Entre el discurso de odio y “la ley de la selva”.
Fabián Cardozo (*)
Estamos en tiempos difíciles. Hace años era “raro” hablar en Uruguay de dificultades en materia de libertad de expresión.
Hoy lamentablemente esta problemática se ha instalado y es mucho más común encontrarse con intercambios duros, amenazas y descalificaciones, que la mayor parte de las veces nacen desde las redes sociales para trasladarse a nuestra vida diaria, más allá de los 280 caracteres del Twitter.
La censura impuesta
El problema no es solo la eventual censura, sino el riesgo que esta problemática nos lleve a la auto censura de los periodistas y comunicadores que también incide muy negativamente sobre la calidad de la información que se proporciona a la sociedad, en un momento en el que justamente más se necesita para contrarrestar el fenómeno de las fake news que ha cobrado inusitada fuerza en las redes sociales.
Es por eso que, como en el 2019, nuestro sindicato, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se puso al frente de una campaña para enfrentar a la desinformación y las fake news, en esta oportunidad la intención es plantear la problemática de los discursos de odio que germinan en redes pero que siempre tienen una “bajada” en nuestra diaria convivencia.
En tal sentido, en esta última semana solicitamos reuniones mediante cartas a las autoridades de todos los partidos con representación parlamentaria, para hacerle saber de nuestra propuesta y la necesidad de articular desde el sistema político y los movimientos sociales una campaña para mejorar el clima de convivencia democrática en el país.
Notoriamente, además, hemos asistido a episodios de lamentables mensajes de estigmatización y descalificación hacia los periodistas de parte de integrantes del sistema político de notoria relevancia. Esa actitud viniendo “desde arriba”, tiene un impacto especialmente negativo y no importa si es de “derecha o izquierda”.
La lucha sindical funciona
Libertad de expresión también es asegurar la viabilidad de los medios de comunicación. En los últimos tiempos fue la lucha sindical la que aseguró que tal vez el medio más influyente del país como el semanario Búsqueda, no cerrara sus puertas y obligó a que el acuerdo entre compradores y vendedores incluyera el respeto a los derechos básicos de los trabajadores como lo establecido en la negociación colectiva y la estabilidad laboral.
Lo mismo ha sucedido en los diarios La República y El Observador con diversas características, pero con la coincidencia de la necesaria existencia de una organización sindical fuerte y decidida a defender los derechos de sus afiliados.
Luego del fuerte golpe que nos dejó la pandemia del COVID 19, cuya marca en el sector fue de más 600 fuentes de trabajo afectadas, lentamente comenzó la recuperación, pero todavía con cosas para hacer y dificultades variadas en los sectores de prensa, radio, tv abierta y tv para abonados. A nivel de medios públicos, la nueva gestión comenzó con un polémico planteo en cuanto a control de contenidos y un manejo administrativo defectuoso, que produce impactos en la siempre pauperizada relación laboral con buena parte de sus trabajadores y en la imagen y calidad de contenidos, que muy lejos están del modelo europeo en el que dicen reflejarse sus autoridades.
La ley de la selva
Además de esto, en las últimas semanas pudimos conocer la iniciativa del gobierno de bajar de un “plumazo “ la Ley de Medios derogándola tal cual está vigente y haciendo caer varios derechos, como los espacios al aire destinados a la protección de niños y colectivos vulnerables respecto de los contenidos que se emiten, todo lo vinculado a la producción nacional y una cláusula muy importante referida a la objeción de conciencia de los periodistas frente a los dueños de los medios, para no ser despedidos si se niegan a acompañar con su imagen, voz o firma contenidos que hayan sido modificados sin su consentimiento. Un marco legal sin regulación ninguna, convertiría además el espectro radioeléctrico en una “ley de la selva”, donde solo el poder del dinero mandaría y se favorecería la concentración, los monopolios y la extranjerización de las empresas de los medios, fenómeno que ya ha comenzado a aparecer con fuerza.
Tomando en cuenta que al momento no existe el apoyo político dentro de la propia coalición gobernante para derogar la ley, ya que la amplitud ideológica de los sectores que la integran no ha logrado consenso, el gobierno amenaza con continuar el camino y en caso de que no se derogue en esta Rendición de Cuentas, el camino sería sustituirla por un nuevo texto que buscará ahora si el apoyo dentro de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
Con su aprobación este proyecto derogaría la ley de medios vigente votada en 2014. En base a algunos datos, especialistas consideran a este nuevo texto como “un traje hecho a medida” de los empresarios de la comunicación restableciéndose una serie de privilegios y, desandando la consagración de derechos ciudadanos de participación y consumo de la producción audiovisual.
La sociedad civil organizada en la llamada “Coalición por una comunicación democrática” ha decidido enfrentar esta situación y expresar una serie de planteos y preocupaciones sobre los contenidos del nuevo proyecto.
Seguramente pronto esta situación obligue a reflotar el fuerte vínculo entre movimientos sociales y sindicales, que en su momento trabajaron en forma conjunta para elaborar el texto para un nuevo objetivo: no permitir el avasallamiento de derechos, ni desandar tantos pasos positivos en lo ya construido.
Fuertes y juntos
Es este, entonces, el panorama que nos deberá encontrar al decir de ese himno de la música popular: “Fuertes y juntos, como muralla”.
Finalmente, corresponde agradecer al equipo de EL POPULAR por la oportunidad de trasladar nuestra mirada y felicitarlos por estos primeros 600 números.
Sepan que los acompaña en cada publicación el recuerdo de German Araújo, siempre presente con su Diario 30, símbolo de la resistencia a la dictadura, junto a Juan Manuel Brieba, aún desaparecido, y Norma Cedrés, asesinada en la cárcel, junto a todos los demás compañeros que soportaron años en prisión y los que fueron obligados al exilio.
Seguiremos juntos en este camino de construir una comunicación desde el punto de vista de los trabajadores.
(*) Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Leyenda de foto de portada:
Periodistas de diferentes medios en la Torre Ejecutiva. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
