Juan Castillo durante la interpelación en la Camara de Diputados del Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.

Resultados y avances contra prejuicios conservadores

El ministro Juan Castillo, respaldado por los datos de la realidad y el FA enfrentó una interpelación surrealista, llena de provocaciones y operaciones políticas.

La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, comenzó el miércoles y terminó en la madrugada del jueves, fueron más de 14 horas, con el planteo del diputado interpelante, el colorado Andrés Juri, las respuestas del ministro y su equipo y más de 40 intervenciones de legisladores y legisladoras.

Castillo brindó una exhaustiva información de todo lo hecho por el Ministerio de Trabajo en estos 20 meses de gestión, en todas las áreas, explicó el desarrollo del conflicto en la Terminal de Contenedores, que culminó con un acuerdo y un convenio colectivo a 5 años, supuestamente el centro de la interpelación y respondió las 15 preguntas formuladas. Castillo fue respaldado por toda la bancada del Frente Amplio, que participó con numerosas intervenciones.

Tanto el miembro interpelante, colorado, como legisladores del Partido Nacional, el Partido Independiente e Identidad Soberana, dedicaron buena parte de sus intervenciones a atacar a Castillo cuestionando su pasado como dirigente sindical, su condición de comunista y un supuesto sesgo anti empresarial y negativa al diálogo.

Al finalizar la interpelación Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron una moción, que fue acompañada por el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, considerando “insatisfactorias las respuestas del ministro”.

La moción de 4 puntos, señala que el Ministerio “no informó el costo económico del conflicto en la Terminal de Contenedores”, que “no informó el costo para Rentas Generales de las sucesivas extensiones de Seguro de Paro en la industria frigorífica” y finalmente, que “corresponde al Poder Legislativo dictar normas que garanticen a todos los trabajadores que su aporte económico a las organizaciones sindicales sea libre, voluntario y revocable en cualquier momento, sin intermediación del empleador salvo autorización expresa del trabajador, así como el voto secreto en la elección de autoridades, la aprobación de estatutos y la adopción de las principales decisiones de las organizaciones y la transparencia en el manejo de sus fondos”, es decir la reglamentación sindical.

La moción obtuvo 49 votos, votaron en contra los 48 legisladores frenteamplistas. La resolución de la Cámara de Diputados con una más que extraña temática y aún más extraña redacción, no tiene ninguna consecuencia institucional, nadie pidió la renuncia de Castillo, ni promovió el mecanismo de censura en su contra, pero si implica un pronunciamiento político.

El diputado interpelante, aunque llamativamente ni él ni su Partido, después de haber promovido un llamado a sala presentaron ninguna moción de resolución, atacó a los sindicatos, al comunismo, personalmente a Castillo e hizo preguntas como si el ministro estaría dispuesto a desalojar a los trabajadores de los frigoríficos si estos en un futuro hipotético ocuparan los lugares de trabajo y también si reconocía que la negociación colectiva era fruto de un régimen liberal y no del comunismo.

El conflicto del puerto

El ministro Castillo, que estuvo acompañado por todo el equipo de conducción del Ministerio de Trabajo, realizó una detallada exposición sobre todas las áreas del trabajo del Ministerio.

Castillo empezó abordando el conflicto en la Terminal de Contenedores (TCP) señalando que “no deja de resultar llamativo que se insista en otorgarle carácter de urgencia a una cuestión cuya situación ya ha sido resuelta. Dejamos planteada esta contradicción y, de todos modos, vamos a responder sobre el tema”.

“Fue la primera vez que la empresa y el sindicato negociaron un convenio colectivo bajo el actual régimen de concesión, que se extiende hasta 2081 y otorga a TCP una posición predominante en la operativa especializada en la terminal de contenedores”, dijo.

El ministro explicó que “Se ha cuestionado la actuación del Ministerio y se ha hablado de ausencia o de intervención tardía. Pero los hechos muestran otra realidad. Cuando la negociación bipartita se estancó, el Ministerio convocó de oficio a una instancia de mediación, que comenzó el 10 de junio. Desde entonces se realizaron más de 40 reuniones, además de múltiples contactos bilaterales y gestiones con las partes. Se alcanzó el preacuerdo del 30 de setiembre y, finalmente, el 7 de octubre se firmó un convenio colectivo con una vigencia de 5 años. Este es un resultado que merece destacarse. No solamente porque permitió superar el conflicto, sino porque establece un horizonte de estabilidad y previsibilidad para la empresa y sus trabajadores.”.

