Por Gonzalo Perera
Parece claro que el marco normativo que regula el recurso del referéndum como expresión de la voluntad popular, está pensado para hacer difícil que prospere la iniciativa que se pretende consagrar en las urnas.
Podríamos destacar algunos elementos de esa normativa que apuntan en esa dirección, pero, por aquello que no hay mejor evidencia que los hechos, cabe recordar que la mayor parte de tal tipo de iniciativas – fueran propuestas desde la vereda que fueran- no han prosperado.
Esta primera observación significa que lograr llevar a referéndum y revocar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que constituyen una suerte de Manifiesto del Neoliberalismo Salvaje, es, de por sí, sin agregar absolutamente nada más, una tarea titánica.
Para ejemplificarlo dentro de los mitos y leyendas uruguayas, todos seguramente pensemos en una suerte de Maracaná político, en recuerdo a la proeza deportiva que marca a fuego nuestra cultura y de la cual se cumple su 71 aniversario el próximo 16 de julio, casualmente.
Pero a esta dificultad de partida, se le han agregado grandes obstáculos adicionales que hacen aún mucho más hazañoso alcanzar el objetivo propuesto. Voy a mencionar los más claros y evidentes, pero que, además, reflejan el punto central que queremos compartir: el creciente temor, de parte de la derecha gobernante, de que la proeza sea posible.
Para empezar, la recolección de firmas, que obviamente requiere contacto interpersonal, ha debido desarrollarse en plena pandemia del COVID-19, y su mayor parte en los momentos de más grave empuje de la ola de contagios. Si la pandemia puede ser considerada una fatalidad azarosa, las decisiones que se toman para gestionarla ciertamente no lo son y reflejan claramente intenciones. Así, un pedido absolutamente obvio, como el de extender el plazo para la recolección de firmas, con base en que es absurdo aplicar tiempos pensados para circunstancias normales en momentos en que el contacto entre personas debe ser minimizado, recibió una respuesta negativa. Más allá de los ríos de tinta que se puedan poner al servicio de diluir en tecnicismos jurídicos la intencionalidad política de dicha decisión, un contraste la deja en clara evidencia. Muy poco tiempo atrás, mediante acuerdo interpartidario, las elecciones departamentales, cuya fecha está muy claramente pautada en términos legales, fueron postergadas. Dicha postergación era claro que podía ser más favorable a la derecha que a la izquierda, pues se extendía el plazo de acción de la maquinaria publicitaria con que cuenta la derecha y los medios hegemónicos, mientras que la gran carta de la izquierda, la militancia en la calle y el mano a mano, quedaba muy restringida por las medidas de precaución sanitaria. Esto era claro, pero por un principio de responsabilidad elemental todos aceptamos esta postergación.
Las actitudes de responsabilidad y grandeza pueden salir caro, pero son necesarias para poder hablar sin cinismos ni rubores de actuar en defensa de nuestro pueblo. Con ese antecedente a la vista, la actitud mezquina y minúscula de la derecha, de no acceder a la extensión del plazo de recolección de firmas, más allá de ser una enorme incoherencia, es una temprana revelación de un temor y muchas preguntas que seguramente surcaron sus mentes: ¿Y qué hacemos si “éstos” llegan a juntar las firmas? ¿Cómo eludimos la vergüenza de tener que defender 135 artículos indefendibles? ¿Cómo hacemos para seguir jugando callados? ¿Cómo hacemos para explicarle al que nos votó sin saberlo, que en nuestra plataforma era urgente instalar el desalojo express, dar tierras a no-colonos, instalar las investigaciones secretas para-judiciales, reducir los derechos laborales y el rol del Estado, verticalizar la Educación, etc.?
Esas preguntas nos consta que se las hacen, incluso, algunos que deben defender este Manifiesto Neoliberal Salvaje por mandatos sectoriales, aunque en su fuero íntimo sientan incomodidad con al menos partes del mismo.
En la base de todo el temor de la derecha está la conciencia de que, a lo mejor, a pesar de los pesares, “éstos”, es decir nosotros, este amplio conjunto de personas de enorme testarudez, que nos hemos propuesto hacer materia de la decisión de todos en las urnas lo que se ha querido pasar por debajo de la mesa y a las patadas, podemos ser capaces de lograr esa especie de nuevo Maracaná.
Para aventar cualquier duda posible, la derecha se ha encargado de reiterar aún más claramente la expresión de su temor a la pujanza popular.
Ya en el tramo final de la campaña de recolección de firmas, la Comisión Pro-Referéndum solicitó en tiempo y forma el acceso a la cadena nacional de radio y televisión. No se lo solicitó a cualquier gobierno, sino a este gobierno, el de los centenares de conferencias de prensa, el de las perillas, el de las “muchas gracias por la pregunta”, el de cadenas y todo tipo de operativos de comunicación (o más bien marketing) al servicio de los intereses que representa.
Si el gobierno estuviera completamente convencido de que las firmas no se alcanzan, sería una estupidez negar la cadena. Porque es una medida antipática y cuestionable, que genera críticas, que, aunque no sean masivas- pues son sistemáticamente mitigadas por los medios hegemónicos- de todos modos abren un frente de exposición.
Podré adjetivar este gobierno de muchas maneras, pero ciertamente no lo considero estúpido, y no por respetuosa corrección al expresarme, sino porque sinceramente creo que de tonto no tiene nada, sino que utiliza todas sus capacidades para instalar una forma de vivir y ser en sociedad al servicio del status quo, del poder establecido.
Pero, el hecho concreto es que el gobierno negó el acceso a la cadena nacional a la Comisión Pro-Referéndum. No puedo sino interpretar esa actitud, en vistas de lo antedicho, como una nueva manifestación de temor por parte del gobierno de que, a lo mejor, “éstos” llegan.
Por si fuera necesario constatar una tercera manifestación de esos temores, ha tomado estado público a nivel nacional que en el Departamento de Rocha la Jefatura de Policía asignó recursos humanos y materiales al seguimiento y registro de actividades de la recolección de firmas para la derogación de 135 artículos de la LUC. El ministro Luis Alberto Heber, muy experimentado como parlamentario y como político, quien indudablemente hace mucho que no se cuece al primer hervor, no negó los hechos, y les dio una explicación absurda: la vigilancia pretendía velar por la seguridad de los militantes y evitar aglomeraciones.
Querido lector, como rochense y parte del colectivo militante, más allá de lo inverosímil de que los seguimientos son para cuidarnos, le aseguro que generar una aglomeración en el departamento de Rocha, de demografía muy dispersa, y encima en medio de un invierno muy severo climáticamente, es tan probable como encontrarse sólo en pleno día en las zonas más transitadas de Tokio.
Como semejante tontería ni el propio ministro la puede creer, y como tampoco le puede pasar desapercibido que con sus dichos está confirmando la existencia del seguimiento, debo interpretar que en definitiva lo que está diciendo es: “Si, los estamos vigilando”, como una suerte de intento in extremis de disuadir o generar temor.
Sólo quien tiene miedo intenta atemorizar. No sé qué pasará, los hechos hablarán por sí solos. Pero estoy seguro que en la derecha hay temor de que, pese a tantas trabas, “éstos” alcancemos las firmas. Su temor, es nuestro mejor presagio.
