Por Hugo Guzmán (*).
Ningún candidato presidencial hizo alusión alguna al tema, más preocupados de primarias y la política formal y cupular. La mayoría de los medios de prensa, hegemónicos y alternativos, omitieron la información. Prácticamente hubo cero vocerías de dirigentes y legisladores de la oposición y el oficialismo. Para el gobierno el suceso no existió y todo indica que apuntaron a aquello de “lo mejor es dejarlo así”. Hasta la fecha no se sabe de muchas reacciones desde la sociedad civil.
Fue entregado a media semana el Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), como parte del Informe Anual 2019, que dio cuenta de un escenario grave y dramático en esta materia en el país. Un dato y una declaración que sintetizan la situación: de acuerdo con el Instituto, solo en un caso, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019, se obtuvo una condena al agresor; todos los demás, están en la impunidad. Y el director del INDH, Sergio Micco, declaró que “si hoy tuviésemos que emitir un juicio definitivo, estaríamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia, y eso es gravísimo para el estado democrático chileno”.
Desde el mundo político, social, gubernamental, legislativo, comunicacional, prácticamente no se reaccionó frente a los datos y declaraciones salidas desde el INDH, como su hubiese una naturalización de las violaciones a los derechos humanos (DDHH) y la falta de procesamientos, sanciones y condenas a los agentes del Estado (Carabineros, Policía de Investigaciones -PDI- y Fuerzas Armadas -FFAA-), lo que está encaminando a una impunidad similar a lo que se conoció en dictadura.
Se puede suponer que si los contenidos del texto entregado tuvieran relación con Venezuela u otra nación, los medios y representantes políticos habrían dado cobertura y armado una polémica.
De 2019 a 2020, sumadas querellas formales, denuncias de organizaciones sociales y de la sociedad civil, hechos registrados por la prensa, hay o hubo alrededor de 5 mil personas afectadas o víctimas de asesinato, tortura, abusos sexuales, golpizas, maltratos, amputación ocular, amedrentadas, por carabineros, funcionarios de la PDI y miembros de las Fuerzas Armadas.
Solo el INDH presentó 2.520 querellas y registró 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el marco del estallido social registrado en todo el país durante el último trimestre de 2019 y primeros meses del 2020.
Decenas de situaciones represivas se vivieron en varias poblaciones y barrios de distintas ciudades en el primer semestre de 2020, cuando mucha gente salió a protestar por falta de alimentos y de apoyo de parte del gobierno y municipios.
Los distintos informes radicados en el Parlamento y entidades de DDHH hablan de entre 5 mil y 8 mil heridos producto de la acción represiva de las policías y las FFAA durante movilizaciones registradas en 2019 y 2020. Alrededor de 400 ciudadanas y ciudadanos sufrieron amputación o daño ocular por efecto de balines y bombas lacrimógenas lanzadas por carabineros, varios de ellos oficiales.
Más allá de polémicas por la cifra exacta, al menos varias decenas de jóvenes llevan más de un año presos por participar en manifestaciones durante la revuelta social, con denuncia de atrasos e irregularidades en sus procesos, mientras los uniformados imputados por agresiones a civiles están con arresto domiciliario, lo pasan en una Comisaría o están libres, con peticiones del alto mando de que no les suspendan los sueldos ni otros beneficios.
Déficit en respuesta a recomendaciones
De la veintena de recomendaciones hechos en los dos últimos años por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el INDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otros, el gobierno y específicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha contestado ni la mitad. Esas recomendaciones son ignoradas por las entidades policiales y militares ya que no entran en sus protocolos ni decisiones internas.
Según el Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH, ninguna recomendación del organismo se cumplió íntegramente, solo parcialmente o no hay registro de respuesta de parte de las autoridades.
En este marco, Sergio Micco declaró que “a pesar de los esfuerzos hechos, el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
De acuerdo a lo establecido por el Instituto, están “pendiente de cumplimiento” las acciones del gobierno y en específico del jefe del Ejecutivo, Sebastián Piñera, para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos en Chile y la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos. El informe apuntó que el Estado “no informó sobre medidas que apuntan a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”. “La verdad de las cosas es que, al preguntar la información al Estado de Chile, nos encontramos más bien con un silencio”, aseguró Sergio Micco.
