Por Luis Puig (*)
Realizar un balance de la situación política internacional o de algún país en particular, en este caso Uruguay, va a estar directamente relacionado con un convidado de piedra, el desarrollo de la pandemia en el 2020 y las consecuencias que esta ha generado desde el punto de vista sanitario, económico y social y también las excusas que se han utilizado para atribuirle a la pandemia decisiones políticas y económicas que han tenido perjuicios fundamentales en las condiciones de vida de nuestro pueblo .
Separar a un lado los bagres y a otro las tarariras, como le gusta decir al presidente, es una tarea necesaria para entender en este año tan complejo cómo se han llevado adelante las decisiones políticas previamente acordadas por el elenco conservador que pomposamente se hace llamar coalición multicolor.
La pandemia está teniendo un efecto devastador en el mundo desde el punto de vista sanitario, económico y social. Al mismo tiempo, hay que establecer que la misma deja en clarísima evidencia las desigualdades intrínsecas del capitalismo, donde los países con mayor poder económico acaparan las vacunas y tienen posibilidades de tratamientos adecuados, cuando una enorme cantidad de países pobres ni siquiera pueden acceder a los aspectos elementales del cuidado sanitario, en algunos casos incluso por falta de agua potable. Ni que hablar de lo que ha significado el total desequilibrio en el acceso a las vacunas, donde los países ricos han concentrado dosis que multiplican por mucho la cantidad de su población y en otros países ni siquiera ha sido posible comenzar a vacunar. Esta es una realidad incontrastable que nos muestra una vez más las características de injusticia y desigualdad del capitalismo como tal.
En nuestro país, la asunción del nuevo gobierno el 1º de marzo de 2020 mostró claramente la confirmación de lo que veníamos anunciando en la campaña electoral. Se produjo un ataque sistemático sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de la población en general.
La rebaja salarial, el aumento de la desocupación, los recortes en la políticas sociales y un presupuesto a la baja, deterioran gravemente las condiciones de vida. A esto se suma la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que tiene como efecto fundamental generar los mecanismos jurídicos punitivos para la transformación del Estado y blindarlo en torno a las protestas y resistencias de nuestro pueblo.
El largo camino de la derecha para lograr hegemonía
El mismo 1º de marzo de 2005, cuando la derecha entregaba un país destruido con 40% de pobreza, un 19% de desocupación, salarios mínimos miserables y un altísimo grado de exclusión social de uruguayos y uruguayas, en ese mismo momento comenzó el ataque de la derecha tratando de enfrentar las políticas del Frente Amplio, impulsor de un proceso de mayor igualdad. Así atacaron fuertemente la ley de Negociación Colectiva, la instalación de los Consejos de Salario, las políticas que tendían a dar mayor regulación a la Seguridad Social, una política del Frente Amplio encarada desde el 2005 tendiente a cambiar este país de privilegiados en función de las necesidades de las grandes mayorías. La ofensiva de la derecha comenzó allí.
Sin embargo, la concreción de las políticas sociales, la incorporación de aspectos democráticos esenciales como la posibilidad de los trabajadores de discutir salario y condiciones de trabajo, la creación de 300.000 puestos de trabajo que se fueron generando a partir de políticas públicas, la drástica reducción de la pobreza y la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, tendiente a la inclusión social, hicieron que el Frente Amplio mejorara sustancialmente las condiciones de vida de la gente y lograra la adhesión de la mayoría de la población.
Un papel destacado jugaron la gran cantidad de leyes de protección a los trabajadores y trabajadoras y una agenda de derechos que puso a Uruguay a la vanguardia del mundo en muchos aspectos.
Sin embargo, las políticas profundas de cambio de estructuras no se llevaron a cabo a plenitud, no hubo avances sustantivos en materia de cambios estructurales, si bien se avanzó en inclusión social como en toda la década progresista en América Latina, también quedaron claramente establecidos los límites del proyecto progresista en la medida que ningún país de la región generó alternativas que realmente gravaran al capital para que este contribuyera verdaderamente al desarrollo de la sociedad y superar sus desigualdades.
