En las últimas horas cobró notoriedad la denuncia del periodista Gabriel Pereyra quien afirmó que el número tres en el mando de Inteligencia, había dispuesto que se le realizara una vigilancia y seguimiento personal. A esta noticia se le sumaron -en las últimas horas- una serie de manifestaciones del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIFPOM), cuyos integrantes también han expresado vivir este tipo de situaciones con posibles escuchas telefónicas incluidas.
Ambos hechos son de una gravedad extrema y ponen en entredicho las más básicas garantías democráticas que debe brindar nuestro país a los diferentes actores de la sociedad.
De más está decir que los aparatos de Inteligencia del Estado no están (no deberían estar), al servicio de dirigentes ni partidos políticos, ni de las propias corporaciones policiales. Únicamente deben estarlo al servicio de la ciudadanía, como medio para prevenir y reprimir los delitos más graves. Cuando sucede lo contrario, y los servicios o aparatos de inteligencia dejan de cumplir su función natural, (pasando a ser un instrumento para la persecución de adversarios, periodistas o grupos de interés), estamos en problemas serios y en una franca zona de peligro de las garantías democráticas.
Puede que la orden de investigar al periodista Gabriel Pereyra no haya surgido de los mandos políticos del Ministerio del Interior, como se le expresó preliminarmente desde la cartera. Puede ser que la orden haya venido de otro lado, es cierto, pero está claro que la misma existió y eso ya vuelve responsable a la máxima autoridad política de la Secretaría de Estado, quien debe responder por lo que sucede en su repartición.
Cómo mínimo, dentro del margen de responsabilidad de las autoridades, estas deben tomar medidas urgentes con la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos. Algo que parecería se trató de hacer, pero a medias, lamentablemente, y con un efecto meramente simbólico de que “algo se hizo”.
Esto se deduce de la misma información de urgencia diligenciada para verificar los hechos denunciados por el periodista Gabriel Pereyra. Por supuesto, como indica la lógica, la respuesta de la repartición de inteligencia en cuestión resultó negativa y eso no puede sorprender a nadie. ¿Qué esperaban? ¿Que confesaran sumariamente los hechos denunciados?
Lo que, si sorprende y genera cierta preocupación, es la premura de las autoridades políticas dándose por satisfechas con las respuestas brindadas sin disponer ninguna medida adicional que permita deslindar toda sospecha. ¿En qué cabeza cabe que una repartición que vigiló a un periodista vaya a reconocer que lo hizo? ¿No se hará nada más? ¿No podrían investigarse los teléfonos de los funcionarios denunciados para ver si surgen elementos de prueba que permitan identificar quién dio la orden?
Por si no bastara con un caso para definir la gravedad del asunto, a poco de conocerse la denuncia del periodista fueron los sindicatos policiales -particularmente la dirigencia del SIFPOM- los que revelaron situación parecida a la que denunciara Pereyra en referencia a que tenían firmes sospechas de estar intervenidos en sus teléfonos. Algo que, de comprobarse, reviste la misma gravedad por cuanto se está hablando de procedimientos que tienen protocolos muy estrictos por los cuales sólo es posible llevar adelante cualquier interceptación mediante la llave electrónica de un Juez que la autorice. Sospecha que, de confirmarse, sería la comprobación de la existencia de tecnologías en poder de la Policía que no pasaron por los controles legalmente establecidos y suficientemente protocolizados, esos que fueron acordados para brindar las máximas garantías en un tema de alta sensibilidad como este.
Lamentablemente, todo indica que no se sabrá mucho más, con lo cual se abre un abanico de responsabilidades políticas muy delicado porque estas cosas no deben, (no deberían), ocurrir.
De nuestra parte, junto a la bancada de legisladores del Frente Amplio, enviamos un pedido de informes solicitando se nos brinde la mayor información al respecto sobre este asunto.
No es buena cosa dejar un manto de sospecha en un tema que afecta -ni más ni menos- que nuestras garantías constitucionales.
Charles Carrera, Senador de la República / MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
