En la tardecita del 18 de Julio, en conferencia de prensa, el gobierno del Frente Amplio (FA) anunció que el proyecto Neptuno quedó definitivamente descartado.
La fecha elegida no fue antojadiza, entre las muchas consecuencias positivas de esta decisión está el respeto a la Constitución. En su artículo 47 la Constitución establece: «El agua es un recurso natural esencial para la vida… El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Esto fue refrendado con una contundente votación popular en un plebiscito en el año 2004. El proyecto Neptuno, entre muchos otros aspectos negativos, ponía en manos privadas el suministro de agua potable para la zona Metropolitana, donde vive más de la mitad de la población del Uruguay.
La decisión anunciada por el gobierno del FA es muy importante, por lo que impidió, por lo que implica como concepción de los servicios públicos y por su contenido político e ideológico.
El proyecto Neptuno era una iniciativa muy negativa, inspirada en una concepción neoliberal y privatizadora, no resolvía el problema del suministro de agua para la zona Metropolitana, tenía graves consecuencias ambientales, dejaba a OSE endeudada y con graves problemas para cumplir sus funciones, entregaba el agua a manos privadas, ignoraba los cuestionamientos fundados de una parte importante de la sociedad y violaba la Constitución.
Hay que recordar que el proyecto Neptuno era una iniciativa privada. Fue presentada por un consorcio de empresas, que luego se denominó “Aguas de Montevideo”, en 2020. En 2022 el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou anunció que tomaban la propuesta, en noviembre OSE licitó y lo adjudicó al consorcio “Aguas de Montevideo”. El proyecto Neptuno le habría implicado a OSE un costo de 890 millones de dólares en 20 años.
El rechazo, fundado, al Proyecto Neptuno abarcó un amplio arco político y social. Se opusieron la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), organizaciones ecologistas, de productores y de vecinos de San José, departamento donde se iba a construir en la zona de Arazatí. Lo propio hizo la Universidad de la República, se pronunciaron desde el CURE, hasta investigadores especializados de las facultades de Ingeniería y Ciencias. También se manifestaron en contra el PIT-CNT, la FEUU. Expresó su fundamentada oposición la Intendencia de Montevideo.
El FA desde el principio rechazó el proyecto Neptuno, lo hizo Edgardo Ortuño, en el directorio de OSE; las y los parlamentarios y la fuerza política como tal.
En su Programa de Gobierno y en planteos en la campaña electoral, tanto de parte del candidato presidencial Yamandú Orsi, como de la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, el FA expresó con toda claridad que no acompañaba el proyecto Neptuno y que sus propuestas para solucionar a mediano y largo plazo el abastecimiento de agua potable a la zona Metropolitana eran otras y tenían como centro la represa de Casupá, en Florida; un proyecto que Tabaré Vázquez dejó pronto y con financiación al terminar su mandato, pero que Lacalle Pou descartó.
El gobierno de Lacalle Pou ignoró y hasta ninguneó todas esas críticas y siguió contra viento y marea con la iniciativa privada que hizo suya. La frutilla de la torta fue que, en enero de 2025, pocos días antes de cesar su mandato y en medio del proceso de transición con el nuevo gobierno del FA, Lacalle Pou firmó el contrato para habilitar la construcción del proyecto Neptuno.
El proyecto Neptuno era altamente inconveniente, como decíamos tenía graves riesgos ambientales, un impacto negativo en una zona productiva de mucha relevancia, no resolvía el problema del abastecimiento de agua potable para la zona Metropolitana y violaba la Constitución.
El proyecto Neptuno no era una iniciativa aislada, era parte de un proyecto de país en el que las políticas públicas se construían al margen de la sociedad, entre cuatro paredes, respondiendo solo a la lógica empresarial y de los negocios y con una clara intención privatizadora, ya que mientras se habilitaba esta iniciativa, se debilitaba a OSE, reduciendo su presupuesto y su capacidad de inversión y recortándole personal.
El anuncio del gobierno implica un acuerdo con el consorcio empresarial que ya tenía un contrato firmado y evita un juicio y perjuicios para el Estado.
Se construirá la represa de Casupá, se realizará una obra para reserva de agua en la cuenca del Río Santa Lucía y obras adicionales en la zona de la Costa de Oro de Canelones. Estas obras, según se anunció, garantizarán el suministro de agua potable hasta el 2045, tendrán un costo menor que el proyecto descartado para el Estado y, además, toda la nueva infraestructura estará gestionada por OSE.
Es decir, se resolverá el problema del agua potable para una parte importante de la población de nuestro país y el agua seguirá siendo, como lo garantiza la Constitución, un derecho humano y no un negocio y su suministro será público y estatal.
He ahí parte de las implicancias políticas e ideológicas de las que hablábamos al principio.
Pero hay una más relevante aún. Esta decisión implica un reconocimiento a la lucha de años desplegada por FFOSE, el movimiento sindical, las organizaciones ecologistas, la Universidad, organizaciones de productores y de vecinos de San José y el propio FA.
Es muy importante que el gobierno del FA de una señal de que las políticas públicas deben reflejar el consenso social y se deben construir en diálogo con la sociedad organizada. Y también que los compromisos políticos, que no electorales, asumidos con nuestro pueblo, se cumplen.
En esta decisión, por lo que impidió y por lo que construyó hacia adelante, se logró construir una síntesis de lo que denominamos el bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios.
Esa síntesis demostró su potencialidad para transformar la realidad en el sentido de la perspectiva popular.
No es un camino sencillo, pero es el único que permite acumular fuerzas para disputarle la hegemonía al bloque de poder.
