El ingeniero agrónomo, investigador, docente universitario, magíster en ciencias agrarias, especializado en cuestión agraria, clases sociales y renta de la tierra, Gabriel Oyhantçabal es uno de los integrantes del equipo que elaboró la propuesta de la sobretasa progresiva del 1% al 1% más rico del Uruguay para combatir la pobreza infantil, publicación que fue presentada públicamente la semana pasada en el Paraninfo de la Universidad de la República. Fue entrevistado por EL POPULAR para hilar más fino sobre dicha propuesta.
Un debate mundial
“Este debate en torno a gravar a los más ricos es un debate mundial. Es una agenda que, entre otros, ha impulsado Lula, presidente de Brasil, el G-20, etc. Académicos de renombre internacional como Thomas Piketty y Gabriel Zucman, dos investigadores muy reconocidos, han diseñado propuestas tributarias para gravar a los multimillonarios a nivel global, con foco en los países con más ingreso por habitante para intentar reducir los niveles de desigualdad, transfiriendo ingresos desde los más ricos a los sectores más pobres de la sociedad”, explicó.
“Hubo un primer antecedente relevante vinculado a este tema en Uruguay, que fue un artículo que elaboraron Mauricio de Rosa y Joan Vilá, que también integran esta comisión, cuando publican un primer avance, donde simulan para varios países de Latinoamérica, entre ellos Uruguay, cuál es la riqueza que concentra el 1% y cuánto recaudaría, hicieron una simulación de cuánto recaudaría un impuesto de un 1% a ese 1% más rico, y ahí les dió que aproximadamente era un 1% el PBI. Por eso, la primera fórmula era 1+1 = 1. Esa primera idea tuvo un primer rodaje y Mauricio fue a algunos medios de prensa. A mi juicio gana nivel de debate masivo cuando el PIT-CNT hace suya esa idea en el acto del 1 de Mayo de este año. Ahí en la oratoria principal se coloca la necesidad de gravar al 1% y destinar esos recursos para políticas focalizadas en hogares con niños, niñas y adolescentes pobres”, explicó el profesional.
“Es claro que los niños pobres no nacen de un repollo, viven en hogares pobres. Entonces lo más correcto es pensar en niños y niñas y adolescentes en hogares pobres, porque esos padres que son madres en realidad, jefas de hogares pobres, son quienes tienen más situaciones de vulnerabilidad. Es así que esta propuesta empieza a tomar forma, la de gravar a los más ricos para focalizar recursos en este sector de la población. Luego de esa iniciativa se desemboca en una mayor discusión pública y en ese marco el PIT-CNT resuelve conformar una comisión que traduzca esta idea general en una propuesta específica, concreta, en torno a un impuesto que permita captar recursos de la población más rica, donde salieron los críticos a decir que «esto no tiene andamiaje». Bueno, estuvimos trabajando un grupo donde varios somos docentes investigadores en la Universidad de la República, así como dos integrantes del Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay (CINVE) y el Instituto Cuesta Duarte”, explicó.
Desigualdad al descubierto
“Trabajamos durante casi tres meses diseñando este documento, no arribamos al consenso a la primera reunión, hubo que poner sobre la mesa ideas, negociar, ponernos de acuerdo en cuál era el mejor diseño tributario para intentar captar ingresos de esta población que representa el 1% de la población más rica del Uruguay. Eso está estimado en unas 25.000 personas en los trabajos de Mauricio de Rosa y Joan Vilá y concentra alrededor del 40% de toda la riqueza del país, o sea, el 1% de los más ricos tiene el 40% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre, en términos de riqueza de la población no tiene riqueza o tiene riqueza negativa, porque tiene más deudas que activos. Gente que no tiene ni siquiera una casa y tiene deudas con bancos, con casas de crédito y del otro lado el 1% más rico concentra el 40% de la riqueza total, marcando una fuerte desigualdad”, explicó el experto.
“Los trabajos de Mauricio de Rosa muestran que si bien Uruguay reduce la desigualdad, sobre todo de 2007 a 2012, al mismo tiempo, el 1% más rico no ve afectada su participación en el reparto de la torta”, añadió.
“Lo que se consensuó es no crear un impuesto nuevo, porque eso tiene otra complejidad del diseño legislativo, sino tomar un impuesto existente, el Impuesto al Patrimonio del año 1964, un impuesto que grava principalmente a las empresas que hoy pagan impuesto a la renta e impuesto al patrimonio. Eso no se plantea tocar. El patrimonio grava a las personas físicas, no la actividad empresarial, sino el patrimonio que cada persona, lo que cada residente en Uruguay puede tener en términos de casas, automóviles, yates, barcos, campos, depósitos en cuentas bancarias, acciones de empresas. Se gravan las personas. Ese impuesto ya existe, el problema es que este impuesto desde la Reforma 2007 se entendió que no era bueno y las tasas fueron bajando y llegaron hoy a un piso del 0,1 % sobre un valor imponible que está con valores catastrales (muy por debajo del valor del mercado). Entonces, la tasa es muy baja y lo que recauda es muy poco. De hecho, hoy recauda en el orden de los 10 millones de dólares por año, un vuelto para las finanzas públicas del país”, explicó.
