Por Rolando Arbesún Rodríguez
Desde los comienzos del nuevo gobierno y con el advenimiento de la declaración de emergencia sanitaria, varios han sido los conflictos que se han presentado entre los trabajadores del sistema judicial y la Suprema Corte de Justicia.
Para interiorizarnos de la problemática, EL POPULAR entrevistó a Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay (AFJU).
Iniciamos el encuentro, preguntando al dirigente sindical, sobre las situaciones críticas que los trabajadores venían observando, durante este período que arrancó el pasado 13 de marzo de 2020.
«Lo más complejo que nosotros hemos visto en todo este período, más allá de cuestiones particulares, lo que nosotros sostenemos, a diferencia de otros actores del sistema judicial, es que el Poder Judicial no es que no haya funcionado como sostienen estos operadores, lo que sucedió es que se entró en una especie de funcionamiento diferente dadas las características de la pandemia», comenzó aclarando el dirigente sindical.
«Más allá de cuestiones puntuales, sobre todo en las cuestiones jurisdiccionales, nosotros nos centramos en las pocas directivas y lineamientos de la propia Suprema Corte de Justicia al asumir la situación sanitaria, no ha tenido, no ha estado para nada a la altura de las circunstancias, donde sus resoluciones han sido erráticas, han permitido cualquier tipo de interpretación, ha sido muy permeables a las presiones, no sólo del sistema político, que probablemente sean las menores, sino, a las de las corporaciones de profesionales que el único interés, desgraciadamente, que ellos tienen que no son otros que sus propios intereses particulares y no los intereses de los justiciables».
Elizalde relató, para ejemplificar lo anterior, que estas corporaciones han planteado más de una vez «no podemos trabajar o déjennos trabajar, e incluso se trató, por parte de ellas, de levantar firmas, sin tener en cuenta ya ni siquiera los trabajadores, sino, sin tener en cuenta a la propia población, acá lo único que había era una especie de necesidad, de recursos, de poder trabajar que desde la Asociación no estamos en contra de ellos, al contrario, pero son situaciones complejas las que se atraviesan, como es la pandemia (…) yo creo que esos colectivos debieron haber buscado, como lo hicieron otros, apoyos donde efectivamente tenían que haber surgido que son los del gobierno nacional que no han proporcionado, prácticamente nada, con vistas a darles recursos a la población, más allá de la pandemia».
El dirigente agregó que «básicamente, la AFJU centra la problemática en que no se ha estado, por parte de la Corte, a la altura de las circunstancias, no ha dado lineamientos claros, ha sido errática, por lo que consideramos que no ha transitado los caminos, ni siquiera del diálogo constructivo, ya que las reuniones que hemos tenido no son del tipo de concreción de propuestas efectivas».
¿Ante esta situación los diferentes actores que conforman el sistema de justicia, cómo se han ido posicionando?, preguntamos al dirigente sindical y esta fue su respuesta:
«Hay actores internos y externos, en lo interno tenemos a, nosotros que somos el sindicato y algunos profesionales no magistrados, luego está la Asociación de Actuarios Judiciales, que básicamente son escribanos, la Asociación de Magistrados que son todos los jueces y está la asociación de Defensores Públicos, además de los Informáticos Judiciales, que son los que conforman la Intergremial y que en algunas situaciones hemos podido transitar juntos y en otras no tanto, pero básicamente quienes se han posicionado más fuertes ante la Suprema Corte ha sido la AFJU, el resto, no sólo ha tenido posiciones disímiles, sino que en algunos casos, han asumido posiciones contradictorias».
Para AFJU, recalcó el dirigente, ha sido central «tener una línea rectora, primero la defensa de la salud, el trabajo y también pensando en la población, en general».
En este sentido, puso como ejemplo las propuestas realizadas para que se reduzcan la cantidad de trámites o de funcionarios que vayan a trabajar, «también está previendo todo el núcleo de población que circula (…) hay que imaginarse, por ejemplo, cuánto de trasiego de la enfermedad hubiese habido si el flujo de personas que se mueve en los ámbitos judiciales hubieran ido, por ejemplo, a presentar sus escritos a cada juzgado, eso se pudo bajar, ahora, dado también, no hubo un lineamiento claro de la SCJ, se observa en el hecho de que en pandemia, como se dejó al libre albedrío del jerarca de la oficina su funcionamiento, tuvimos juzgados que entraron en Feria y prácticamente hicieron las habilitaciones correspondientes y hubo juzgados en los cuales parecería ser que la pandemia pasó hace 10 años y en otro país».