En los días posteriores al conocimiento de todos esos antecedentes y datos, muchos de ellos que no son nuevos, hubo un silencio extendido en los medios de comunicación de distinto signo y de una manera transversal de los espacios políticos y legislativos.
Alguien podrá discrepar en algunos aspectos con el INDH, tener ciertas desconfianzas o verlo con odiosidad como los partidos y personeros de derecha, pero el informe presentado contiene datos y antecedentes objetivos, precisos, formales, documentados y las aseveraciones de su director, Sergio Micco, dan cuenta de sucesos, realidades y situaciones comprobables.
En este marco, la abogada de derechos humanos y congresista Carmen Hertz, señaló a El Siglo que “frente a lo de hoy, tenemos muy malas señales, porque por una parte tenemos un Estado que está violando de manera sistemática los derechos fundamentales de las personas, como no se veía desde la dictadura. O sea, tenemos un Estado violador de los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal y psíquica”.
Fuera de la agenda
Hay un ambiente en que, como lo señalan unas pocas legisladoras y varios abogados, la agenda de derechos humanos (DDHH) aparece relegada, omitida, silenciada.
Dentro de las pautas comunicacionales y de las vocerías políticas, incluidos candidatos a distintos cargos, la agenda de derechos humanos parece desaparecida, cuando en rigor, es uno de los temas más sensibles y preocupantes de cualquier régimen político y de cualquier “sociedad decente” como lo dijo Carmen Hertz.
Ya no solo se trata de abordar las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar -sin olvidar que aún no se conoce el paradero de más de mil detenidos desaparecidos-, sino de sucesos de los últimos dos años, es decir, recientes y latentes y que afectaron a miles de chilenas y chilenos.
Una agenda de DDHH que, de acuerdo a lo dicho por abogados, se instala entre familiares, amigos, organismos de derechos humanos, alguna prensa alternativa y unos pocos legisladores, pero no ocupa una prioridad nacional, amplia y con preocupación de que se establezca la verdad de los hechos y se avance en procesos judiciales.
Si hay alguien que guarda silencio, salvo para salir a defenderse, y omite el tema, es el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y, paradójicamente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con una débil agenda en esta materia y gestiones formales que, por ejemplo, se pueden encontrar en su Portal Web.
Desde el punto de vista político, esta situación ayuda al gobierno de Piñera, a los altos mandos de Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas y sectores del Poder Judicial que en sucesivas declaraciones relativizaron y desmintieron los extensos casos de violaciones a los derechos humanos. Es reiterada la defensa de Piñera y sus ministros del actuar de Carabineros, la PDI y las FFAA cuando se les pregunta sobre vulneraciones a derechos y comisión de delitos y agresiones. La palabra “contexto” para justificar episodios de violencia de parte de agentes del Estado y la promesa de que “se investigará” es recurrente en las vocerías oficiales para explicar y evadir episodios de derechos humanos. Por cierto, ese tono discursivo lo usó en reiteradas ocasiones el ex jefe de Carabineros, Mario Rozas, y lo comenzó a usar el director de la PDI, Héctor Espinoza.
En reiteradas ocasiones desde la derecha política y grupos reivindicadores de la dictadura se señaló, ante los DDHH, que “es un tema del pasado”, pero hoy, durante la administración de Piñera está más claro que es un tema del presente y por ello llama la atención que esa agenda aparezca relegada y muchas situaciones vayan quedando en el vacío, sin respuesta, dilatadas, y generando algo más que la sensación de impunidad.
Silencios de La Moneda y de la Subsecretaría de DDHH
El último informe del INDH es otro de los casos donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos volvió a guardar absoluto silencio, como si no le preocupara ni le adjudicara algún valor a los cruciales y graves datos proporcionados por una entidad que es estatal y ante la cual esa dependencia debería tener un trato y al menos ponderación respecto a lo que informa a la ciudadanía.
