El 5 de enero de 2023, una denuncia presentada por Jorge Montoya, excomandante de las Fuerzas Armadas de Perú y actual congresista del partido ultraconservador de Renovación Popular contra Evo Morales, dio lugar al inicio de una investigación contra el ex mandatario boliviano a quien se lo acusa de un presunto “delito de atentado contra la integridad nacional.
Considerando la etapa en que se encuentra la investigación, explica el centro de análisis político, la fiscalía podrá extender hasta fines de mayo sus diligencias y en esos tiempos podría “citar a Evo Morales por tercera vez”.
La no presentación a ninguna de las citaciones, se aclara, no produce ningún”a gravamiento procesal”.
Cuando esta etapa preliminar concluya, se continúa explicando, “la Fiscalía deberá decidir entre: a) archivar las actuaciones por considerar que no hay sustento o b) continuar solicitando la formalización de la Investigación Preparatoria por considerar que existen indicios reveladores de la existencia de un delito”.
Si se configura la formalización, la Investigación Preparatoria, lpodrá continuar por “otros 60 días hasta que la etapa se concluya”, lo que se estima podía suceder sobre finales del mes de julio.
Luego de esa “primera etapa se iniciaría la Etapa Intermedia” y en ella el fiscal deberá decidir “si formula una acusación o si requiere el sobreseimiento de Evo Morales”.
“Una vez que el fiscal eleve su decisión, el juez de la Investigación Preparatoria citará a audiencia de partes antes de resolver. El magistrado podría continuar el proceso con un juicio penal”, afirma CELAG.
Las opciones sobre un posible juicio contemplan, dos opciones, la primera que se realice “en ausencia” y en ese caso primará la resolución del Tribunal Constitucional peruano que desde 2015 sentenció “que el derecho a no ser condenado en ausencia establecido en el artículo. 139.12 de la Constitución no es absoluto”, por lo que podría admitirse “el juicio o condena en rebeldía o contumacia del procesado”.
En caso que “la Justicia peruana solicitase en alguna instancia la extradición de Evo Morales”, esta debería ser aprobada por el Gobierno de Perú, para posteriormente “trasladar el pedido a la Cancillería boliviana”, quien define si accede o no al mismo.
La opción de emitir una alerta roja por parte de Perú, esta solo es viable si se “avanza con un procesamiento con pedido de prisión preventiva o con orden de aprehensión boliviano a declarar.
En atención a ello, “Interpol debe evaluar previamente si se trata o no de una persecución o acusación política”, por lo que si la resolución del organismo es de que no se trata de “una persecución política”, queda en manos del Estado boliviano decidir si acata o no “la alerta roja de la organización internacional”.
Para CELAG, la actual situación no es otra cosa que un nuevo episodio de lawfare en América Latina, lo que significa reconocer y denunciar que se trata de una clara “persecución judicial en base a criterios políticos”.
Para el Centro de Análisis, l”a verdadera razón de esta persecución judicial tiene que ver con la defensa pública que Evo Morales ha hecho del presidente Pedro Castillo desde el primer momento”.
“Esta persecución política y judicial contra Evo Morales”, liderada por el gobierno de Dina Boluarte, tiene “un triple objetivo”:
- “utilizarlo internamente como cortina de humo buscando un ‘enemigo externo’ a quien atacar mientras sigue la crisis económica, social y política en el país, y sin elecciones presidenciales en el corto plazo.
- Es una “maniobra” cuyo propósito es “inaugurar en la región una nueva forma de llevar a cabo un lawfare desde afuera, en este caso, desde Perú contra Evo Morales, quien ya sufrió un golpe de Estado desde dentro” y finalmente con ello se “procura en el mediano plazo la proscripción del primer presidente indígena de América Latina a través de un proceso judicial externo, injusto y sin sustento legal”.
