Este jueves el Consejo de Ministros aprobó la reglamentación de la ley 20.506, conocida como ley de Empleo Integral, de esta manera la misma comienza su aplicación y queda operativa. No es cualquier noticia. Se trata de una herramienta de políticas públicas que busca dar respuestas a un tema central, el trabajo; a la desigualdad, contemplando a las y los uruguayos con más dificultades para acceder al empleo; y que, además, tiene importantes consensos sociales y políticos.
La ley de Empleo Integral responde a la concepción de que el Estado debe jugar un papel importante en el mundo del trabajo, que no se reduce solamente a ser el contralor del cumplimiento de las normativas, sino que debe actuar como rector de las políticas de empleo y como protagonista activo, con políticas públicas, para mejorarlo. Esta ley está inspirada en la concepción de que el mercado no resuelve el acceso al empleo, que genera desigualdades y que estás deben ser enfrentadas desde el Estado y con la participación popular organizada y la de toda la sociedad.
Lo dice a texto expreso en el Decreto de Reglamentación aprobado este jueves: “Corresponde al Estado implementar políticas públicas que promuevan el acceso al empleo y generen oportunidades para toda la ciudadanía, particularmente aquellas personas que enfrentan mayores restricciones de acceso al mercado laboral”.
Esta reflexión es muy importante, hace al fondo político, ideológico, que inspira esta iniciativa.
Pero, además, esta ley hace también a la concepción política y programática del Frente Amplio y a lo que deben ser las prioridades de un gobierno de izquierda. El trabajo tiene una importancia clave y centralidad en la concepción de sociedad de la izquierda y también en sus políticas de gobierno.
El trabajo digno y el salario fueron y son las principales políticas sociales de los gobiernos del Frente Amplio, las que redujeron la pobreza de 40% a 9% en su primer gobierno y las que sacaron a 100 mil personas de la pobreza entre el 2025 y el 2026, en este gobierno.
Son necesarias dos reflexiones adicionales de carácter general, ante la puesta en marcha de esta ley tan importante, una de las más importantes aprobadas en lo que va de este período de gobierno.
La primera hace el método de construcción de políticas públicas, esta ley nace del estudio de otras herramientas legales existentes de promoción del empleo, de lo que habían aportado y de las insuficiencias que su aplicación demostró, nos referimos a la ley 19.133, de Empleo Juvenil; la Ley 19.689 de Fomento al Empleo y la Ley 19.973 de Promoción del Empleo. Estas leyes fueron analizadas con rigurosidad y la construcción de una herramienta legal superadora se hizo en consulta con las y los trabajadores, las y los empresarios, los colectivos que debían ser contemplados, en decenas de reuniones, durante meses, en 25 localidades de todos los departamentos del país. Además hubo una importante discusión en el Parlamento, la ley fue aprobada por unanimidad, tanto en Diputados como en el Senado. Es entonces una herramienta de política pública construida con participación popular y ciudadana, escuchando a quienes son objeto y sujetos de esta política pública y que está respaldada en un importante consenso social y político.
La segunda reflexión hace al valor de una ley y a su papel en la transformación social y al rol que los distintos actores políticos y sociales debemos jugar en esta. La desigualdad es el problema principal que tiene Uruguay y combatirla es la esencia de la izquierda y debe ser el centro de las políticas de un gobierno de izquierda. Pero una ley, por sí misma, no cambia la realidad. La realidad se transforma con el gobierno aplicando políticas que tengan como centro el combate a la desigualdad, pero también, y como componente esencial, con la participación y la organización popular para impulsar y materializar las transformaciones necesarias. Eso vale también para esta ley, habrá que difundirla, habrá que organizarse para que, efectivamente, en todo el país, se generen estos puestos de trabajo posibles y avancemos en garantizar el trabajo digno para quienes más lo necesitan.
Una ley con prioridades claras
La ley fue promulgada el 26 de junio de 2026, a partir de allí se hizo un trabajo en el que participaron varios ministerios, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Educación y Cultura y numerosas dependencias estatales para instrumentar su aplicación y resolver una reglamentación que garantizara su aplicación práctica.
La ley tiene por objeto la promoción del trabajo digno y decente de las personas que enfrentan mayores obstáculos o restricciones para acceder al mercado laboral.
Tiene como objetivo promover el acceso al empleo de las y los jóvenes, de las personas mayores de 45 años, de las mujeres jefas de hogares monoparentales, de las personas en situación de discapacidad, de las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años; de las personas afrodescendientes; de las personas trans y de las personas privadas de libertad en una unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación o del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, las personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad y las personas puestas en libertad hasta 3 años de su liberación.
La Ley contempla un conjunto de herramientas, de contratación, de formación profesional, de fomento del estudio, pero tiene como elemento central el subsidio a las contrataciones de las personas que integran los colectivos anteriormente citados. Los subsidios van desde el 25% hasta el 80% del salario, según el caso. El gobierno prevé invertir unos 10 millones de dólares anuales para esta política activa e integral de promoción del empleo digno.
Los subsidios son diferenciados, buscando promover el empleo para quienes más lo necesitan. En el caso de las y los jóvenes alcanza un 33% del salario, si es mujer, y un 25%, si es varón. Para los jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica: hasta 66%, si es mujer y 50%, si es varón. Para los mayores de 45 años: hasta 33%, en el caso de las mujeres, y un 25%, para los varones. En casos de vulnerabilidad, 66% para mujeres y 50% para hombres. Para las personas con discapacidad, liberadas y trans: hasta el 80% del salario.
Como decíamos recoge herramientas legales anteriores, las sintetiza y las supera. En un sentido general, se trata de pasar de una lógica basada en modalidades de contratación a otra centrada en las personas.
Se establecen condiciones para las contrataciones, que buscan evitar que se utilicen estas contrataciones para incrementar la precariedad laboral, los contratos deben durar entre 6 y 12 meses. Se fija una jornada máxima de 20 horas semanales para menores de 18 años y se prohíbe el régimen de horario rotativo para jóvenes y mujeres jefas de hogares monoparentales.
El valor de la ley y lo que falta
Esta ley, aún en su aplicación más completa, no resuelve los problemas del empleo, ni la desigualdad que se expresa en ellos. Como bien lo señala el PIT-CNT en Uruguay hay una situación compleja en el empleo.
A pesar de los avances, del crecimiento del empleo, de la formalidad y del crecimiento de salarios y jubilaciones, hay más de 400 mil trabajadores que ganan menos de 28 mil pesos; hay decenas de miles de trabajadores que, aun trabajando, están bajo la línea de pobreza y hay miles en la informalidad.
Esto es así y la superación de esta situación de desigualdad hace necesaria la ruptura con la dependencia y la construcción de una Estrategia Nacional de Desarrollo.
Pero la Ley de Empleo Integral es un paso en el sentido correcto. Y un paso importante.
El trabajo es un tema central para el Programa de gobierno del Frente Amplio, esta ley en concreto fue definida como prioridad política por el gobierno, la aprobación de esta ley fue reclamada por el PIT-CNT en el 1º de Mayo. A partir de este jueves está operativa y en vigencia y el lunes comienza a implementarse uno de los mecanismos principales que contempla para generar trabajo digno para miles de uruguayas y uruguayos que lo necesitan.
Es un paso importante, relevante, un avance popular, ahora hay que organizar la militancia y la participación para asegurar que su aplicación sea materialmente real y llegue, efectivamente, a quienes más lo necesitan.
