Por Gerardo Núñez*
El Ministro de Defensa Nacional, en junio de este año, presentó a senadores del Frente Amplio un anteproyecto de ley para modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo hizo luego que el anteproyecto fuera discutido por la coalición de gobierno y después de haber alcanzado determinados consensos a la interna del bloque de derecha.
Además de este intercambio, los tres comandos de las FFAA han estado analizando la ley orgánica para proponer modificaciones y para que, en algún momento, se actualicen las leyes orgánicas de las distintas fuerzas.
Los anuncios de cambios a la ley impulsada por el Frente Amplio y votada en el año 2019, ya se habían realizado en plena campaña electoral, tanto por el Partido Nacional como por Cabildo Abierto.
Tan es así que forma parte de los programas de gobierno de los socios de la coalición, aunque con importantes matices. En particular la propuesta de Cabildo Abierto habla de derogar la ley orgánica, mientras que, el Partido Nacional, hace referencia a la actualización de dicha ley.
Estas notorias diferencias parecen haberse saldado en lo que fue el “compromiso por el país”, que prefirió hablar de modificaciones a la ley 19775, dejando a un costado las pretensiones derogatorias de Manini Ríos.
Sobre el texto propuesto, puede decirse que, en términos generales, refiere a cambios menores, aunque otras modificaciones pueden encerrar variantes que deben analizarse con especial detenimiento. En esta nota hablaré de algunas de ellas.
El artículo 13 del borrador, que modifica el artículo 21 de la ley 19775, pasaría algunas tareas de las Fuerzas Armadas que hoy son consideradas subsidiarias a ser principales.
En particular, pasarían a formar parte de las tareas principales la “prevención y neutralización de ataques terroristas y piratería”, la ciberdefensa y la protección de estructuras criticas o vitales que defina el Poder Ejecutivo.
A su vez, la regulación, supervisión y control de la fabricación e importación de armas, municiones, explosivos y pirotecnia que es considerada en la actualidad como una tarea, bajan de rango y pasan a ser entendidas como tareas subsidiarias.
Otro de los cambios que produce preocupación es el artículo 15, que eliminaría una potestad actualmente en manos del Poder Legislativo. De acuerdo al artículo 25 de la ley 19775, es el parlamento quien podrá autorizar o no, la participación de las Fuerzas Armadas en actividades productivas, industriales, comerciales o de servicios. Sin embargo, la redacción propuesta en el anteproyecto transfiere la autorización al Poder Ejecutivo sin la participación del parlamento.
En cuanto a los requisitos para ingresos de personal militar, aparecen cambios llamativos y preocupantes. Es contradictorio que, por un lado, el gobierno diga que busca profesionalizar más a las Fuerzas Armadas y por otro, se estén planteando reducir las exigencias educativas para ingresar a las mismas.
El artículo 26 propone autorizar el ingreso de personal subalterno con educación primaria completa. El numeral 9 del artículo, eliminaría el requisito vigente que establece tener aprobada la educación media básica completa, aunque señala excepciones. El cambio no es menor.
Este mismo artículo del gobierno restringiría el acceso a las Fuerzas Armadas, acotándolo solo para ciudadanos naturales. El artículo 54 de la ley 19775 también admite el ingreso de ciudadanos legales.
Otra de las propuestas que genera inquietudes es la referida a los cambios en el sistema de ascensos.
El cambio principal es que eliminaría los concursos como regla general, tal cual lo establece el artículo 100 de la ley 19775. El artículo 47 del borrador del MDN, crearía un nuevo sistema de ascensos en donde quedan a un mismo nivel los concursos, la antigüedad calificada y la selección para oficiales generales
Por otro lado, el artículo 24, crearía 3 nuevos grados de oficiales superiores. En el Ejército el de Coronel Mayor, entre el grado de Coronel y General. En la Fuerza Aérea el de Coronel Mayor, entre el grado de Coronel y Brigadier General. En la Armada el de Comodoro, entre el grado de Capitán de Navío y Contra Almirante.
A estas creaciones; y sus implicancias, hay que prestarles atención, puesto que de ellos se realizaría la selección por parte del Poder Ejecutivo para los ascensos a oficiales generales.
Estas son, a grosso modo, algunas de las modificaciones que se propone el gobierno. Los cambios responden, entre otras cosas, a la necesidad de dar “cumplimiento” a promesas electorales que se habían realizado en la campaña de 2019.
Pero, sobre todo, deben verse como una forma de apaciguar crecientes malestares que existen dentro de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas con la actual conducción ministerial, entre otras cosas, por incumplimientos de compromisos asumidos por las autoridades.
Es importante que todos los partidos políticos y la sociedad en su conjunto discutan con seriedad los cambios que están a consideración.
Vale la pena recordar, que quienes hoy están al frente del gobierno, nunca se animaron a discutir a fondo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas desde que se recuperó la democracia, incluso estando en el gobierno desde 1985 a 2005, más allá de cambios puntuales que se realizaron durante esos años al decreto ley de la dictadura.
No alcanza con anuncios mediáticos que invitan al debate y al intercambio político que luego se evaporan. Se necesita discutir en serio.
*Diputado Nacional 1001-FA