Lorena Recabarren, subsecretaria de DDHH, es una especie de fantasma. No sale de pautas estrictamente formales y ante los temas y sucesos de violaciones a los derechos humanos suele guardar silencio y no genera pautas de prensa. En dos años apenas supera algo más de cinco puntos de prensa relativos a violaciones a los derechos humanos y de acuerdo a reporteros, varias fueron ordenadas desde La Moneda para que saliera a defender la actuación gubernamental y de Carabineros.
Durante la revuelta social en sus encuentros con la prensa protegió al Presidente Piñera, respaldó tácitamente a Carabineros, hizo la promesa de que se analizaría las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de DDHH -lo que en lo grueso y sustancial no se ha cumplido- y tendió a relativizar la vulneración de derechos y actos indebidos de los agentes del Estado. Lorena Recabarren ha actuado más en la línea comunicacional de un Ministerio del Interior o vocería de La Moneda que con una mínima preocupación o autonomía en la materia de la cual está a cargo. Durante todo el 2020 no hizo referencia alguna a graves situaciones de violaciones a los derechos humanos y las miles de víctimas, y ahora no dijo nada respecto al INDH que es una entidad del Estado.
Es cierto que ni el Presidente ni el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (el militante de la UDI, Hernán Larraín) dijeron algo por el informe del INDH, pero tampoco han sacado la voz por otros informes y denuncias, salvo querer insistir en que en Chile “no hay violación sistemática de derechos humanos”.
A eso se suma que los altos mandos policiales y militares tienen decidido no abordar los temas. Pero eso tiene un matiz. Como cuando el director de la PDI enfrentó a los parlamentarios en la comisión que estaba analizando el allanamiento a Temucuicui con 850 elementos y más de 20 vehículos blindados, más drones y helicópteros.
El jefe policial, siguiendo en esto también el estilo de Mario Rozas, fue deliberante. De hecho, El Mercurio tituló la nota con la frase “director general del PDI encara a legisladores” y La Tercera hizo lo propio con “jefe de PDI increpa a parlamentarios”. Reprochando abiertamente la actividad legislativa, el jefe policial increpó a los congresistas diciendo, en referencia a lo ocurrido en la comunidad mapuche, que “lo que muchos no creían, ¡ustedes, señores, que deben hacer las leyes!, lo que muchos han negado, hoy es una realidad: hay violencia, hay crimen organizado, hay drogas y armas, hay una organización criminal”.
Por cierto, Héctor Espinosa dio las gracias a los legisladores de la derecha por el respaldo recibido por el ingreso armado y violento a la comunidad mapuche y a un par de parlamentarios del oficialismo. Claro que hasta la fecha, Héctor Espinosa no dijo nada sobre la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco que condenó el uso de violencia excesiva de parte de funcionarios de la PDI en contra de una niña de 7 años, hija del comunero Camilo Catrillanca asesinado por Carabineros.
En cuanto a silencios, habrá que ver, por ejemplo, lo que pase con la querella que está siguiendo la Fiscalía Regional de Valparaíso, presentada en contra del Presidente, de dos ex ministros del Interior, del ex jefe de Carabineros y donde deberá declarar como imputado el actual general director de Carabineros. Hasta ahora las autoridades permanecen calladas y los medios no prestan mucha atención.
Lo concreto es que hay muchos temas abiertos en la agenda de DDHH. ¿Quedarán en nada las casi 3 mil querellas presentadas por acciones de agentes del Estado? ¿Quedarán sin sanción ni pena carcelaria los militares, carabineros y detectives acusados de violaciones a los derechos humanos, de matar a un trabajador en una golpiza y dejar ciegas a dos personas, de cometer abusos sexuales y no respetar protocolos? ¿Se responderá al final de cuentas a las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales? ¿Se activará una acción legislativa y desde la sociedad civil para evitar que se materialice una situación de impunidad?
Este año, junto a los procesos eleccionarios, crisis social y económica, pandemia por el Covid-19, parece que podría ser decisivo también en cuanto a cómo se abordará y resolverá la agenda de derechos humanos.
(*) Periodista chileno
Fuente El Siglo
