La condena a 25 años de penitenciaría contra Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas por seis delitos de privación de libertad, cuatro delitos de abuso de autoridad contra detenidos, cuatro delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores en el caso Óscar Tassino, fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De acuerdo a la diaria, en la sentencia “los ministros coinciden con lo planteado en agosto de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de segundo turno”, al tiempo que “desestimaron el recurso interpuesto por la defensa de los militares” para “revocar la condena de segunda instancia”.
“La desaparición forzada se ha configurado, aun cuando no se hallen los restos de Tassino, y además la permanencia del delito es indiscutible, justamente porque, al no aparecer estos, el delito se perpetúa hasta el presente”, se afirma en la sentencia de la SCJ, emitida el pasado 30 de agosto.
De acuerdo al medio de prensa esta es “la primera vez que la SCJ admite la tipificación del delito de desaparición forzada, integrada al marco jurídico interno en 2006, a través del artículo 21 de la Ley 18.026, algo que había sido rechazado por diferentes tribunales que entendían que correspondía tipificar el delito de homicidio, por el principio de irretroactividad”.
Según la ministra Beatriz Larrieu, citada en el fallo, la desaparición forzada “en tanto es un delito permanente, (que) se mantiene hasta el día de hoy, no es posible invocar que no estaba tipificado al momento de su comisión. El delito se sigue cometiendo hasta que no se recuperen los restos o se conozca su destino”.
“La condena de primera instancia” recuerda el medio, “estuvo a cargo de la jueza penal de 27° turno, Sol Bellomo, quien en setiembre de 2022 planteó que los hechos investigados no se ajustan típicamente a la figura delictiva del homicidio, en razón de que la singularidad de tal imputación no considera la multiplicidad de bienes jurídicos lesionados, que no se limitan a la privación de libertad del detenido y a su ejecución clandestina, al vulnerarse los derechos de los familiares de las víctimas, a la convivencia civilizada en sociedad, a la seguridad jurídica y a las bases esenciales del Estado de derecho”.
Por dicha causa, señala la diaria, también se condenó al militar en situación de reforma Eduardo Ferro, dispuesta por la jueza Silvia Urioste que lo condenó “a 21 años de penitenciaría por el delito de desaparición forzada”.
