Raúl Carrión (*)
El 1 de enero de 2023, en medio a una gran celebración popular en Brasilia, Lula asumió su tercer mandato como presidente de Brasil.
Para llegar hasta ahí, hubo enormes obstáculos que superar.
En 2016, su sucesora en la Presidencia de Brasil, Dilma Roussef, fue blanco de un golpe parlamentario, mediático y judicial que la sacó del gobierno, reemplazándola por su vice Michel Temer, del PMDB.
Después de dos años de desmantelamiento de las políticas públicas construidas por los gobiernos de Lula y Dilma, de aplicación de una política económica ultra neoliberal, de debilitamiento de los movimientos sociales y de una campaña difamatoria en los medios de comunicación, seguida de condenas en 1° y 2° grado contra Lula, el Superior Tribunal Federal (STF) ordenó su arresto, contrariando a la Constitución, impidiéndole presentarse a las elecciones de 2018, lo que permitió que la ultraderecha, liderada por Bolsonaro, ganara las elecciones. Todo apuntaba a un retroceso duradero.
Siguieron cuatro años de desgobierno bolsonarista, con miles de militares ocupando el gobierno, negacionismo y oscurantismo en todos los terrenos – causando cerca de 700.000 muertos por la COVID-19 –, amenazas permanentes de golpe militar, irrespeto al Estado Democrático de Derecho y ataque sistemático a los derechos sociales.
El cuadro recién empezó a cambiar cuando salieron a la luz las denuncias sobre la farsa de la Operación “Lava-Jato” y la condena de Lula, para lo cual fue decisiva la acción de la exdiputada Manuela D’Ávila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Presionado por estas denuncias, el mismo STF que había ordenado la detención de Lula reconoció que la Constitución brasileña no autorizaba la detención de un acusado antes de la conclusión final de su proceso y ordenó la liberación de Lula. Luego anuló todas sus condenas por parcialidad y obstrucción al derecho de defensa por parte de jueces y el Ministerio Público.
Con amplitud, superando obstáculos, lula construyó su victoria
Adoptando la táctica del “Frente Amplio en defensa de la democracia” – propuesta por el PCdoB luego de la victoria de Bolsonaro –, Lula logró unir a 10 partidos en torno a su candidatura, en un frente electoral que iba más allá de la izquierda.
Como la llamada “tercera vía” no prosperó y sectores importantes de las clases dominantes, que se oponían a Bolsonaro, pasaron a ver a Lula como un “mal menor”, se establecieron puentes con partidos de centroderecha y derecha democrática, apuntando a la segunda vuelta electoral. En ese sentido, la indicación de Geraldo Alckmin – miembro del PSDB – como candidato a vicepresidente fue fundamental. Para viabilizar su candidatura a vice, Alckmin se incorporó al PSB.
Pero aún quedaban muchos obstáculos por superar.
Usando abiertamente el aparato de gobierno, Bolsonaro aprobó un “paquete de ayudas” por un monto de decenas de miles de millones de reales en el Congreso. El llamado “presupuesto secreto” liberó otros 36 mil millones de reales, principalmente para sus aliados. El “partido policial-militar”, con raíces en todo el país, comenzó a trabajar día y noche a favor de Bolsonaro, mientras amenazaba con no reconocer el resultado electoral en caso de derrota.
Las iglesias pentecostales – con pocas excepciones – hicieron de cada templo un comité electoral para Bolsonaro y de mentiras contra Lula. Sectores reaccionarios del empresariado financiaron una estructura de “fake news” nunca antes vista, mientras obligaban a sus empleados a votar por Bolsonaro. Bolsonaro también se vio favorecido por una pequeña reactivación de la economía, que tocaba fondo.
Cuando las urnas fueron abiertas, Lula ganó la primera vuelta con el 48,4% de los votos, frente al 43,2% de Bolsonaro, una diferencia de casi 6,2 millones de votos. Pero Bolsonaro mostró fuerza y los partidos que lo apoyaron – PL, PP y Republicanos – eligieron un gran número de congresistas y varios gobernadores.