“También se ha planteado qué consecuencias económicas tuvo el conflicto.

No vamos a desconocer que existieron afectaciones en la operativa de la Terminal de Contenedores. Según la Administración Nacional de Puertos, entre enero y setiembre de 2026 el conjunto del puerto movilizó 357.006 contenedores, frente a 360.838 en igual período de 2025: una reducción de 1,1 %. Medido en TEU, (en términos sencillos, sirve para medir la cantidad de contenedores que mueve un puerto: 1 TEU equivale a un contenedor de 20 pies) pasó de 644.356 a 643.242, una variación de apenas 0,2 % negativo. Es decir, el movimiento global se mantuvo prácticamente estable. Y hay otro dato especialmente importante: según la información del Sistema LUCIA de la Dirección Nacional de Aduanas, en ese mismo período las importaciones ingresadas por el Puerto de Montevideo aumentaron un 6 % y las exportaciones despachadas por el puerto crecieron un 4,1 %, medidas en dólares corrientes. Estos datos no significan que no existieran perjuicios. Significan que debemos distinguir los efectos comprobados de las estimaciones de pérdidas. No toda variación de contenedores, buques o valores comerciales puede atribuirse exclusivamente al conflicto: también inciden las rutas navieras, la demanda y otras condiciones del comercio”. A pesar de esta explicación la oposición dijo que no se dio información sobre las consecuencias económicas del conflicto.

Reducción de la siniestralidad y formación profesional

“La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social identificó que, entre 2021 y 2024, la incidencia de accidentes laborales había aumentado un 18 por ciento acumulado. De acuerdo con los datos disponibles, ese crecimiento se detuvo en 2025, cuando el nivel general se mantuvo similar al de 2024. Para 2026 se advierten descensos de accidentes mortales en varias ramas, pero persiste una preocupación especial por los siniestros de tránsito en ocasión del trabajo”, destacó Castillo.

Informó que en materia de formación profesional “Al cierre de octubre de 2026, el INEFOP alcanza 53.820 personas en formación. El entrenamiento de competencias alcanza a unas 6.000 personas, la llegada a colectivos vulnerables supera las 3.000, en habilidades digitales se han capacitado casi 7.000 trabajadores y trabajadoras, en idiomas extranjeros el INEFOP atiende a más de 5.000 personas y en formación técnica regular se han llegado a casi 18.500 trabajadores y trabajadoras”.

La negociación colectiva

El ministro destacó los avances en Negociación Colectiva, “estamos finalizando la XI ronda de Consejos de Salarios, que comprende 249 mesas de negociación. De las mesas que ya finalizaron, el 84,02 % culminó con acuerdos entre las partes, mientras que las mesas que han desarrollado negociaciones abarcan al 93 % de los cotizantes.

Enfatizó que “se logró un acuerdo tripartito en el Grupo 22, que comprende la ganadería, la agricultura y actividades conexas, incluidos los tambos. Este acuerdo incorpora beneficios como el set escolar y licencias para cuidados. Asimismo, en los sectores de Citrus y Arándanos se alcanzó un acuerdo de largo plazo, con vigencia hasta junio de 2029, que aporta estabilidad y previsibilidad a las relaciones laborales. En el trabajo doméstico dimos respuesta a una reivindicación histórica mediante la creación de tres categorías laborales: trabajo general, cocina y cuidados; también incorporó mejoras en presentismo, licencias por cuidados y salud mental, así como el compromiso de avanzar en la prevención de la violencia y el acoso laboral. Hay un aspecto que queremos destacar especialmente: El 50 % de los acuerdos de la primera fase incorporó cláusulas de cuidados y corresponsabilidad; el 39 %, de igualdad de género; el 28 %, de prevención de la violencia y el acoso; y el 39 %, de salud mental. A estos avances se suma el acuerdo alcanzado en la construcción, que establece una reducción progresiva de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial, hacia enero de 2030, en el marco de un convenio con vigencia de cinco años”.

“Nuestra convicción es que la negociación colectiva y el tripartismo son herramientas fundamentales para prevenir, encauzar y resolver los conflictos, construir acuerdos y avanzar en mejores condiciones de empleo y salarios. El conflicto puede ser parte del camino; el diálogo y la negociación son los instrumentos para encontrar soluciones. Cuanto más complejos son los conflictos, más ámbitos de negociación requieren”, dijo Castillo.