Franja por franja
“Si bien la propuesta busca generar distintos niveles de la tasa cuyo nivel es progresivo, va subiendo conforme aumenta el patrimonio por franjas. Es una propuesta abierta, hay tres ideas posibles de franjas, esto es un insumo y una propuesta que está abierta a la discusión pública de las organizaciones políticas, sociales. En última instancia, nuestro objetivo es que llegue al Parlamento porque es ahí donde se puede aprobar un nuevo diseño tributario que, resumiendo, crea una sobretasa sobre un impuesto existente que se focaliza en las personas físicas, no en las empresas”, aclaró.
“Las empresas que hoy están en el país o que quieran venir no van a ser afectadas por este impuesto. Va a ser sólo afectado la riqueza personal de aquellos residentes en Uruguay, que tengan propiedades en Uruguay o en el exterior. Y hoy Uruguay cuenta con mucha más información de los activos de residentes en Uruguay que están en el exterior. Eso tiene que ver con acuerdos de intercambio tributario que los gobiernos en el mundo están haciendo para evitar la evasión”, indicó.
“Es decir, vamos a empezar a cobrar a partir de cierto nivel de riqueza, alrededor del millón de dólares. Todos los que tienen hasta un millón de dólares no van a pagar este impuesto. Los que tienen un millón y un dólar van a pagar sólo por el dólar que tienen. Entonces, no pagan por el primer millón, aunque tengan 2 millones, pagan por el segundo millón. Y, además, estos recursos, y esto tiene que ver con las críticas más comunes que recibe esta iniciativa, quedarán blindados para un uso focalizado en políticas orientadas a abatir la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes pobres”, añadió.
“Es un diseño que es necesario desarrollar, el documento no está cerrado. Creemos que tienen que ser fondos administrados por el Estado, pero con un diseño que permita que esos fondos queden comprometidos a este fin. Se justifica por la urgencia que es la pobreza infantil en Uruguay, creemos que es perfectamente viable y de hecho hay antecedentes en nuestro país. Por ejemplo, el Impuesto a Primaria que pagan los inmuebles urbanos y rurales en Uruguay y cuyo destino es la alimentación escolar en escuelas públicas. Uruguay ya tiene trayectoria y tiene aceptación por parte de la ciudadanía. Creemos que la emergencia que implica la pobreza en los hogares amerita generar un impuesto extraordinario que focalice la recaudación en este uso y que tenga poder de fuego. El esfuerzo vale la pena y el potencial recaudatorio es alto, es lo que muestran las investigaciones de Mauricio de Rosa sobre la riqueza en Uruguay: si focalizo la recaudación en un sector de la sociedad que concentra el 40% de la riqueza, el potencial recaudatorio, quizá ande entre medio punto y un punto del PBI, entre 400 y 800 millones de dólares, para decir una cifra estimada”, explicó.
“Es un volumen de recursos relevante, piensen que el Presupuesto que está por terminar de aprobar el Parlamento, destina un gasto incremental para todo el Estado de 160 millones de dólares. Nosotros decimos este impuesto puede recaudar por lo menos 400. Es una magnitud relevante en términos del desafío que supone abatir en niveles significativos la pobreza infantil”, afirmó el profesional.
No hay contradicción
“Las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo, que está terminando de aprobar el Parlamento, vinculadas a intentar recaudar más, el llamado impuesto Temu, la variación de activos en el exterior, la adecuación del impuesto mínimo legal al Uruguay, van a tener una recaudación relevante, entre medio punto y un punto del PBI. Eso nos parece saludable, pero, no es suficiente”, opinó.
“Creemos que hay un potencial recaudatorio relevante focalizando un impuesto a las personas más ricas y en particular en las rentas pasivas. O sea, no en la renta empresarial, sino en la renta por la acumulación de un patrimonio que no está destinado a la producción. Una persona que acumula propiedades, campos y no los produce directamente, que los alquila. Plata en el banco, activos en el exterior que no tienen que ver con negocios, sino con ahorros, que resuelven ahorrar en apartamentos en Panamá, en Miami o en cuentas bancarias. Ahí hay un potencial recaudatorio relevante para un uso relevante como abatir la pobreza infantil”, añadió.
“En los últimos años la economía creció con una pandemia, con una sequía por medio y la pobreza infantil, sin embargo, continúa subiendo. O sea, no es que la economía crece un poco y la pobreza infantil baja. Ahí tenemos un problema: la forma que tiene de crecer Uruguay está dejando gente afuera. Tenemos una economía que funciona para algunos muy bien, para otros más o menos bien y para otros muy mal y eso debe ser abatido. Tiene que ser parte de las discusiones sobre estrategias de desarrollo y cómo el país intenta que entren todos los que habitamos en el país y no sólo una parte”, opinó.