Al mismo tiempo no existió la necesaria voluntad política para avanzar a fondo en materia de derechos humanos, depurando a las fuerzas armadas de los elementos antidemocráticos y faltó también esa voluntad para enfrentar los poderes fácticos como el monopolio de los grandes medios de comunicación.
Esto a la larga generó el fortalecimiento de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Esa situación económica cambió en forma notoria con el desarrollo de la crisis global, con la baja en los precios de las materias primas que Uruguay exporta y en su posibilidad de colocación en el mundo, se vio menguado el ingreso a las arcas del estado.
Ese era un momento fundamental para tomar decisiones en las cuales claramente se avanzara, en materia de qué aquellos sectores que se habían beneficiado mayoritariamente, los grandes capitales que habían hecho grandes ganancias incluso en el periodo frenteamplista, contribuyeran de manera de poder lograr el desarrollo de políticas sociales.
Sin embargo, se tomó por parte de nuestro gobierno la decisión de no revisar las políticas de los subsidios a las grandes empresas, que en el 2015 estaban en torno a los 1.800 millones de dólares anuales, un 3% del PBI.
El salario real, que en el periodo frenteamplista aumentó en torno al 56% y más de un 250% el salario mínimo nacional, esos aumentos comienzan a enlentecerse y de alguna manera se genera la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo.
Es en ese marco que la prédica opositora, llevada adelante por la derecha tradicional de blancos y colorados y al mismo tiempo con la activa participación de elementos ultrareaccionarios que después pasarán a concretar Cabildo Abierto, conjuntamente con la derecha social sustanciada en “un Solo Uruguay” y con un papel fundamental de los grandes medios de comunicación hostiga permanentemente al Frente Amplio y a sus políticas. Instala el concepto de enemigo interno de la inseguridad y se le atribuye su responsabilidad al gobierno del Frente Amplio.
Logran imponer la idea de que los gobiernos del Frente Amplio se dedicaron a mantener vagos que no querían trabajar (así despectivamente se refieren a los y las compatriotas que las políticas neoliberales excluyeron), obviando que en realidad siempre fueron infinitamente superiores las políticas de apoyo al capital que los dineros que se destinaban a las situaciones límites de los uruguayos y uruguayas atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social.
La derrota de noviembre del 2019 fue más que electoral
El triunfo del conglomerado conservador en 2019 vino precedido de la instalación de ideas fuerzas en la sociedad, que realmente significaron que la izquierda había perdido una batalla cultural, política e ideológica.
Este conglomerado compuesto de sectores de derecha neoliberal, la ultraderecha y los dueños del campo y el papel fundamental de los grandes medios de comunicación no perdió el tiempo al momento de asumir el gobierno.
Desarrollaron a plenitud un programa profundamente antipopular. Instalaron en plena pandemia, a contrapelo de lo que se hacía en el mundo, el aumento de tarifas públicas.
Se concentraron rápidamente en el desmantelamiento de los derechos adquiridos por los trabajadores y las mayorías nacionales en los últimos años, el objetivo de desmantelar la negociación colectiva se puso rápidamente en marcha.
El desmantelamiento de políticas públicas, de vaciar de contenido los consejos de salarios, de anunciar en forma inmediata el envío al parlamento de la LUC mínimamente demorada por la instalación de la pandemia, configura un hecho de profunda transformación de los contenidos jurídicos y las reglas de juego en el país.
Esta ley, aprobada sin un verdadero debate democrático con la sociedad y en el propio sistema político, conlleva a cambios fundamentales en las reglas de juego jurídico de la sociedad uruguaya.
Además, los contenidos vinculados a los aspectos punitivos generan la pérdida de garantías de la ciudadanía ante los poderes coercitivos del Estado y se realiza el desmantelamiento de los Consejos Educativos con la participación de los docentes.
