El funcionario cubano se desempeñaba como primer secretario de la embajada de Cuba en Bogotá.
Eugenio Martínez Enríquez, Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba exigió a Colombia explicaciones sobre la expulsión del diplomático y aseguró que la decisión era “infundada”, y que constituye “un acto inamistoso y afecta el normal funcionamiento de la Embajada de Cuba en Colombia”.
“Ratificamos que los diplomáticos cubanos cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Demandamos que se expongan los supuestos motivos para esta insólita decisión”, escribió Martínez Enríquez en su cuenta de la red del pájaro azul.
La respuesta enérgica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no se hizo esperar y este se pronunció en contra de la decisión del Gobierno de Colombia de declarar persona «non grata» al primer secretario de la embajada cubana en Bogotá, Omar Rafael García Lazo.
Las acusaciones del gobierno colombiano contra el funcionario cubano se fundan en lo que denominan supuestas “actividades incompatibles” con su cargo diplomático.
“Esta es una decisión infundada”, expresó el director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, Eugenio Martínez Enríquez, en su cuenta en Twitter, y agregó que la misma “constituye un acto inamistoso y afectará el normal funcionamiento de la Embajada de Cuba en ese país.”
El jerarca cubano, informó, además, que de forma inmediata “se convocó al Embajador de Colombia para trasladar, mediante nota verbal, nuestra enérgica protesta por la disposición colombiana”, consigna el diario Granma.
“Ratificamos que los diplomáticos cubanos cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Demandamos que se expongan los supuestos motivos para esta insólita decisión”, enfatizó Martínez Enríquez.
Por su parte, la Cancillería cubana precisó en mensaje emitido vía Twitter que “la injustificada acción pretende desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes que ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos”.
Desde hace diez días, Colombia vive un clima de protestas generalizadas, caracterizadas por una brutal represión que ya ha sido condenada por varios organismos internacionales, donde se incluyen la Unión Europea y la ONU.
Según un nuevo informe de la plataforma Grita, desde el comienzo del Paro Nacional, el pasado 28 de abril, hasta el 6 de mayo, se han presentado 934 detenciones arbitrarias, 1 728 casos de violencia policial y 234 víctimas de violencia física.
Se reportan, además, reporta un total de 341 intervenciones violentas, 37 homicidios, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuego por parte de agentes de la policía y 11 víctimas de violencia sexual.
Cuba y sus diferentes organizaciones sociales y sindicales, han tenido una enérgica posición de condena a estos hechos.
La expulsión del diplomático cubano coincide, con las declaraciones del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien ha sugerido en charlas con Iván Duque, que “existía un apoyo de Maduro a los manifestantes”, una suposición que, al decir de Moreno, sugiere la presencia de una “supuesta conexión cubana”
Como “soporte” a estas afirmaciones de la “supuesta injerencia cubana”, el diario norteamericano El Nuevo Herald, cita “informes” de la revista Semana, una revista colombiana, financiada por la CIA que, ya en enero de este año, aseguraba de la existencia de “planes cubanos para interferir en las elecciones de 2022 y desestabilizar al país”.
El medio de prensa financiado por la CIA, agregó en su reporte de enero que, “hace varios meses las autoridades empezaron a detectar actividades inusuales y sospechosas de algunos de los diplomáticos cubanos apostados en el territorio nacional”.
Estamos ante un esquema de “denuncias”, que recuerda las versiones similares que circularon cuando los estudiantes chilenos, primero y el pueblo en general, después, tomaron las calles de Santiago de Chile por seis meses.
La derecha latinoamericana, una vez más, pone en marcha los viejos esquemas de la “guerra fría” y con ellos justifican las represiones, los asesinatos y las desapariciones de aquellos que, de forma genuina, se oponen al estado de las cosas en los diferentes países del continente.
