El título no es un intento de agravio, ni un recurso agitativo, es una caracterización de la acción y los resultados del gobierno de la coalición de derecha, hegemonizada por el Herrerismo y encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.
Más allá de los apurados anuncios de “rebaja de impuestos” y la muy bien montada puesta en escena de la visita al Parlamento, tratando de retornar a los días de hegemonía comunicacional casi exclusiva durante la pandemia, el gobierno y el presidente llegan a su tercer año de gestión en su peor momento político.
En 2019 ganó el gobierno la fracción más conservadora de las clases dominantes, con una fuerte presencia del agronegocio, el capital financiero y la gran industria, con una expresión política, una alianza de cinco partidos, hegemonizada por el Herrerismo y con componentes de rasgos fascistas. Esto implicó una concentración del poder, al poner a las clases dominantes al mando de la administración del Estado.
¿Qué hicieron? Aplicaron a marchas forzadas la restauración conservadora, con el ajuste neoliberal como principal componente, promovieron el desmantelamiento del Estado, la concentración de la riqueza y el recorte de derechos.
No es que los resultados que obtuvieron fueran causa del azar o de algún desastre exógeno, más allá, por supuesto, del evidente impacto de la pandemia, pero es que aún en el medio de la pandemia hicieron un brutal ajuste fiscal y festejaron los ahorros.
No es que no tengan rumbo, están aplicando el programa que implica defender los intereses de clase de sus principales componentes. La obsesión, pública y explícita, por los “malla oro”, una peculiar manera de hacer menos antipático el compromiso con la oligarquía, o con los sectores más concentrados de la riqueza y el poder, si se les quiere llamar de otra manera, ha llevado a implementar políticas cuyo principal resultado fue el aumento de la desigualdad. Tras tres años de gobierno de la coalición de derecha hay que reiterarlo: Uruguay es hoy más desigual y menos libre, por lo tanto, menos democrático.
La economía de Uruguay creció, estamos en niveles superiores a los de 2019, es decir de prepandemia, en general y en un buen número de rubros económicos tomados individualmente. Se batieron récord de exportaciones durante dos años consecutivos, superando los 12 mil millones de dólares. Los depósitos bancarios en Uruguay y en el exterior, crecieron 10 mil millones de dólares, más del 80% de ese incremento se dio en las cuentas de más de 100 mil dólares y, particularmente, en las de más de 250 mil dólares. A los malla oro, a la oligarquía, a los más ricos, les fue y les va muy bien.
Junto con ello se instrumentó una política deliberada de reducción del Estado, de recorte de inversión pública, de apoyo a la iniciativa privada, de mercantilización y privatización, directa, indirecta o encubierta. En medio de la pandemia el gobierno festejaba que había ahorrado dinero y recortado lo que la derecha denomina “gasto público”. Entre 2021 y 2022 el gobierno “ahorró” o si se es más preciso recortó la inversión pública en más de 450 millones de dólares, el grueso de ese recorte fue en Educación Pública, Salud Pública, Vivienda y programas sociales para la niñez y la adolescencia. Uno de los gestos políticos más reveladores de esta concepción fue la decisión de otorgar 0% de incremento presupuestal a la UDELAR en la última Rendición de Cuentas. Junto a ello se recortaron las inversiones de ANTEL, se favoreció con una batería de medidas a la competencia de las trasnacionales de las telecomunicaciones y se les entregó a los privados parte del estratégico rubro de la transmisión de datos; se recortaron las inversiones en ANCAP y UTE y se impulsó la entrega a privados de sectores estratégicos como el portland. Se intenta abrir el camino para la privatización del agua, con el controvertido Proyecto Neptuno, entre otras iniciativas.
Además, se incrementaron las tarifas públicas, por encima de los salarios y de la inflación. Durante todo el 2022 y buena parte del 2023 los precios se dispararon, en especial los de los productos de primera necesidad. Aumentaron dos puntos el IVA al consumo con tarjeta de débito, es decir el impuesto que impacta a la casi totalidad de las y los uruguayos y ahora anunciaron una rebaja de dos impuestos que impactan, mayoritariamente, a los sectores con mayor ingreso de la sociedad. Para decirlo de una pincelada gruesa, aumentaron el impuesto que más pagan los pobres y bajaron los que pagan los que más tienen. Y pensar que quieren presentar esto como un gran anuncio.
La deliberada, y reiteramos, públicamente proclamada, intención de favorecer a los sectores más ricos y poderosos, escondidos bajo el eufemismo de los “malla oro”, junto con el recorte de la inversión estatal y una política de hostigamiento al movimiento sindical y todo el movimiento social, lo único que podía provocar era un aumento de la desigualdad.
Mientras las exportaciones crecieron y los depósitos bancarios también, los salarios cayeron con respecto a 2019. Hoy promedialmente los trabajadores ganan menos que hace tres años, en términos de poder adquisitivo real. Junto con los salarios cayeron las jubilaciones y pensiones que ajustan por el Índice Medio de Salarios.