Todo lo referido a preparar las condiciones para la privatización de áreas fundamentales del Estado, el avance en materia de reglamentación sindical atentando contra el derecho de los trabajadores, la desprotección de los inquilinos ante los propietarios, el desmantelamiento de los contenidos fundamentales del Instituto de Colonización y otras de igual gravedad están contenidos en la LUC y fundamentalmente en los 135 artículos que mediante la campaña de recolección de firmas pretendemos derogar.
La crisis social está instalada, la lucha y la solidaridad también
La recurrente referencia a la necesidad de bajar el déficit fiscal va a contrapelo de todo lo que se viene desarrollando en el mundo para tratar de aplicar políticas que puedan ayudar a superar esta situación y no se siga aumentando la pobreza, miles de compatriotas comen hoy en ollas populares.
Uruguay ha sumado en estos meses 100.000 nuevos pobres, ha rebajado los salarios y las jubilaciones, avanza el desmantelamiento del Estado, se cancelan planes y políticas sociales, en realidad esto es consecuencia de decisiones políticas que van más allá de la pandemia.
Pero ¿qué pasó en todo este año?, ¿cómo los uruguayos y uruguayas pudieron enfrentar las situaciones más dramáticas de la falta de alimentos para miles de personas? Eso pudo hacerse en base a la solidaridad organizada, en muchos casos desde cooperativas, sindicatos y vecinos que se auto-organizaban para enfrentar la situación en ollas populares y con una total ausencia del Estado en esa materia. Claramente la cantidad de gente que perdió su trabajo, los que pasaron a seguro de paro, los que vieron menguados sus ingresos, los trabajadores en situación precaria que no pudieron hacer frente a las necesidades diarias, sufren la ausencia de un Estado que fue uno de los que menos aportó en el mundo recursos para enfrentar esta situación.
Es una vez más la solidaridad la que permite enfrentar esta situación y que decenas de miles de compatriotas puedan comer en ollas populares.
En medio de esta crisis sanitaria, social y económica se llegó a estigmatizar la lucha de los trabajadores, se llegó a decir que las movilizaciones habían contribuido al desarrollo de la pandemia cuando los mismos informes del Grupo Asesor Honorario del gobierno establecían que fueron otros los mecanismos por los cuales la pandemia se desarrolló en el país: a nivel laboral, intrafamiliar y aspectos que no tenían que ver con las movilizaciones.
El movimiento sindical, las organizaciones de derechos humanos, los cooperativistas, las feministas, los usuarios de salud, y todos aquellos que llevan adelante las movilizaciones lo han hecho siempre pensando en la salud de la gente y en no dejar de luchar.
El 1º de Mayo significó una impresionante movilización de los trabajadores en caravanas que con todos los recaudos sanitarios fueron formidables.
Así también lo fue la conmemoración virtual y por distintos medios del 20 de Mayo.
Las diferentes formas de resistencia se multiplicaron.
Hace pocos días 30 caravanas del SUNCA mostraron ingenio y protagonismo y participación.
Existen reservas de lucha en nuestro pueblo para enfrentar la política hambreadora y represiva de un gobierno que día tras día los grandes medios de comunicación intentan blindar.
La campaña de recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la LUC es un aspecto fundamental en la construcción de la resistencia.
La búsqueda permanente de la unidad para luchar también lo es.
La Intersocial juega aquí un rol fundamental.
Es imprescindible que nuestro Frente Amplio de un ejemplo de oposición responsable, esto desde nuestro punto de vista significa estar al frente de la construcción de la resistencia a las políticas que deterioran las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Hoy es imprescindible la humildad para reconocer nuestras carencias, errores y debilidades, y la fortaleza y la convicción de buscar cada día la coincidencia con quienes no aceptan resignadamente la pauperización de cada vez más compatriotas.
Una vez más reafirmamos que la unidad para luchar no es un artículo suntuario, sino un artículo de primera necesidad. Toda nuestra solidaridad con los que luchan y con los y las docentes de San José sancionados.
Salud y arriba los y las que luchan.
(*) Integrante del Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.
