Una banda criminal operó en Presidencia

La Fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, imputó al Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Andrés Astesiano, conocido por el apodo de “Fibra”, por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento y asociación para delinquir.
“Fibra” Astesiano, junto a extranjeros y un escribano uruguayo, dirigió una banda delictiva que se dedicó a falsificar los datos de ciudadanos rusos, para hacerles aparecer parentescos con ciudadanos uruguayos y darles cédulas y pasaportes de nuestro país. La banda utilizó despachos oficiales, acceso a las bases de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería, cobraban unos 50 mil pesos por cada trámite.
La maniobra fue alertada hace años por la comunidad rusa en México y el vicecónsul de la embajada rusa en Montevideo colaboró con la justicia y aportó información.
“Fibra” fue detenido en la propia residencia presidencial de Suárez y Reyes, la noticia fue de alto impacto a nivel internacional, el daño provocado a la imagen de nuestro país es enorme.
Ahora hay profusa información, audios, mensajes de WhatsApp, etc. El escándalo adquiere ribetes de espectáculo, pero es necesario trascender la anécdota y analizar a fondo un hecho de enorme gravedad institucional.
Estamos ante una falla de seguridad nacional muy grave. Falló el presidente; fallaron todos los servicios de inteligencia; fueron penetrados los bancos de datos de la Dirección Nacional de Información Civil y de Cancillería; falló la seguridad para otorgar documentos. Una banda criminal utilizó infraestructura de Presidencia de la República para montar un esquema delictivo de alcance internacional. Eso es lo que pasó.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, compareció en una de sus acostumbradas ruedas de prensa y dijo que no tenía “indicios” y que le confiaba a “Fibra” su familia. Dijo que el desempeño como funcionario de “Fibra”, jefe de una banda criminal que expuso la seguridad nacional, fue “intachable”. Parece broma, no lo es.
Contrariamente a lo que dijo Lacalle Pou, “Fibra” tiene un profuso legajo de antecedentes; tiene procesamientos, fue indagado en dependencias policiales de cuatro departamentos: Montevideo, Colonia, Canelones y Maldonado. Lo indagaron más de treinta veces por varios delitos, entre ellos estafa, hurto, apropiación indebida y daños.
Todo esto se sabía desde hace mucho tiempo. Hubo información de prensa y también acciones parlamentarias. El 14 de abril de 2020, el diputado de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Gerardo Núñez, realizó un pedido de informes sobre el personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial. El pedido de informes, dirigido al Ministerio del Interior, fue varias veces reiterado, incluso con el respaldo de toda la bancada del Frente Amplio. Hubo contactos personales tanto con Jorge Larrañaga como con Luis Alberto Heber, nunca fue respondido.
El 28 de agosto de 2020, Caras y Caretas publicó una nota del periodista Víctor Carrato que revelaba las numerosas anotaciones que tenía “Fibra” Astesiano, la documentación de respaldo de las revelaciones es del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). En setiembre de 2021 Radio Sarandí realizó una nota al respecto. El 8 de setiembre de 2021, el Portal de El Popular publicó una nota de Rolando Arbesún, recordando el pedido de informes sin respuesta y las revelaciones hechas hacía más de un año por Caras y Caretas. El 10 de setiembre de 2021, Caras y Caretas publicó una segunda nota de Víctor Carrato y una segunda tapa sobre el tema con el título: “Los chicos malos” y el complemento: “La custodia del number one está pa´l crimen”. La Diaria también informó de la situación.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no puede decir que no había indicios. Había mucho más que indicios. Tampoco se puede hablar de un tema personal de Luis Lacalle Pou, ni se arregla diciendo “no sabía”. Es un caso de enorme gravedad institucional. “Fibra” era el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, tenía un interno en la Torre Ejecutiva, el 150 1025, otro en la residencia de Suárez, el 150 4086 y hasta un mail oficial aastesiano@presidencia.gub.uy.
No estamos hablando de un guardaespaldas que dio un mal paso, como la prensa oficialista intenta presentarlo. Como Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, “Fibra” tenía entre sus atribuciones la de recabar información de cualquier agencia de inteligencia o seguridad, nacional o extranjera, en consideración a potenciales riesgos para el presidente, su familia u otra persona que él determine.
“Fibra” utilizó todas estas potestades para crear y dirigir un esquema delictivo que terminó, además de en un escándalo político, en un grave incidente de seguridad nacional.
La confianza de Lacalle Pou en “Fibra” se puede explicar en que este tiene una larga vinculación con el Partido Nacional y con la familia Lacalle. En 1999 fue custodio de Sergio Abreu, candidato a la vicepresidencia por la fórmula del Partido Nacional, que encabezaba Luis Alberto Lacalle Herrera. Luego siguió vinculado al Partido Nacional y en las elecciones de 2014 y 2019 integró el equipo de seguridad de Luis Lacalle Pou. El 1° de marzo de 2020, por mandato de Lacalle Herrera, fue designado Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Esa relación de larga data seguramente genera camaradería y temas compartidos. Eso no está mal per se, pero no puede implicar impunidad. Y eso pasó, “Fibra” se sintió impune, con “banca”. Esa certeza de impunidad, unida a la falta absoluta de controles, lo llevó incluso a mantener reuniones con sus compinches de la banda criminal en el super cuidado Piso 4 de la Torre Ejecutiva. La impunidad llegó al extremo de usar una computadora de Presidencia para penetrar las bases de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de Cancillería. No se encendió ninguna alarma.
