La FFOSE presentó ante el Tribunal de Cuentas un recurso de revocación contra la decisión del ente de avanzar con el Proyecto Neptuno.
El presidente de la FFOSE, Federico Kreimerman, informó al portal del PIT-CNT que el recurso de anulación de la resolución del directorio de OSE fue presentada ante el Tribunal de Cuentas (TC), tal como lo indica el TOCAF.
El presidente del sindicato explicó que desde el punto de vista jurídico «nos basamos en la vulneración del artículo 47 de la Constitución de la República, tanto porque indica que el agua debe ser estatal y pública y a nuestro entender eso no se cumple. Y además porque ese artículo indica que, para las obras de este tamaño, en lo que se refiere al agua potable, debe haber un proceso de consulta ciudadana y diálogo social, el cual claramente no se recorrió. Ni siquiera se citaron correctamente a los organismos impuestos por la ley”, remarcó.
Kreimerman destacó que la FFOSE cuestiona que al privado que resulte ganador de la licitación del proyecto Neptuno se le encargarán varias tareas al mismo tiempo, como por ejemplo el diseño, la construcción, la financiación y luego el mantenimiento de la infraestructura. «Infraestructura que será privada, por más que la opere OSE. Y precisamente para que la opere OSE, la empresa pública deberá pagar lo que llaman un canon por disponibilidad. La parte del financiamiento y el contrato, para nosotros, excede no solo la discusión del agua sino que se está haciendo un muy lucrativo negocio para el capital privado”, cuestionó.
En otro punto, también alertó sobre la extensión del contrato propuesto por el directorio del ente. «Se propone un contrato a 20 años, donde los dos primeros años el inversor privado financia la obra, la cual en la resolución se estima en unos 250 millones de dólares. Luego OSE, año a año, pagará un canon del entorno de los 30 millones de dólares. El resultado final es que cuando termina el contrato, 20 años después, mientras al privado le costó 210 millones de dólares construir, en cambio la empresa pública OSE termina pasándole al privado 530 millones de dólares solo por disponer de la planta. Además, tendrá los costos operativos y esto redondeará unos 700 millones de dólares».
Kreimerman subrayó que existe “un fuerte negocio» ya que «el riesgo financiero del privado, por invertir estos 210 millones de dólares, termina siendo un costo para el Estado, porque la empresa pública habrá destinado 530 millones de dólares. Claramente, resulta un pésimo negocio teniendo en cuenta que el dinero saldrá de las cuentas públicas de la empresa y que OSE se financia con su tarifa”.
Foto de portada:
Facturas de OSE. Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos.
