La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) elaboró un documento de carácter diagnóstico sobre el sistema financiero nacional con el objetivo de ser presentado a los distintos candidatos a la presidencia de la República.
Una de las líneas centrales trabajadas en el documento, que ponemos a disposición de los lectores, es la referida al lavado de activos que, a juicio de los bancarios ha visto una disminución de las herramientas para su combate en los últimos años.
De acuerdo al texto y tal y como consigna el portal de AEBU, en Uruguay «el sistema actual presenta varias deficiencias que deben ser abordadas de manera urgente para que el problema no se torne aún más grave”.
Como indicadores de la situación se menciona ”que en todo el año 2022 los ROS (reportes de operaciones sospechosas) incluidos en los casos remitidos a Fiscalía y los casos puestos en conocimiento a la Fiscalía por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) fueron mínimos: apenas 15 y 12 respectivamente”.
Junto a ello, se agrega, “durante todo el 2023 solo se registraron dos condenas por lavado de activos, ambas mediante procesos abreviados”.
Dichas cifras, se subraya en el documento, “reflejan las dificultades que atraviesa el sistema antilavado del país».
Una de las instituciones más relevantes para el combate al lavado de activos, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), “enfrenta obstáculos que impactan negativamente en su efectividad operativa”.
Dichos obstáculos, se explica, “tienen que ver con falta recursos económicos” y de recursos humanos, ya que la entidad “no tiene funcionarios efectivos”, pues “todos están bajo régimen de pase en comisión y coordinación”.
Respecto al presupuesto que se asigna a las actividades de lucha contra el lavado de activos, es un obstáculo que no solo afecta a la Senaclaft, sino a “todas las oficinas públicas que cumplen un papel” relevante en el tema.
Las restricciones presupuestarias, «limitan la capacidad de los organismos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, monitorear adecuadamente a los sujetos obligados y realizar las condenas pertinentes».
En el texto a ser presentado a los candidatos presidenciales se incluyen una serie de propuestas de AEBU, en primer lugar, la de la necesidad de “aumentar los recursos de todos los organismos y dependencias involucrados en el sistema nacional contra el lavado de activos y, con particular énfasis, a la Senaclaft y la UIAF”, así como “desarrollar programas de capacitación continua para los funcionarios encargados de la detección y represión del lavado de activos”.
Para el gremio, resulta relevante, además, el fortalecimiento de “los mecanismos de coordinación interinstitucional y formar equipos estables de trabajo interinstitucionales y la revisión de “los artículos de la Ley de Urgente Consideración que permiten realizar negocios con mayores montos de dinero en efectivo”.
Finalmente se propone, la limitación del “uso de procesos abreviados, permitiendo así investigaciones más exhaustivas que puedan rastrear el origen y el destino del dinero involucrado”, el fortalecimiento del “intercambio de información con otros países y organismos internacionales”, el desarrollo y puesta en marcha “de sistemas avanzados de información y análisis y la creación de “un marco regulatorio específico para la supervisión y control de las criptomonedas, así como empezar a tipificar los delitos informáticos relacionados”.