El ministro, en torno a la conflictividad, sostuvo que “el Índice de Conflictividad Laboral (ICL), elaborado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), muestra que, desde abril de 2025, la conflictividad se ha ubicado en niveles de intensidad moderada o intermedia en perspectiva histórica”.

La generación de empleo como centro

En este punto Castillo destacó la aprobación, unánime en el Parlamento, de la Ley de Empleo Integral, 20.506, a la que calificó como “uno de los avances centrales de este período”.

Sobre esta ley indicó que “simplifica los criterios, habilita la contratación subsidiada en empresas que no tienen trabajadores dependientes, ajusta los cupos según el tamaño de las empresas y permite extender los subsidios hasta 18 meses. Para determinados colectivos, el subsidio puede alcanzar el 80 % de la remuneración.

También amplía expresamente los grupos contemplados. Entre ellos se encuentran las mujeres jefas de hogares monoparentales, las personas afrodescendientes, las personas trans, las madres, padres o tutores de personas con discapacidad y las personas vinculadas al sistema penitenciario. La ley también corrige barreras concretas. Por ejemplo, para acceder al incentivo por contratación de personas con discapacidad se elimina la exigencia de un año consecutivo de desempleo. Asimismo, permite reforzar los incentivos en aquellos departamentos donde los niveles de desempleo y de informalidad sean mayores”.

Afirmó que esta ley “se construyó con participación social. Durante 2025 realizamos 25 instancias de intercambio en los 19 departamentos, con actores sociales, empresas e instituciones, a las que se sumaron los aportes surgidos del debate parlamentario”.

Castillo también informó que “los últimos datos disponibles publicados por el INE muestran una reducción significativa del desempleo juvenil. En el tercer trimestre de 2026 se ubicó en el 22 %, el registro más bajo de la última década si comparamos los mismos trimestres. Para encontrar un valor similar debemos remontarnos al tercer trimestre de 2015, cuando alcanzó el 22,1 %. Es una evolución positiva, que valoramos, aunque estamos lejos de conformarnos”.

El ministro introdujo una definición conceputal de las tareas y los objetivos del trabajo de su cartera: “Hay una convicción política que atraviesa toda nuestra gestión: el empleo, los salarios y la negociación colectiva no son asuntos aislados ni objetivos en sí mismos; son herramientas fundamentales para combatir la pobreza, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.

Cada puesto de trabajo que se genera, cada salario que se recupera y cada ámbito de negociación colectiva que se fortalece tiene un impacto concreto en la distribución de la riqueza y en las oportunidades de las personas. Por eso, nuestras políticas laborales son también políticas de inclusión, de justicia social y de combate a la desigualdad. Porque detrás de cada indicador económico hay personas, familias y hogares. Y es allí, en la vida cotidiana de nuestra gente, donde queremos que se expresen y se sientan los resultados de nuestra gestión”.

Reducción de la pobreza, crecimiento del empleo y del salario

El ministro se refirió en concreto, también en materia de resultados, a los temas de la pobreza, el empleo y el salario.

“Nuestra estrategia busca garantizar empleos de calidad, con salarios dignos y mejores condiciones de vida. La reducción de la pobreza está estrechamente vinculada con la calidad del empleo, los salarios y los ingresos de los hogares. Por eso, las políticas salariales, la negociación colectiva, la formalización del empleo, la formación profesional y la protección social son herramientas fundamentales para mejorar las condiciones de vida y combatir las desigualdades”, dijo.

“La evolución de la pobreza es uno de los indicadores que nos permite observar el impacto del conjunto de las políticas públicas. En el primer semestre de 2025, a pocos meses de haber asumido el Gobierno, la pobreza afectaba al 17,7 % de las personas. Un año después, en el primer semestre de 2026, ese indicador descendió al 14,8 %. Esto representa aproximadamente 100.000 personas menos en situación de pobreza, de las cuales 48.000 son menores de edad y 25.000 son personas que trabajan. Son avances importantes. Los estudios sobre esta evolución señalan el desempeño del mercado de trabajo y la mejora de los ingresos laborales entre los factores que contribuyen a explicar esta reducción”, aseveró.