Ante este panorama que se describía, consultamos a Elizalde si la Feria dispuesta por la SCJ, había tenido una efectividad discrecional y respondió:
«Sí, muy discrecional, en los diferentes departamentos, en los juzgados, al no dar la SCJ un lineamiento claro sobre el funcionamiento y lo que debería hacerse, cada jerarca, cada jefe de oficina, cada juez, cada actuario, resolvió de la forma que mejor le parecía (…) de hecho en los juzgados de emergencia, la pandemia no pasó por esos juzgados, pero en las otras materias hubo criterios disímiles».
Elizalde señaló que esta disparidad «no es caprichosa, porque donde hay más reclamos de que no pueden funcionar normalmente, son en aquellos juzgados donde se mueve mucho dinero».
«Acá lo que hay que dejar claro», añadió, «que siempre la urgencia estuvo asegurada, porque los magistrados no estaban de licencia, era una Feria Especial (…) por eso acá lo que vemos es un trasiego de presiones exclusivamente económicas por parte de algunas corporaciones de profesionales que viven del trabajo lucrativo privado».
Estas «demandas» de apertura que se presentaron, en los diferentes momentos de la Feria Especial por parte de las diferentes corporaciones de profesionales, han usado argumentos del tipo «que se deniega justicia», nos explicó el dirigente sindical, pero agregó, «lo interesante de todo es que cuando hay que ir a pelear recursos para justicia que supuestamente es el reclamo de estas corporaciones, nunca hemos visto a ninguno estar al lado del sindicato de judiciales reclamando un presupuesto digno para la justicia, nunca, a nadie».
Durante el intercambio y a partir de la descripción que realizara Elizalde sobre el funcionamiento en la SCJ, le consultamos si esa suerte de «ausencia presencial» de los ministros de la SCJ en la sede de la misma no representaba, en los hechos, una «dualidad» de criterios con respecto al cuidado de los trabajadores, diferente al que sí se asegura a los ministros por la forma en la que estos vienen resolviendo, vía zoom, los casos y resoluciones de su competencia.
«Efectivamente es una dualidad de criterios y a pesar de eso, allí no está el reclamo de las corporaciones de los profesionales», respondió, «yo no vi a ninguna de las corporaciones reclamar que los ministros vayan a trabajar a la sede, si nos están reclamando que los trabajadores vayan a los lugares de trabajo, algo que en los hechos no pasa porque ninguno de los trabajadores se está negando a hacerlo, porque cuando e los convoca van».
«Todo lo que nosotros estamos diciendo como sindicato es porque siempre estuvimos ahí, la dirección del sindicato desde el primer momento, el 13 de marzo del pasado año, nunca se dejó de trabajar, siempre vinimos y estuvimos proponiendo, incluso hasta formas de funcionamiento, hemos sido los que permanentemente hemos estado poniendo sobre la mesa las soluciones, los caminos, que es lo que podemos hacer, pero cuando se armó y rearmó la estructura, somos los que quedamos desplazados», denunció.
Las propuestas presentadas por el sindicato y que, en algún momento, contaron con el supuesto acuerdo de la SCJ, no se consideraron y ello, aclaró el dirigente sindical, solo se explica «por las presiones de grupos internos que fue lo que hizo que ello no prosperara, en particular, el accionar de magistrados y de algunos trabajadores de poder judicial a los que les parecía que ese no era el camino».
Indagamos sobre estas oposiciones de magistrados y trabajadores y Elizalde señaló que los argumentos que fundaban esas negativas eran «estrictamente personales, porque lo que estrictamente se planteaba era que se fuera a un escenario de «burbuja cerrada», con determinadas formas de trabajar, pero la única burbuja que era muy estricta era la de la mañana (…) que a su vez tenía toda una filosofía detrás que era no mezclar los públicos, porque el público de las audiencias es un público que es la población en general, mientras que, el de los juzgados, básicamente son los abogados, procuradores y la idea era que no se juntaran y que hubieran menos funcionarios, pero lo que sí había era una protección a la gente».
Esta propuesta, sin embargo, explicó Elizalde no se concretó, «de hecho quedó en espera porque hubo muchas reacciones y por ejemplo los colegios de abogados del interior del país hicieron muchísima presión y entonces la Corte lo dejó para analizar».
«Lo que sí se generó en la pandemia», nos señaló, «es que hay que empezar a discutir otra cosa que es más central que es la justicia en sí misma, cuando se pide un funcionamiento o se analiza el presupuesto que se otorga también lo que se define es el tipo de justicia que se quiere dar, porque en este momento donde parecería ser que lo digital es la solución, como se hará, por ejemplo, si el funcionamiento sigue siendo en papel (…) pero para asegurar esto, ello no está previsto en el presupuesto», del mismo modo que no está previsto que se pueden abrir y asegurar el funcionamiento, agregó de los Juzgados de Género.
«Creemos que la discusión profunda es qué justicia se quiere», remarcó.