La segunda vuelta fue una batalla aún más feroz, donde se ampliaron todos los medios utilizados por Bolsonaro en la primera vuelta, así como las amenazas antidemocráticas. Bolsonaro se fortaleció con el apoyo abierto de los gobernadores de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Paraná, entre otros, que pusieron a su servicio sus aparatos estatales.
La derecha policial-militar intentó impedir la victoria de Lula de varias formas. Además de las amenazas permanentes al proceso electoral, el día de la segunda vuelta, la Policía Federal de Carreteras bloqueó los autobuses en los que viajaban los electores para votar – principalmente en el Nordeste, donde las encuestas indicaban una amplia victoria de Lula –, bajo el pretexto de fiscalizarlos. El STF debió determinar el final de estas operaciones, lo que sólo se hizo cerca de la hora de cierre de las votaciones.
A pesar de todas estas maniobras, Lula ganó la segunda vuelta, con 60.345.399 votos, 2,14 millones de votos más que Bolsonaro y una diferencia del 1,8% de los votos válidos.
Intentos de golpe contra Lula
Inmediatamente después de la proclamación de los resultados, Bolsonaro comenzó a intentar un golpe de estado para evitar que Lula asumiera la presidencia.
Se multiplicaron los bloqueos de aeropuertos y carreteras, así como los campamentos frente a los cuarteles – financiados por empresarios bolsonaristas – llamando a un golpe militar. El día de la diplomación (entrega de diplomas que los acreditan como presidente y vicepresidente electos) de Lula y Alckmin, los partidarios de Bolsonaro promovieron actos de vandalismo en Brasilia, quemando autobuses y automóviles y atacando el edificio de la Policía Federal, tratando de crear una situación de caos que justificara la intervención de las Fuerzas Armadas.
Unos días después, se planearon actos de terrorismo en el aeropuerto de Brasilia y en torres de transmisión de energía que fallaron. Estos ataques contra la democracia se basaron en la omisión de las fuerzas policiales y militares y el silencio cómplice de Bolsonaro. En ese contexto, el presidente del PL (partido de Bolsonaro) afirmó – sin presentar ninguna prueba – que las elecciones habían sido fraudulentas, pero tuvo una dura respuesta del TSE, que condenó al PL a pagar una multa de 22 millones de reales, por litigar de mala fe.
La amplitud del “Frente Amplio” que eligió a Lula, el aislamiento internacional de Bolsonaro – que no obtuvo el aval de Estados Unidos para su conspiración –, la división dentro de las clases dominantes y las Fuerzas Armadas, en relación al golpe, lo hizo inviable y el 30 de diciembre, Bolsonaro viajó a EE.UU., sin fecha fijada para su regreso, dejando huérfanos a sus socios golpistas.
Un gobierno de “Frente Amplio” y diversidad
Una vez diplomado, Lula emprendió la difícil tarea de formar su gabinete de gobierno, necesitando contemplar al conjunto de fuerzas que lo eligieron, expresar la diversidad del pueblo brasileño e incorporar nuevos partidos, para garantizar la mayoría en el Congreso Nacional, en el difícil contexto en que la de derecha tradicional se mantuvo poderosa y la ultraderecha se fortaleció.
La composición del gabinete refleja la correlación de fuerzas y las circunstancias del momento actual. En total, diez partidos formarán parte del gabinete ministerial: PT (5 ministerios, 3 secretarías y la Casa Civil), PSB (3 ministerios), MDB (3 ministerios), PSD (3 ministerios), Unión Brasil (3 ministerios), PCdoB (1 ministerio), PSOL (1 ministerio), PDT (1 ministerio), Rede (1 ministerio) y PTB (1 ministerio). De estos diez partidos, 3 – PMDB, PSD y UB – no apoyaron a Lula, ni en la primera ni en la segunda vuelta, pero tienen amplias bancadas en el Congreso y son importantes para garantizar la gobernabilidad. Otros 8 ministerios fueron postulaciones no partidistas, así como la Abogacía General y la Contraloría General de la Unión.
