Bruno Giometti (*)
El actual gobierno de coalición de derecha ha instrumentado un fuerte recorte en las Empresas Públicas a lo largo de los últimos tres años. El mismo se expresa en dos aspectos clave que hacen al funcionamiento y al desarrollo de dichas Empresas Públicas: reducción de personal y reducción de la inversión.
La cantidad total de trabajadores sumados de UTE, OSE, ANTEL y ANCAP era aproximadamente 20.200 al inicio del actual gobierno y dicha cifra se vio reducida hasta 17.800 a principios de 2023. Se trata de una reducción de personal del orden del 12% en un período de apenas tres años, a razón de 800 trabajadores menos por año. Al menos en algunas de las empresas públicas, es notoria la falta de personal para atender tareas básicas de funcionamiento y mantenimiento.
En cuanto a las inversiones, en lo que va del actual gobierno se invirtieron unos 1.380 millones de dólares en la suma de UTE, OSE, ANTEL y ANCAP. En los primeros tres años del gobierno anterior se habían invertido 1.627 millones de dólares en estas mismas cuatro empresas. Esto significa un recorte de las inversiones del 15% en lo que va del actual período de gobierno. Siempre comparando los tres primeros años del actual gobierno con los tres primeros años del gobierno anterior, la empresa pública que mayor reducción sufrió en términos de monto fue UTE (180 millones de dólares) pero en términos porcentuales fue ANCAP (33%). De todos modos, en las cuatro empresas a las que nos referimos hubo recorte, tanto en personal como en inversiones.
Esta política neoliberal tiene múltiples consecuencias negativas.
Una de ellas es el empeoramiento de la calidad de los servicios que las Empresas Públicas brindan a nuestra población, en aspectos tan sensibles como el acceso al agua potable, a la energía o a las telecomunicaciones.
Otra consecuencia negativa es la afectación de las Empresas Públicas en su potencial de desarrollo en áreas estratégicas de la estructura económica. La fortaleza de las Empresas Públicas es importante para asegurar la soberanía nacional sobre sectores clave de la economía, con potencial de desarrollo desde el punto de vista estratégico. También tienen un rol fundamental para desempeñar en lo que refiere a innovación para el desarrollo.
Nuestro pueblo ha defendido las Empresas Públicas como proveedoras de bienes esenciales y como actores estratégicos de la economía, en instancias de democracia directa en 1992, 2003 y 2004. Fieles a esa historia, ante el embate privatizador y mercantilizador, desde los sectores populares debemos ser capaces de relanzar nuestras Empresas Públicas en el Siglo XXI como motores de desarrollo productivo y social.
(*) Economista
Foto de portada:
La UTE ha sido una de las empresas públicas más afectadas. Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS.