«Otra de las cuestiones», agregó el entrevistado, «que la pandemia muestra es que la justicia uruguaya es cara, si tienes mucho dinero podés llegar a resolver el problema, pero para la clase media, para la mayoría de la población, tener que ir a un juzgado por alguna situación problemática, es un golpe importante en su economía, sin embargo, ahí tampoco está la discusión, como, por ejemplo, por qué un timbre vale lo que vale o por qué no vale menos, algo que es una prerrogativa de la SCJ».
Atendiendo a lo que se nos venía explicando, preguntamos a Elizalde qué reformas precisaría el Poder Judicial para avanzar en una definición diferente de justicia.
«Este es un tema muy discutido y con varias visiones, sin embargo el gran tema a discutir es, por ejemplo, que los magistrados que llegan a dirigir la SCJ, no están capacitados para administrar el Poder Judicial, porque de hecho quien llega a ministro es un juez que pasó toda su vida sentenciando, no es un administrador y ahí hay un problema (…) porque no se tiene cabal conocimiento de cuestiones tan cotidianas como el manejo del personal, el Poder Judicial en estos momentos está mal gestionado y no hay una visión política de hacia dónde debe dirigirse, qué servicios quiero dar más allá de lo jurídico, por eso el funcionamiento hay que reformularlo y volverlo a pensar».
Elizalde señaló, «el Poder Judicial, así como lo conocemos, por su estructura es prácticamente del año 40 o antes, sus formas de funcionamiento fueron las que se acordaron en 1985, no ha tenido una transformación en el tiempo» y puso como ejemplos palpables la existencia de funciones que ya no se ejecutan o exigencias para ingresos a los concursos que ya no son coherentes con el desarrollo tecnológico, como era la exigencia de saber escribir a máquina.
«Lo que hay es que transparentar el Poder Judicial, empezar a tener una mirada más profunda sobre los concursos, los ascensos, la forma de elección de los magistrados, cómo es que ascienden, cómo se califica (…) hoy en día un ministro de la SCJ lo que tiene que tener es respaldo político, hay dos formas de llegar a ministro, por antigüedad y por acuerdo político, yo sostengo que los dos son por acuerdos políticos, porque si vos dejás subir al más viejo, también es porque no hubo acuerdo y entonces se acuerda que suba el más viejo, pero básicamente los ministros de la SCJ suben los que se eligen por acuerdo político y se refrenda la venia en el Parlamento nacional», señaló Elizalde, quien añadió:
«Nosotros consideramos que en el funcionamiento del Poder Judicial o de quienes están adelante del Poder Judicial, mucha responsabilidad la tiene el sistema político porque es el que les da los avales, los que lo votan para que así sea», recordó además que ya habían asumido tres ministros por antigüedad ya que el sistema político no había alcanzado el acuerdo necesario para su definición.
«Estoy convencido que, en el proceso de quien llega a ministro de la SCJ, lo jurisdiccional queda en un segundo plano y sin embargo su accionar político es el que tiene que primar, sin embargo, esta Corte así no la ha manifestado, de hecho, es una Corte que no se manifiesta, nunca se sabe qué piensa, más allá de los acuerdos o no con sus fallos, pero no hay un lineamiento político», concluyó subrayando.
Pocos días después de esta entrevista y mediante un nuevo comunicado público, los funcionarios judiciales reafirmaron su “preocupación” por diferencias entre ministros de la Corte, que producen sucesivas “idas y vueltas”, así como dificultades en la toma de decisiones.
En el comunicado de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) se reiteraba la “preocupación por la situación de tensión institucional que existe en el seno de la Suprema Corte de Justicia” (SCJ), algo que ya había sido señalado por el Semanario Búsqueda, a propósito de “las diferencias que existen entre los ministros”, diferencias que, según el medio se habían ido “profundizado en las últimas semanas”.
“En este especial momento de la vida del país”, señalaba el último comunicado de la AFJU, “todas las autoridades institucionales que componen el gobierno deben hacer los máximos esfuerzos para estar a la altura. Deben dar seguridad a los ciudadanos, ejemplo de ética y vocación de servicio o dar un paso al costado (…) en ese sentido, el Poder Judicial, último recurso de los ciudadanos para encontrar justicia, debería mostrarse fuerte, capaz de amparar y dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía. Como trabajadores comprometidos con el servicio de Justicia y reiterando nuestra disposición a encontrar las mejores soluciones, llamamos a reflexionar al sistema político, a la sociedad civil y en especial a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, sobre el papel fundamental del Poder Judicial como parte del estado de derecho, poniendo en el centro a los ciudadanos”, se enfatizaba en la declaración de los funcionarios judiciales agremiados en la AFJU.