En cuanto al empleo señaló que “el último dato disponible corresponde a setiembre de 2026 y permite analizar los primeros nueve meses del año. En ese período, el desempleo promedio se ubicó en el 7,3 %, frente al 8,5 % registrado en los primeros nueve meses de 2024. Esto representa una reducción de 1,2 puntos porcentuales y aproximadamente 20.000 personas menos desocupadas. En cuanto a la tasa de empleo, el promedio de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 59,6 %, 0,8 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2024. En términos de personas ocupadas, esto representa aproximadamente 43.000 personas más trabajando. Queremos destacar especialmente el crecimiento del empleo femenino. La tasa de empleo de las mujeres se encuentra en niveles máximos históricos y, en el último dato de setiembre, superó el 53 %”.

“Los salarios también muestran una recuperación de su poder adquisitivo. Si comparamos el promedio de los primeros nueve meses de 2026 con el mismo período de 2024, observamos un crecimiento del 2,5 % en términos reales, con una recuperación aún mayor en los salarios más sumergidos. El fortalecimiento del Salario Mínimo Nacional constituye una de las prioridades de nuestra política salarial. En ese sentido, se estableció un aumento total anual del 7,54%, en dos etapas: un 4,1% a partir del 1.o de enero de 2026 y un 3,3% desde el 1.o de julio. Asimismo, los lineamientos salariales, construidos en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, priorizaron explícitamente la recuperación de los ingresos más sumergidos”, agregó.

En torno a las jubilaciones destacó que “el ajuste general de las pasividades para 2026 fue del 5,97 %, frente a una inflación que cerró en el 3,65 % durante 2025. A esto se suman los aumentos diferenciales destinados a las jubilaciones y pensiones más bajas. En julio de 2025 el Gobierno aplicó un incremento adicional y, desde julio de 2026, estableció un nuevo aumento diferencial, con un alcance estimado de unas 120.000 personas. A diferencia del mecanismo aplicado por el Gobierno anterior, estos adelantos se otorgan en julio y no se descuentan ni recuperan en enero del año siguiente, permitiendo una mejora efectiva del poder de compra de las pasividades.

Son medidas orientadas a mejorar los ingresos de quienes más lo necesitan, sin desconocer los problemas que todavía enfrentan muchas personas mayores y la necesidad de continuar avanzando en su protección social”.

Indicó que “la reducción del tiempo de trabajo es un debate legítimo sobre cómo distribuimos los frutos de la productividad, cómo organizamos nuestra vida y qué lugar damos al descanso, la salud y los cuidados. Queremos discutirlo con trabajadores, empleadores, especialistas y sectores productivos. En ese sentido, hace pocos días, el sector de la construcción alcanzó un acuerdo histórico mediante la firma de un convenio colectivo que incorpora avances en la reducción del tiempo de trabajo. Es una experiencia concreta que demuestra la importancia de la negociación colectiva para avanzar en esta discusión”.

Adelantó que “desde el Ministerio estamos trabajando en la elaboración de una propuesta de trabajo para presentar al Consejo Superior Tripartito (CST), que permita abrir un ámbito específico de intercambio, análisis y construcción de acuerdos sobre los impactos de la inteligencia artificial y la robotización en el mundo del trabajo”.

Finalmente Castillo reivindicó los avances en el Diálogo Social, particularmente la unificación y ampliación del monto de las partidas para la infancia y la recuperación del derecho a jubilarse a los 60 años, para lo que ya se envió un proyecto de ley al Parlamento.

Respuesta y reivindicación

 “Algunos cuestionamientos se apoyan en que fui dirigente sindical. Esa trayectoria es pública. También son públicas las reuniones de este Ministerio con cámaras empresariales, empresas, organizaciones sindicales y autoridades de distintas áreas. Escuchar a los empresarios no es renunciar a los derechos laborales. Escuchar a las trabajadoras y los trabajadores no es actuar contra la inversión. Nuestro trabajo es buscar soluciones dentro de los marcos y potestades que nos da la ley, incluso cuando ninguna de las partes obtiene todo lo que pretende. Ese es nuestro compromiso, con las trabajadoras y los trabajadores, con las y los jubilados, con las empresas que invierten y producen. Con la democracia y ante este Parlamento”, dijo Castillo al cerrar su informe inicial. 

Castillo cerró su intervención ante el Parlamento, reivindicando su historia de militante sindical y su condición de comunista, recordando a “Enrique Rodríguez, también sindicalista y comunista, que en este Parlamento, la noche del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, dijo: la clase obrera no fallará”.

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