En cuanto a la diversidad, el gabinete avanzó con relación a todos los anteriores, al contar con 11 mujeres, entre ellas tres negras y una indígena. Un cuarto ministerio será ocupado por un hombre negro. Otros dos cargos importantes, la presidencia del Banco do Brasil y la Caixa Económica, serán ocupados por mujeres y la presidencia de FUNAI tendrá a frente, por primera vez, una mujer indígena.
El primer resultado de esa articulación política fue la aprobación de la Enmienda Constitucional que autorizó al gobierno de Lula a exceder el techo de gasto en cerca de 200 mil millones de reales, en 2023, para atender políticas sociales de emergencia.
La fiesta de posesión de Lula y Alckmin
A pesar del intento de los bolsonaristas de amedrentar al nuevo gobierno y a la población con sus actos terroristas, tratando de quitarle brillo al evento, la toma de posesión de Lula en Brasilia fue una gran fiesta popular, en la que desfiló en un auto descubierto – haciendo énfasis en tener a su lado a Geraldo Alckmin y sus esposas – siendo aplaudido por decenas de miles de brasileños que asistieron en la Explanada de los Ministerios. Y fue la ceremonia de toma de posesión de un Presidente con el mayor número de representaciones extranjeras.
Ante la huida de Bolsonaro a Estados Unidos y la negativa de su vice, general Mourão, de pasar la banda presidencial a Lula, este último – tras la toma de posesión oficial en el Congreso Nacional – la recibió de manos de una representación simbólica del pueblo brasileño; formada por hombres y mujeres, negros, indígenas y blancos, niños, jóvenes y ancianos, obreros y trabajadores informales, en un emotivo acto, realizado en la rampa del Palacio del Planalto.
Los compromisos y desafíos del nuevo gobierno Lula
Lula pronunció dos discursos este 1° de enero: el primero, durante su toma de posesión, en el Congreso Nacional, en el que se dirigió al mundo político; el segundo, en el Palacio del Planalto, dirigido a las miles de personas que llenaban la Explanada de los Ministerios.
En ambos, Lula reafirmó sus compromisos de campaña en defensa de la democracia, la soberanía nacional y los derechos del pueblo. Tras denunciar el “legado maldito” dejado por el gobierno genocida de Bolsonaro, llamó a la unidad del país – hoy dividido por el odio y la mentira – dejando claro que gobernará para todos los brasileños.
Dijo que la principal característica de su gobierno será la lucha contra las desigualdades – ya sean económicas, de género, de raza o de oportunidades – y afirmó que el hambre es fruto de la desigualdad. Asumió el compromiso de retomar la política de valorización del salario mínimo y afirmó que – en diálogo con trabajadores y empresarios – buscará construir una nueva legislación laboral.
Destacó que la soberanía es inseparable de la ciudadanía y que es necesario poner a los pobres en el presupuesto, retomando programas como Farmacia Popular, Brasil Sonriente, Más Médicos, Mi Casa-Mi Vida, haciendo realidad el crecimiento con inclusión social
Defendió la reindustrialización del país, el desarrollo científico y tecnológico y la innovación, para viabilizar la transición de Brasil a una economía del conocimiento.
Insistió varias veces en la necesidad de combatir la deforestación y la destrucción ambiental, afirmando que el desarrollo económico no es contradictorio con la preservación de la naturaleza.
Soy consciente de que sólo he podido abordar algunos aspectos de los discursos de Lula, dada su riqueza. Pero espero haberles dado una idea de los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno.
Si bien debe responder rápidamente a las demandas de emergencia del pueblo, Lula deberá reconstruir la economía nacional, revitalizar la democracia y recuperar los derechos sociales liquidados, en el contexto de una sociedad fracturada, con una ultraderecha organizada y con capacidad de movilización y un Congreso donde la izquierda es minoría.
Sin duda, el “Frente Amplio”, mucha flexibilidad y amplia participación popular serán indispensables para poder gobernar y derrotar las embestidas de la ultraderecha neofascista en el próximo período.
(*) Historiador, dirigente del PCdoB de Río Grande do Sul y Presidente de la Fundación Mauricio Grabois de Río Grande do Sul.