Este caso es de enorme gravedad y no termina con la destitución de “Fibra”, ni con su procesamiento. Hay demasiadas preguntas pendientes y la justificada presunción de que estamos ante la punta del iceberg de algo mucho más grande.
Algunas de las preguntas pendientes, que van más allá de la propia investigación judicial que continúa, son estas: ¿Lacalle Pou no leyó ninguna de las notas con las denuncias? ¿Si el presidente no es muy dado a leer, no tiene nadie que le lea las noticias? ¿En los reportes diarios de Inteligencia ni siquiera le hicieron un relevamiento básico de prensa al presidente? ¿A nadie se le ocurrió consultar al Sistema de Gestión de Seguridad Pública y ver si la información era cierta? ¿Le informaron e igualmente siguió manteniendo su “confianza” en “Fibra”? ¿Cómo ahora parece, preguntó y le informaron mal desde el Ministerio del Interior, por qué? ¿Qué hizo Álvaro Garcé desde su Secretaria de Inteligencia del Estado, a la que la LUC le dio super poderes, no se dio cuenta de que había un esquema criminal en la propia Torre Ejecutiva junto a su propia oficina? ¿Qué hicieron los servicios de Inteligencia Militar y Policial, este último acusado recientemente de espiar periodistas y policías sindicalizados, no tuvieron ningún indicio? ¿No hay ningún mecanismo de contrainteligencia o al menos de control mínimo sobre el accionar de quienes componen el círculo más cerrado de la seguridad presidencial y tienen acceso a información delicada? ¿Hay alguna relación entre el accionar de la banda de “Fibra” y el masivo hackeo a Identificación Civil que afectó datos de 84.000 pasaportes en diciembre de 2020? ¿Quiénes le dieron a Astesiano y su banda la tecnología para imprimir pasaportes falsos? ¿Quiénes son los ciudadanos rusos a los que la banda de “Fibra” les daba pasaportes uruguayos? ¿Quiénes a través de “Fibra” tuvieron acceso a información delicada y clave del Estado uruguayo y para qué? ¿Es esto parte de un esquema criminal mayor o de otra cosa?
Esas preguntas, y otras más, exigen respuestas claras y determinación de responsabilidades, políticas e institucionales. El presidente de la República dijo: “En última instancia el responsable siempre soy yo”. No se sabe si no es consciente de la gravedad de la situación o si insiste en “cancherear” como estilo de marketing político.
El presidente de la República, debería dejarse de “cancherear” y efectivamente hacerse cargo. El gobierno que encabeza le dio un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en otro país. Unos 5 mil kilogramos de cocaína salieron disfrazados en un cargamento de soja del puerto de Montevideo. Se hacen decretos a la medida del lobby empresarial tabacalero y mediático. Se le entregó el Puerto de Montevideo por 60 años a una trasnacional en una negociación secreta que es investigada por la justicia. Tuvieron que cambiar varios jefes de Policía por mal desempeño. Ahora el Jefe de la Seguridad Presidencial monta una banda criminal que opera en la Torre Ejecutiva y hay un número indeterminado de ciudadanos rusos, viajando por el mundo con pasaportes uruguayos, haciendo no se sabe qué. Es demasiado como para querer salir olímpico y “canchereando”. Lacalle Pou se ufanó en campaña electoral de que su gobierno iba a ser transparente, repitió esa muletilla hasta el hartazgo en interminables ruedas de prensa. Pero la realidad muestra a un gobierno opaco, con cero transparencia.
Lacalle Pou apostó por un manejo comunicacional y político altamente concentrado en su persona. Esto le dio resultados de popularidad, pero eso se acabó con la crisis de desigualdad, el referéndum y los reiterados problemas en su gobierno. Este episodio también muestra los riesgos de asumir el Poder Ejecutivo como unipersonal y tomar en cuenta la fidelidad sectorial y personal como único criterio de selección de funcionarios de gobierno. Esa es una dimensión para incorporar al análisis: la creciente debilidad del gobierno y del presidente.
Pero eso no es lo fundamental. Es necesario reafirmar que estamos ante un hecho grave. Esto es mucho más que un desliz de un oscuro patovica corrupto y venal y una respuesta inusualmente desprolija y débil del presidente. Se montó una banda criminal que operó en Presidencia de la República y expuso delicada información del Estado. Estamos ante un agujero negro en la seguridad nacional. Tienen que hacerse cargo.

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