los chats entregados por la ex vicecanciller, Carolina Ache, a la fiscalía de Delitos Económicos donde se investiga la entrega de un pasaporte uruguayo, por vía exprés, al narcotraficante Sebastián Marset, tuvieron el impacto de un tsunami en el gobierno y en particular en el Herrerismo.
Estamos ante una crisis institucional de enorme gravedad. En este editorial intentaremos señalar los principales aspectos políticos e institucionales de esta crisis.
1.Hubo ocultamiento y falta de transparencia. El Frente Amplio promovió una interpelación a los ministros Luis Alberto Heber, del Interior y Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores, que concurrieron acompañados de Guillermo Maciel, subsecretario de Interior y Carolina Ache, subsecretaria de Relaciones Exteriores. En esa interpelación se mintió y se ocultó información. El Frente Amplio hizo pedidos de informes, no fueron respondidos. Hizo una solicitud de acceso público a la información, no fue respondida. Presentó ante la Justicia el reclamo de la información y finalmente pudo acceder, parcialmente, a ella, a finales del año pasado. La pregunta en este punto es: ¿qué se quería ocultar? Ahora se sabe claramente, se quería ocultar que, en realidad, al contrario de lo que dijeron en el Parlamento y ante la opinión pública, en el Ministerio del Interior y en el gobierno en general, sabían muy bien quién era Sebastián Marset cuando le dieron el pasaporte.
2. Hubo y hay responsabilidades políticas. Se le mintió al Parlamento, se le mintió, reiteradas veces, a la opinión pública. Se estableció una estrategia política, institucional y comunicacional para ocultar información y mentir. Se utilizaron, una vez más, recursos, dependencias y estructuras del Estado para ocultar presuntos delitos y proteger a los acusados. Las responsabilidades políticas deben ser juzgadas en ámbitos políticos y tienen que ser asumidas en esos ámbitos y ante la sociedad.
3. Hay conductas y acciones que implican la comisión de presuntos delitos. Un ministro de Estado recomendó a una subordinada suya, viceministra, que “perdiera el celular”. Ese mismo ministro y un asesor presidencial, Roberto Lafluf, hablando en nombre del presidente, en el mismo piso de Presidencia de la República, instaron a la viceministra a borrar chats comprometedores para que no constaran en las investigaciones, administrativa y judicial. Otro viceministro, Maciel, también le pidió a la viceministra que borrara los chats. El mismo Lafluf le dijo a la viceministra que él había sustraído y destruido una parte del expediente de investigación administrativa de la cancillería. El mismo Lafluf, muy activo él, le planteó a la viceministra que hiciera un acta notarial falsa. Estas responsabilidades y posibles comisiones de delitos las tiene que dilucidar la justicia.
4. No se puede olvidar el motivo de todo esto: la entrega de un pasaporte, de forma exprés, a un narcotraficante uruguayo, de peso continental, que estaba preso en Dubai, fue liberado y ahora está prófugo. ¿Este caso es una punta que muestra el peso creciente del narcotráfico y de su influencia en Uruguay? Todos los análisis, nacionales e internacionales, incluso varios de EEUU y su embajada en nuestro país, hablan de un nuevo nivel de penetración del narcotráfico en Uruguay. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en una nota con Emiliano Cotelo dijo: “Hay que asumir que Balbi nos ganó a todos en el episodio Marset”. Es una afirmación muy grave: ¿En qué nos ganó Balbi?
5. ¿Qué medidas se deben exigir? Ya renunció Bustillo, es un paso, pero está muy lejos de ser el único necesario. Como lo planteó el Frente Amplio deben ser destituidos todos los funcionarios involucrados. Eso incluye a Heber y a Maciel y por supuesto al tan activo Lafluf. Ese planteo no es exclusivo del Frente Amplio, es compartido por Cabildo Abierto y también por varios indignados legisladores del Partido Nacional (el Partido Colorado y el Partido Independiente se han llamado a un recatado silencio). Pero hay que ir más allá. Hay que exigir que el gobierno, en general, y el presidente de la República, en particular, se hagan cargo de esta crisis institucional. Sobre el grado de involucramiento de Lacalle Pou algunas preguntas que se deben responder: ¿El presidente sabía o no de la reunión realizada en la casona del Prado del Ministerio del Interior donde se trazó la estrategia de mentirle al Parlamento? ¿El presidente sabía o no que se estaba discutiendo darle un pasaporte exprés a Marset y que este era un narcotraficante? ¿El presidente sabía o no que le pidieron a una viceministra que destruyera evidencia y elaborara pruebas falsas? ¿El presidente sabía o no que fue convocada en su nombre una reunión en el Piso 11, donde él tiene su oficina, por su asesor más cercano y que en ella se les pidió a los concurrentes que borraran evidencia para obstruir la investigación de la justicia? Si el presidente sabía, las responsabilidades políticas son mucho más graves y las consecuencias institucionales también. Si no sabía, como tampoco sabía que había una banda criminal en el 4 Piso de la Torre Ejecutiva, encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial; o que en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande se estaban contratando a granel militantes de una lista de su sector del Partido Nacional, entonces hay que preguntar: ¿Quién manda en presidencia de la República?
Y aquí no vale correr a nadie con la responsabilidad institucional; la tenemos de sobra, la izquierda y el movimiento popular; la ponen en peligro los que mienten y operan para encubrir delitos. Es necesario, justamente por responsabilidad institucional, que el presidente responda, explique.
En todo caso, lo primero que tiene que pasar es que se haga cargo. No parece lo más recomendable que el presidente siga con su agenda en EEUU, como si no fuera con él. Que Lafluf se vaya a Río de Janeiro a ver la final de la Copa Libertadores. O que se nombre canciller interino a Diego Escuder, que estuvo en la reunión previa a la interpelación armando la estrategia para mentir al Parlamento. Así no se da ninguna señal de fortalecer las instituciones.
Hay que ir hasta el hueso, en lo político, en lo judicial y en lo institucional, en la única manera de ser responsables.