Otra forma de mirar esto es que, como bien recuerdan Bruno Giometti y Daniel Olesker en esta edición: La masa salarial cayó 6 puntos en su participación en la riqueza nacional entre 2019 y 2022. Eso implicó solo para el año 2022 una transferencia de aproximadamente 1.000 millones de dólares desde el trabajo hacia el capital.
Aumentaron, según los datos del primer semestre de 2022, los del segundo aún no se conocen, la inseguridad alimentaria, es decir el hambre y la pobreza. Hoy hay 78 mil pobres más que en el 2019 y el crecimiento de la pobreza fue particularmente grave entre los niños de 0 a 6 años, pasó de 16% a 22.5%. En lugar de dar respuesta a esta situación tan grave, el gobierno desmanteló o recortó buena parte de las políticas sociales que se instrumentaban desde el MIDES y se dedicó a perseguir y hostigar a las Ollas Populares que han apoyado con más de 1 millón de raciones de comida mensuales a las y los más pobres.
En estos tres años el gobierno logró aprobar con la Ley de Urgente Consideración un instrumento importante para su programa regresivo de recorte de derechos. Lo busca profundizar con iniciativas como la denominada Transformación Educativa, verdadera reforma regresiva; la modificación de la Ley de Negociación Colectiva o la Reforma Jubilatoria.
Esto se complementó con una política exterior de alineamiento con EEUU absoluto, cabe recordar que antes de la pandemia, el entonces canciller Ernesto Talvi anunció que Uruguay se iba de UNASUR, volvía a adherir al TIAR y apoyaba la reelección del agente yanqui Luis Almagro en la secretaria general de la OEA. Luego de la renuncia de Talvi, Lacalle Pou asumió personalmente la conducción de la política exterior, que, a pesar de los risibles intentos de El País por encomiarla, llegando a hablar incluso de una supuesta “doctrina Lacalle Pou”, al que calificaron como un “líder emergente”, regional y global, en realidad ha ido de fiasco en fiasco, no tiene ningún resultado positivo y tiene a nuestro país cada vez más aislado.
En uno de los temas que era una muletilla de la derecha y que se comprometieron a resolver “en pocos días”, la seguridad pública, la situación es dramática, los homicidios se disparan cada vez más, la violencia crece y el gobierno destituyó a toda la cúpula de la Policía, pero sigue sin dar respuesta.
A todo esto, hay que sumarle la corrupción y la falta de transparencia. El impacto más fuerte es claramente a partir de la constatación de que una Asociación para Delinquir operó en Presidencia de la República y la integraba el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Pero no es el único caso. La entrega de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante, Marset, que estaba preso en un país árabe es otra de las perlas. O la entrega por 60 años de la operativa de contenedores del Puerto de Montevideo, es decir parte sustancial de la soberanía y el comercio exterior del Uruguay, a una trasnacional belga, en un acuerdo oscuro, que está siendo investigado por la justicia.
Por todo eso y mucho más, Lacalle Pou, el Herrerismo y los cinco partidos de derecha que integran la coalición de gobierno llegan en una situación difícil a este tercer año de gestión.
Según la última encuesta de Opción, la valoración negativa sobre la gestión del gobierno es en este febrero 8 puntos más alta que hace un año. El aspecto que más negativamente valora la población es la corrupción y en particular el denominado “caso Astesiano” con un 24%; el segundo aspecto negativo es la “Situación Económica”, particularmente lo referido a “precios, salarios y jubilaciones”, con un 19%; en tercer lugar, aparece la “Seguridad”, con un 8%.
No será fácil revertir esta valoración negativa. Pero nunca hay que olvidar que tienen el poder y ningún escrúpulo en usarlo, con conciencia de clase, que vaya si la poseen.
A esa intención, recuperar la iniciativa y salir del debate sobre la corrupción y la mala situación económica de la mayoría de las y uruguayas y uruguayos, parecen estar dirigidas la presentación marketinera en el Parlamento y la reunión de los partidos de la coalición de derecha en la residencia de Suárez. No la tiene sencilla Lacalle Pou.
La respuesta del bloque político y social de los cambios no puede ser otra que construir más unidad, desplegar la lucha y levantar una perspectiva programática transformadora. Esa construcción tiene este año instancias decisivas, como la Ronda de Consejos de Salarios, la Rendición de Cuentas, el Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio, cada una de diferente amplitud y nivel de incidencia en la sociedad, pero todas importantes.
Lo dicho, más allá de discursos preparados y campañas publicitarias, lo que los datos muestran, es que en estos tres años Uruguay es más desigual y menos libre. Aumentó la riqueza y también la pobreza y cayeron los salarios. Esos son los resultados cuando se gobierna para los ricos.
