El jueves la senadora Graciela Bianchi publicaba en su Twitter que “realizó un Pedido de Informes al CODICEN de la ANEP sobre la situación funcional de una profesora que ha hecho públicas declaraciones y actitudes que podrían afectar el derecho de los alumnos a recibir una educación ecuánime y laica”.
La primera respuesta fue de CSEU, Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, quien expresó: “En el dia de la fecha (por ayer, 2 de diciembre) una senadora realizó un pedido de informes respecto a nuestra compañera y presidenta de AFUTU (Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay), Mabel Mallo. Esto es otra muestra de la persecución antisindical y política a los militantes sindicalizados y a cualquier persona que exprese su disconformidad con el gobierno. Estas conductas recuerdan a otra época de este país, cuando operaba el Terrorismo de Estado; prácticas fascistas de un régimen sin garantías”.
A su vez, el comunicado expresa que desde la CSEU “repudiamos enfáticamente esta política sistemática de persecución y amedrentamiento, en donde se busca censurar y reprimir la libertad de expresión” y manifestaron “total apoyo a la compañera Mabel, quien siempre ha dado muestra de su ética militante y profesional. No está sola, cuanto más nos ataquen más unidas y unidos estaremos”.
Desde AFUTU publicaron una carta abierta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou:
“Sr. Presidente de la República: Como habrá notado, nuestro sindicato AFUTU, se encuentra en conflicto. Ello implica que adoptemos medidas, tendientes a hacer visibles nuestras demandas. Fue precisamente en el marco de una movilización -pacífica- que realizamos en la Torre de las Telecomunicaciones el pasado 29 de noviembre, que tuvimos un breve contacto con usted. En dicha instancia, usted nos solicitó una misiva que explicitara nuestras demandas, por lo que decidimos enviarle la presente nota”, explica.
“Nos extraña profundamente que usted desconozca las demandas, puesto que es de público conocimiento, -así como de las autoridades de UTU y el CODICEN-, que las autoridades de UTU han puesto en marcha una serie de modificaciones a las propuestas educativas que la institución ofrece a lo largo y ancho del país. Dichas modificaciones implicaron la no apertura de 90 grupos de FPB plan 2007 en 2021; propuesta que desde su creación ha posibilitado la reincorporación al sistema educativo formal de miles de jóvenes uruguayos que por diversas razones se habían desvinculado, expresa.
“Las propuestas educativas presentadas por las escuelas de Montevideo, Canelones y varias escuelas del interior del país para 2022 se vieron reducidas por la decisión unilateral de planeamiento educativo. Vale decir que dicha reducción de grupos afectará a niños y jóvenes que no podrán cursar o deberán hacerlo en grupos superpoblados con el consecuente perjuicio educativo que ello implica. Además del perjuicio a nuestros estudiantes que implica el cierre de dichos grupos, nuestros compañeros y compañeras docentes sufren con ello una rebaja salarial, ya que al haber menos grupos la oferta laboral del docente de aula disminuye. Muchos/as de esos compañeros/as son el sostén de su hogar, ya que su salario es el principal y a veces único ingreso familiar”, sostiene.
“A esto se le suma una modificación del plan de FPB que viene llevando adelante la Dirección General de UTU. La modificación de planes y programas, así como la creación de nuevas propuestas educativas deben ser preceptivamente consultadas con las asambleas técnico-docentes. Si bien -en respuesta a nuestras demandas- se viene realizando dicha consulta, se nos ha informado que la modificación del FPB es un hecho; lo que convierte a la consulta actualmente en proceso, en un ejercicio sin sentido, cuyo único objetivo es dar cumplimiento a lo establecido por el art. 70 de la Ley de Educación”, finaliza.
En este contexto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, (SINTEP) expresó a través de sus redes que “la denuncia realizada a la compañera de AFUTU, es una muestra más de la política de estigmatización, censura y persecución que el gobierno viene llevando adelante contra los sindicatos. Es importante no normalizar este tipo de acciones que apuntan a amedrentar a quienes luchamos a diario contra las injusticias.Toda nuestra solidaridad con quienes se oponen a los recortes y a la política de ajuste que el gobierno antipopular trata de implementar. SOLIDARIDAD CON LOS Y LAS QUE LUCHAN”
Moriana Alberro
